Gerardo Israel Montes
Durante su conversación telefónica de principios de abril, los presidentes de México y Brasil, Andrés Manuel López Obrador y Luiz Inácio Lula Da Silva, el mandatario brasileño dijo que “el bloque conservador del mundo tiene actitudes irracionales, autoritarias hasta lo irracional”, recordó el mandatario mexicano ante la prensa, el 10 de abril.
Esa definición refleja el actuar irracional de la derecha a nivel internacional, que se constata con hechos como: genocidio que comete el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu en contra del pueblo palestino, apoyado por el Presidente Biden; el autoritarismo del presidente Javier Milei, quien está desmantelando las empresas públicas en Argentina, atacando a la clase trabajadora y criminalizando la protesta social; las alianzas en España entre la supuesta derecha moderada del Partido Popular con el ultraderechista Vox, que cogobiernan en comunidades autonómicas y ayuntamientos.
En esas comunidades, el ideario de extrema derecha se hace presente con la negación de la violencia machista; la prohibición de movilizaciones en contra de la violencia de género; la negativa a brindar ayuda pública a la comunidad LGBTI y el rechazo a las directrices que hacen frente a los estragos del cambio climático; o el golpe dictatorial ejecutado por órdenes del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en la embajada mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glas, quien contaba con asilo político.
En México la irracionalidad de la derecha política y mediática se exhibe a través de campañas de desinformación, con mentiras y calumnias desplegadas durante casi seis años en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Acciones intensificadas durante el actual proceso electoral en donde la derecha política y sus medios afines están mintiendo descaradamente para minar la figura presidencial y a la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum Pardo. Pero la insensatez que guía el actuar de la oposición quedó constatada, cuando varios de sus integrantes celebraron el asalto a la embajada mexicana en Quito, distorsionando y mintieron acerca de la iniciativa de reformas en materia de pensiones promovidas por Morena.
En el primer caso, fue evidente la sintonía mediática para minimizar la irrupción policiaco-militar a la legación mexicana en Quito, a pesar de que ese hecho violó la soberanía nacional.
Los opositores mexicanos simularon condenar al gobierno ecuatoriano por atacar la embajada mexicana y agredir al personal diplomático, a la par de culpabilizar severamente y sin ningún tipo de ambages, a López Obrador “por haberse inmiscuido en asuntos internos del país sudamericano” y por acoger en México a políticos ecuatorianos ligados al expresidente Rafael Correa. Comentaron a conveniencia propia, los acuerdos internacionales, resaltando que si bien establecen la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y de los agentes diplomáticos (Convención de Viena), también marcan que no es lícito conceder asilo a personas que se encuentren inculpadas o procesadas ante las autoridades correspondientes y por delitos comunes (Artículo III de Convención sobre Asilo Diplomático), pero “olvidando” que es potestad del Estado asilante otorgar la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución.
La derecha mexicana se volcó a denostar la imagen de Jorge Glas para justificar su severo ataque a López Obrador, dejando en un segundo plano y minimizando la violación a la soberanía mexicana. Entre quienes actuaron con cicatería irreflexiva en la red social X, desde el mismo 5 de abril, cuando fue allanada la embajada mexicana, estuvieron el cartonista de Reforma Paco Calderón :“Jorge Glas NO es un perseguido político: es un reo sentenciado por las leyes y tribunales de su país, fugado y refugiado en nuestra embajada. México no es quien para juzgar los asuntos internos de otras democracias. Menos cuando abraza dictaduras y delincuentes. ¡Qué vergüenza!”.
Pablo Hiriart, periodista cercano a Carlos Salinas de Gortari, redactó “Por la insensatez de AMLO de asilar a un delincuente convicto, Ecuador viola la soberanía mexicana (…) El que busca líos, los encuentra. En qué manos estamos? Lo sabemos”. El siempre soso Sergio Sarmiento aludió al artículo III de la Convención sobre Asilo Diplomático, referente a la ilicitud de conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo “se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes por delitos comunes”; además, en su misma cuenta de X levantó una encuesta, evidentemente manipulable, preguntando: “Quién provocó la crisis entre Ecuador y México? que dio como resultado que el responsable fue AMLO, con un 83 por ciento, Ecuador con 14% (el periodista de la derecha se inclinó por no poner el nombre de Daniel Noboa).
Otro periodista insulso de la derecha mexicana, Pascal Beltrán del Río, director editorial de Excélsior, expresó como prioridad el hecho de que México no debió hospedar y otorgar asilo “a un político extranjero que cometió varios delitos en su país” y, al igual que Sarmiento, adujo al mismo artículo III de la Convención sobre Asilo Diplomático.
Una periodista, Dolia Estévez, quien apoyó la agresión policiaca y militar del presidente ecuatoriano escribió; “El que con fuego juega con fuego se mete”, en alusión al discurso crítico asumido por AMLO en contra de Noboa, y por haber dado asilo a políticos ligados a Rafael Correa.
