La recurrente criminalidad y sus múltiples agravantes, en contra de los periodistas que laboran en ciudades y municipios del país, obliga a los sectores de la sociedad, a enfrentar ese problema estructural, originado décadas atrás.
Al menos cinco periodistas han sido asesinados este año, producto de su labor periodística, y como en muchos otros casos, los comunicadores realizaban su labor social en ciudades y municipios pequeños, donde la infraestructura de investigación y de procuración de justicia es frágil por su escasa capacitación, corruptelas o amenazas de la delincuencia.
En esa lamentable lista negra están: Jacinto Romero Flores (19 agosto, Ori Stereo, Ixtaczoquitlán, Veracruz); Ricardo López Domínguez (22 julio, Infoguaymas, Guaymas, Sonora); Saúl Tijerina Rentería (22 junio, La Policíaca, Noticias en la Web, Ciudad Acuña, Coahuila); Gustavo Sánchez Cabrera (17 junio, Noticias Minuto a Minuto, Itsmo de Tehuantepec, Oaxaca) Benjamín Morales Hernández, (3 de mayo, Noticias Xonoidag, San Luis Río Colorado, Sonora).
A esos homicidios agravantes se suma la insólita amenaza en contra de la presentadora de noticias Azucena Uresti de Milenio TV, difundida en un video por redes sociodigitales el 9 de agosto, presuntamente por el sanguinario Cartel Jalisco Nueva Generación, que desató la indignación generalizada por la patética advertencia:
“Te vamos a matar”.
Varias son las razones que explican las recurrentes agresiones en contra de los periodistas y hasta el momento no se ha encontrado la fórmula para detener o aminorar la ola criminal a través de los años. Autoridades y periodistas coinciden en la necesaria revisión de cómo opera y responde, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Es importante combatir la impunidad, pero no es suficiente. Lo mejor sería fortalecer las medidas preventivas para que ocurran lo menos posible las agresiones.
Lo que es cierto es que en las soluciones deben intervenir periodistas, autoridades de todos los niveles, organizaciones de la sociedad civil, los poderes legislativos, dueños de los medios de comunicación y grupos humanitarios.
Tampoco es del todo cierto que las críticas presidenciales a los periódicos y periodistas opositores alienten las agresiones en contra del gremio. Porque el número de homicidios se mantiene en este como en otros sexenios y porque los periodistas asesinado, no han sido aludidos durante las conferencias matutinas de Palacio Nacional. Han sido otros comunicadores, de medios de la capital del país, los señalados por las componendas palaciegas con otros sexenios, y ninguno de ellos ha sido amenazado, agredido o despedido.
La solución tiene distintas vertientes, esperamos que cada uno de los involucrados, asuma el papel que le corresponde.
