La negativa del Instituto Nacional Electoral de realizar la consulta por revocación de mandato -a pesar de que la fracción IX del artículo 35 constitucional lo establece como un derecho de la ciudadanía-, volvió a golpear la imagen del órgano autónomo.
Desde la Presidencia del INE, encabezada por el Consejero Electoral Lorenzo Córdova y su mancuerna Ciro Murayama, se emprendió otra ofensiva en contra de la consulta, que terminó por darle la razón al derecho de los ciudadanos, luego de que la Comisión de Receso de la Corte ordenara al órgano electoral no posponerla.
Una semana antes de la contundente orden de la Corte, varios consejeros electorales habían aprobado “posponer temporalmente” la organización de la consulta por “falta de recursos”, tema que dividió al pleno -como no se había visto recientemente-, ya que la prórroga apenas pasó con seis votos a favor y cinco en contra.
Un mes atrás, el mismo presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, había advertido la posición mayoritaria del máximo tribunal con relación a la renuencia del INE para impulsar la consulta, cuando advirtió: “Cuando se tiene voluntad política, la falta de presupuesto no es una excusa para no cumplir obligaciones”.
La escasez de recursos, lo refutaron la Suprema Corte, Presidencia de la República y los partidos mayoritarios en el Congreso federal, es un argumento que se fue desgastando.
La negativa de continuar organizando la consulta de revocación, se volvió a leer como un desacato de Córdova a la Constitución, negando el derecho ciudadano de participar en procesos de revocación de mandato.
La beligerancia y la actitud pendenciera de Lorenzo Córdova en su relación con el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador -sólo porque el Congreso le recortó cinco mil millones de pesos de su presupuesto y el mandatario ha exigido que se bajen los onerosos sueldos de los consejeros electorales-, continúa dañando la imagen de árbitro que debe mantener el INE.
En algunos sectores sociales, la beligerancia del órgano autónomo ya se interpreta como la de un grupo de presión o facción política al interior del mismo, más que como autoridad en material electoral, lo que no abona a la buena imagen que debe defender esa institución.
En la víspera de Navidad, el INE anunció que acataría la orden de la Suprema Corte, por lo que continuará organizando la consulta. La beligerancia de Córdova y Murayama fue derrotada, pero entre los saldos, la imagen del árbitro volvió a ser dañada.