Estévez, de origen mexicano, se ha vuelto pro estadounidense, al considerar como una gran falta que México asile a políticos que son acosados en sus países, como Ecuador.
Así lo reflejó en dos de sus mensajes publicados el 7 de abril en su cuenta de X, en donde retomó un comentario publicado por Ecuavisa Noticias, donde se dijo que no es nuevo que México sea un “centro de operaciones” del correísmo, dando nombres y fechas de una docena de políticos que han sido asilados en la embajada mexicana o refugiados en México desde 2019: “Política exterior al servicio de AMLO no de Estado”, apuntó Estévez, quien en otro mensaje fustigó a Correa y demostró su nula afinidad por la pluralidad política y la libertad de expresión: “Rafael Correa, entrevistado estrella de RT, canal de Putin. Mas de 60 episodios de “Conversando con Correa” en RT. Propagandista del Kremlin de alto nivel. Usa el espacio para atacar a Estados Unidos, Europa y adoctrinar. Ecuador sacó del aire a RT en 2019”.
La parcialidad y el ánimo para distorsionar la realidad de comunicadores de derecha aquí señalados, los llevó a omitir deliberadamente otros elementos, como la larga tradición mexicana de brindar protección a perseguidos políticos de otros países, así como los referentes a marcos normativos que justifican la decisión asumida por el gobierno mexicano para dar asilo a políticos ecuatorianos. Entre ellos la propia Convención Sobre Asilo Diplomático, del cual los comunicadores de derecha sólo se centraron en su artículo III, sin mencionar el IV, donde se establece que: Corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución”. A este acuerdo internacional, se suman otras figuras jurídicas que fueron expuestas por el especialista en derecho a la información y transparencia, Ernesto Villanueva, en su artículo: “Ruptura México-Ecuador”, apuntes necesarios (Proceso. 08/04/24), endonde refirió varios instrumentos jurídicos, como: la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el asilo político externado en su opinión consultiva OC-25/18 de 30 del mayo del 2018, “que amplía el núcleo protector del derecho de asilo retomando e interpretando a la luz del principio pro persona (aplicar la norma que mejor beneficie al solicitante)”; además de la Convención sobre Asilo Territorial, la cual señala que: “Todo Estado tiene derecho, de su soberanía, a admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue conveniente, sin que por el ejercicio de este derecho ningún otro Estado pueda hacer reclamo alguno”.
Villanueva también recuerda que México ha elevado “al máximo rango constitucional el derecho al asilo”, en el artículo 11 de la Constitución, cuya Ley reglamentaria denominada Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político integra las dos Convenciones sobre Asilo, la diplomática y la territorial al definir en el artículo 2: “ Para los efectos de esta Ley se entenderá por: I. Asilo Político: Protección que el Estado Mexicano otorga a un extranjero considerado perseguido por motivos o delitos de carácter político o por aquellos delitos del fuero común que tengan conexión con motivos políticos, cuya vida, libertad o seguridad se encuentre en peligro”.
En el caso del ex vicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, días después de su arresto se constató que el gobierno mexicano había tenido razón al brindarle asilo político y que había evaluado de forma correcta el peligro que corría su integridad física y su vida, cuando se conoció la golpiza que había recibido Glas al momento de ser aprehendido en la legación mexicana, y los humillantes tratos que estaba recibiendo al ser encarcelado en la prisión de máxima seguridad de La Roca, ubicada en la ciudad de Guayaquil.
La sinrazón de la oposición mediática, mezclado con su gusto por la manipulación y el odio a López Obrador, los llevó a equiparar de forma desproporcionada dos hechos distintos, uno, las críticas que hizo AMLO en torno a la situación política que se vive en Ecuador y el segundo, la agresión policiaca y militar a la embajada mexicana. Un acto de por sí bélico que bien pudo interpretarse como una declaración de guerra ante la violación de la soberanía mexicana. Pero la cerrazón intelectual de la oposición mediática los ha llevado a hacer comparaciones absurdas y a exhibir su incongruencia, porque tanto han acusado a López Obrador de ser un dictador (sin sustento alguno), pero no endilgaron tal definición al presidente ecuatoriano Daniel Noboa por la decisión autoritaria que tomó para infringir el marco internacional y tomar por asalto la embajada mexicana.
Cuando en las redes sociales y en algunos medios de comunicación, se expuso que ni el dictador chileno Augusto Pinochet, ni la Junta Militar argentina (órgano supremo de la dictadura cívicomilitar que gobernó Argentina de 1976 a 1983) se habían atrevido a violentar una embajada, hubo respuestas aberrantes, como la de Dolia Estévez en X: “Pinochet invadió el Palacio de la Moneda, asesinó a un presidente democráticamente electo, pisoteó la Constitución e impuso una sangrienta dictadura militar que dejó un saldo de civiles muertos. Tonta comparación. Digna de ignorantes”.
