Norma Julieta del Río Venegas
El 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en reconocimiento a la primera reunión de trabajo de las Naciones Unidas sobre la población indígena que se realizó en 1982, en Ginebra, Suiza. Como la mayor parte de efemérides internacionales, no es un día para celebrar, sino para reconocer las necesidades de estos grupos y la deuda histórica que tienen con ellos los estados modernos, incluido México.
¿Qué es ser indígena? Es una pregunta difícil de responder, pero hay ciertas líneas que nos pueden guiar en nuestra búsqueda. En México, de acuerdo con la ley, la auto adscripción es suficiente para ser reconocido como indígena, es decir, basta identificarse como indígena para ser reconocido así. Esto representa retos importantes en algunas esferas, como en el cumplimiento de acciones afirmativas en materia electoral, pero es el criterio fundamental.
En los hechos, es mucho más aceptado el criterio lingüístico, entre quienes hablan alguna lengua originaria de las que sobreviven en el territorio nacional. De acuerdo con información del INEGI, en México se hablan 68 lenguas nacionales además del español, lo que coloca al país entre las primeras 10 naciones con mayor número de lenguas originarias (en el continente solo es superada por Brasil que tiene más de 160 lenguas).
El Censo de Población 2020 identificó que 7 millones 364 mil 645 personas de tres años en adelante son hablantes de alguna lengua indígena en México, lo que equivale a 6.1% de la población total. De ellos, 6.4 millones de personas (87.2%) también hablan español, pero hay 866 mil que no. Este panorama presenta un obstáculo real para que los gobiernos cumplan con su obligación de garantizar bienes y servicios a toda esta población y requiere, por tanto, soluciones efectivas y originales para avanzar en ello.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), no es ajeno a esta dinámica y, desde su esfera de competencias, ha emprendido distintas acciones para dar pasos firmes en esta línea: garantizar el ejercicio de las libertades informativas y la protección de la privacidad de todas y todos los mexicanos.
Como integrante del INAI, también soy Coordinadora de la Comisión Permanente de Promoción y Vinculación del Derecho, un área encargada de difundir y socializar los dos derechos fundamentales que tutelamos entre la población, incluyendo por supuesto a los integrantes de los pueblos originarios que durante siglos han enfrentado condiciones estructurales de discriminación, desigualdad, racismo y exclusión que imposibilitan el pleno ejercicio de sus derechos.
En este contexto, la información pública puede convertirse en una pieza clave para construir un cambio, porque facilita el ejercicio de otros derechos, no solo de la salud, educación y justicia –a los que siempre nos referimos cuando destacamos la vertiente instrumental del acceso a la información–, sino también a la consulta, la protesta social y la libertad de expresión.
Por esta razón, la legislación de la materia dispone la implementación de procesos diferenciados que se adecuen a las necesidades de los distintos pueblos originarios. Estos procesos deben tomar en cuenta las desventajas socioeconómicas que limitan su acceso a la información, así como el pluralismo jurídico que implica la diversidad de expresiones normativas indígenas en el marco de un país pluricultural como el nuestro. Este es uno de los grandes retos para el Sistema Nacional de Transparencia (SNT): que las comunidades y pueblos originarios se apropien y resignifiquen el derecho de acceso a la información y la protección de su identidad para que les sea realmente útil.
Debemos sensibilizar y capacitar cuadros de servidores públicos para que den respuesta cabal a las solicitudes de información relacionadas con los pueblos originarios. Esto conlleva formar desde lo más básico, que es conocer la naturaleza de la Ley General de Transparencia, los plazos que establece para que las autoridades respondan, y la naturaleza de los recursos de revisión para que impugnen cuando las respuestas de las autoridades no satisfagan su solicitud.
Pero no solo eso, hace falta además que los servidores cuenten con una formación con enfoque multicultural, con perspectiva de derechos humanos y de género, que ayude a identificar aliados sociales y mecanismos de rendición de cuentas y participación que complementen, no que sustituyan, a los que ya existen en los sistemas de usos y costumbres de las comunidades y pueblos indígenas.
En el INAI hemos dado pasos significativos en esta línea: en el Centro de Atención a la Sociedad (CAS), que ofrece asesoría gratuita a la población para ejercer sus derechos, emprendimos la búsqueda de personas que, además del español, hablen una de las 68 lenguas que subsisten en el país, y hoy contamos con Juana Alvarado Paredes, psicóloga educativa por el Centro Universitario Coyótl, y maestra en Ciencias de la Educación por la Universidad ICEL, como una de las nuestras colaboradoras en el centro.
El trabajo de Juana ha sido fundamental para dar respuesta a algunas solicitudes de acceso a la información en lenguas originarias y para la elaboración de materiales informativos en náhuatl, la lengua indígena de mayor presencia en el país.
Contamos además con el Programa de Sensibilización de Derechos (PROSEDE), bajo mi coordinación, que busca socializar los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales entre integrantes de grupos considerados de alta vulnerabilidad, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil. El objetivo es que las personas aprendan a utilizar estos derechos de manera adecuada para que participen de manera activa en su comunidad y también exijan mayor rendición de cuentas a sus autoridades.
Desde el inicio del programa, en 2015, el órgano garante ha respaldado con 5 millones 119 mil 609 pesos a 30 proyectos orientados a beneficiar a poblaciones indígenas, principalmente niñas, adolescentes y mujeres indígenas.
En la última convocatoria apoyamos al Colectivo “México Solidario”, que promoverá el ejercicio estratégico del derecho de acceso a la información para contribuir a la construcción de una democracia paritaria impulsando liderazgos femeninos en indígenas veracruzanas.
En la convocatoria de 2022, el INAI respaldó dos grandes proyectos: Fundación Xilu Xahui, “Apoyo al desarrollo integral sustentable”, donde se utiliza el cine para promover el derecho de acceso a la información como herramienta eficaz en el combate a la violencia de género y el desarrollo económico de las mujeres otomíes.
En tanto, el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción utiliza el acceso a la información pública para contribuir al ejercicio de los derechos lingüísticos de las personas, pueblos y comunidades indígenas.
En el INAI somos conscientes de que el primer paso para lograr la plena inclusión de los pueblos originarios en el ejercicio activo de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales, consiste en el reconocimiento de la diversidad, en el entendido de que sólo a partir de ésta será posible visualizar que ambos derechos pueden convertirse en herramientas para hacer que las cosas cambien.
En el INAI hemos dado pasos significativos en esa línea y esta es una buena ocasión para reafirmarlo.
*Comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales @JulietdelRio
