José Reveles
Los móviles y los autores del asesinato de Manuel Buendía Téllez Girón siguen sin ser plenamente identificados 40 años después del homicidio, que ocurrió el 30 de mayo de 1984. Con apenas unas horas de diferencia se registraba también entonces el secuestro y asesinato del periodista veracruzano Javier Juárez Vázquez, en Coatzacoalcos.
Los dos asesinatos están conectados, sin duda, pues ambos informadores habían sostenido en días previos conversaciones e intercambiado datos sensibles sobre la presencia en suelo mexicano de organizaciones armadas extranjeras que entrenaban en un rancho de Veracruz, perteneciente a Rafael Caro Quintero. Eran presuntos “contras” (como se llamaba entonces a los enemigos de los sandinistas), que se empeñaban en derrocar al gobierno de Nicaragua.
Director y reportero del semanario Primera Plana, Javier Juárez Vázquez acababa de publicar un artículo sobre nicaragüenses armados entrenando también en la sierra negra de Puebla, con el auspicio y conocimiento de la Dirección Federal de Seguridad mexicana (DFS) y la Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA).
Eran los primeros asomos en México de lo que sería conocido como “Operación Irán-Contras”, mediante la cual Estados Unidos financiaría abiertamente en los años siguientes a quienes intentaban derrocar a los sandinistas, sostenidos con dinero de la venta de armas a Irán y de la triangulación de drogas desde Colombia y México, tomando como base la península de Yucatán para distribuir en el mercado internacional cocaína colombiana.
El presidente Ronald Reagan avalaba estas operaciones irregulares e injerencistas que operaba el teniente coronel Oliver North, asistente militar del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y por lo cual nunca fue condenado en tribunales, sino condecorado y ascendido.
Hay que recordar que las siembras ilegales de drogas incluirían más tarde el rancho Búfalo, en donde se incautaron unas 11 mil toneladas de mariguana ya en bodegas, y que ese rancho en Chihuahua pertenecía también a Rafael Caro Quintero. Quien había descubierto esa agroindustria en Búfalo, a finales de 1984, era el agente de la DEA (agencia antidrogas estadunidense) Enrique Camarena Salazar, secuestrado, torturado y asesinado en 1985 junto con el piloto mexicano Alfredo Avelar.
Del doble crimen se culpó a los traficantes del Cártel de Guadalajara Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca y el propio Caro Quintero (los tres fueron a la cárcel), aunque con el tiempo se ha ido revelando la participación activa de la agencia de espionaje la CIA, la cual no quería que “Kiki” Camarena llegara hasta el fondo de sus pesquisas, que inevitablemente llevarían hasta el intrincado operativo Irán-Contras y a responsabilizar al gobierno de Washington detrás de esas enormes superficies que los gobiernos de México y EU autorizaron para siembra, cosecha y almacenamiento de la yerba que unos 13 mil labriegos se encargaban de acumular, obligados como esclavos a trabajar sin paga, bajo las órdenes de narcos “autorizados” desde el poder.
La principal hipótesis de Ángel Buendía, hermano del prestigiado columnista autor de “Red Privada”, es que Manuel fue liquidado porque había logrado información relevante sobre el involucramiento de autoridades y narcotraficantes mexicanos en la operación ilegal del gobierno de Estados Unidos para entregar armas a la “contra” nicaragüense. Para él, José Antonio Zorrilla fue un ejecutor intelectual del asesinato del respetado periodista, pero había funcionarios del más alto nivel en México y capos de las mafias implicados también en el asesinato. ¿Por qué en los Estados Unidos, a más de 15 años, el caso Manuel Buendía sigue siendo un secreto de Estado y caso de seguridad nacional?, se preguntaba hace 25 años.
Nadie ha dado una respuesta, pero en su libro póstumo el también columnista, discípulo y amigo de Buendía Miguel Ángel Granados Chapa, desarrolla la hipótesis de que la narcopolítica debería ser la principal pista a seguir sobre el crimen del periodista que fue ultimado cuando recién había cumplido 58 años.
Además de Zorrilla Pérez estuvo en prisión el ex agente de la Dirección Federal de Seguridad, Rafael Moro Ávila, acusado de ser el autor material del asesinato, y fueron acusados como cómplices también Juventino Prado Hurtado, Raúl Pérez Carmona y Sofía Nava Suárez, de la propia DFS.
A 40 años del crimen de Manuel Buendía persiste una sensación de impunidad. Que ni están todos los que son ni son todos los que están en las investigaciones; que la impunidad fue la gran vencedora en un caso que marcó para siempre al periodismo mexicano y generó la convicción de que si alguien tan relevante como Buendía pudo ser liquidado a balazos en la vía pública, saliendo de su despacho en la avenida Insurgentes, cualquier informador puede ser víctima de la violencia extrema en México, como de hecho ha ocurrido desde entonces con otros casi 200 crímenes de periodistas desde 1984 a la fecha, más del 95 por ciento de los cuales siguen sin ser resueltos.
Escritor y periodista
