En los últimos años, el mundo ha experimentado un cambio de paradigma en la gobernanza digital. Lo que antes se consideraba una responsabilidad exclusiva del núcleo familiar, hoy se ha transformado en una exigencia social y en una cuestión de Estado. Los gobiernos están abandonando la diplomacia con las grandes empresas tecnológicas y están aprobando leyes que prohíben o restringen severamente el acceso de los menores de edad a las redes sociodigitales, argumentando daños en la salud mental, ciberacoso y adicción entre ese segmento de la población.