La referencia a los dictadores latinoamericanos no se trató de una comparación, sino a un señalamiento de que a pesar de su brutalidad y los asesinatos cometidos por la dictadura, no se cometieron contra una embajada, como sí lo hizo torpemente con su acción fascista Daniel Noboa a quien comunicadores como Estévez, Sarmiento, Hiriat y Beltrán del Río defienden con disimulo.
Confiscación de pensiones: mentira colectiva
En cuanto a la reforma para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, con el cual se pretende completar hasta el 100 por ciento del último salario la tasa de remplazo que ahora es del 30 por ciento de los trabajadores que cotizan desde 1997, la diatriba mediática y en redes sociales se conformó por la mentira de que el gobierno federal confiscará o robará los recursos que los trabajadores tienen en sus cuentas de ahorro para el retiro ahora en manos de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), cuando la realidad es que dicho fondo denominado semilla, se constituirá de los recursos que salgan de 10 millones de cuentas inactivas o no reclamadas propiedad de trabajadores de más de 70 años; organismos en extinción o de ganancias de empresas públicas.
Entre los propagadores de la mentira del supuesto robo a los trabajadores estuvieron Atypical TE VE, que encabeza el colérico Carlos Alazraky, en donde durante abril se dedicaron varios programas, protagonizados por comunicadores y políticos expertos en la distorsión informativa, como Jesús Martín Mendoza, Mario Di Costanzo, Pablo Hiriart y Guadalupe Acosta Naranjo, quienes se enfocaron en difundir la mentira de que se confiscarán los ahorros de los trabajadores y que dichos recursos se utilizarán para financiar la campaña de Claudia Sheinbaum.
Al coro concertado de la falacia expropiatoria se sumaron los mitómanos de la red social X, Joaquín López Dóriga, quien el 11 de abril exclamó: “Lo que le faltaba de expropiar al gobierno las pensiones que 45 millones de trabajadores tienen en las AFORES”; y José Antonio Crespo (120424): “Adiós fondos de pensiones. Es que sus hijos todavía no están satisfechos, y se necesita regalar dinero a los migrantes latinoamericanos y a los dictadores amigos”. Mientras que el 11 de abril, en el programa de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, la informadora del sector financiero, Maricarmen Cortés, externó por igual el embuste de que el gobierno se quiere robar los ahorros de los trabajadores de más de 70 años.
En su conferencia del 17 de abril, López Obrador definió la manipulación informativa como una “mentira colectiva”, debido a que “como son muy acaudalados y tiene mucho
poder económico los que manejan las Afore, tiene muy buena relación con los medios, entonces se apoyan en éstos para echar andar esta campaña de mentiras, porque deberán entregar lo que ellos administran sin que haya un propósito que beneficie a los trabajadores”.
Respecto a los que recursos administrados por las Afore, en la conferencia presidencial del 19 de abril, el director de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Julio César Cervantes, expuso que prevalece la reticencia de las Afore para cumplir la ley y transferir los recursos de cuantas no reclamadas al IMSS ya que de las 259 945 cuentas inactivas que hay en las 10 Afore que operan en el país, estas compañías sólo han entregado 946 millones de pesos, del total global que alcanza 41 mil 500 millones En esa misma conferencia matutina, el director del IMSS, Zoé Robledo, salió al paso de una de las grandes mentiras propaladas por la oposición mediática: el supuesto “robo de las pensiones” por parte del gobierno, al recordar que la ley fija claramente que no se tocarán las cuentas activas de los trabajadores y que el derecho que tienen los empleados a reclamar sus recursos es imprescriptible, ya que con la reforma de 2020 que reguló el cobro de las comisiones cobradas por las Afore, se “estableció que una persona que no reclamara, por cualquier razón, después de 10 años su cuenta, ya no tiene que ir al Poder Judicial para reclamarla: las Afore tenían que regresar ese dinero al IMSS y éste al trabajador”.
A pesar de estas explicaciones, los medios opositores instalados en su postura de no aceptar razones, continuaron sosteniendo, ya sin ningún rubor, la mentira del robo de las pensiones. Y, además, a su constante campaña de manipulación informativa, añadieron una apuesta riesgosa: inmiscuir al Poder Judicial en el actual proceso electoral, si bien ya no para derrocar al actual gobierno, sí para dañar al equipo de la candidatada presidencial morenista tratando de impedir su arribo al poder, y favorecer así a la coalición “Fuerza y Corazón por México” y a su candidata Xóchitl Gálvez.
Porque esa es la intención real de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, al dar entrada a una denuncia anónima en contra de posibles actos de corrupción llevados a cabo por el ex presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, quien actualmente forma parte del equipo de la candidata Claudia Sheinbaum. De ese tamaño es la postura irreflexiva de la derecha mexicana.
