Agustín Pineda*
El nuevo Decreto presidencial sobre entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes obliga a las plataformas a prevenir la violencia digital. Es una medida necesaria, pero deja en el aire una pregunta de fondo: ¿Cómo proteger a niñas, niños y adolescentes sin restringir los derechos que pretendemos garantizarles?
El pasado 14 de octubre, el gobierno de México publicó el Decreto de entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes. Entre otras medidas, obliga a las plataformas a verificar la edad de sus usuarios, retirar contenidos perjudiciales, habilitar mecanismos de supervisión parental y colaborar con las autoridades para prevenir distintas formas de violencia.
La decisión pone sobre la mesa un debate que México había aplazado: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de las empresas tecnológicas frente a los riesgos que enfrentan las infancias en Internet?
Pero también abre otra pregunta, más incómoda para quienes defendemos una regulación más exigente: ¿quién protege los derechos de niñas, niños y adolescentes cuando las medidas de seguridad se exceden?
Creo indispensable que el Estado intervenga para prevenir la violencia digital y exigir cuentas a las plataformas. Pero esa intervención solo será legítima y eficaz si reconoce que niñas, niños y adolescentes no solo tienen derecho a ser protegidos, sino también a informarse, expresarse, participar, comunicarse y desarrollar poco a poco su autonomía.
No se trata de protegerlos de Internet, sino de proteger sus derechos dentro de Internet. Parece un matiz menor, pero puede marcar el rumbo de la regulación digital en México.
El negocio detrás de los contenidos
Durante años les hemos pedido a las familias que vigilen lo que sus hijos consumen en Internet, mientras las empresas tecnológicas afinan sistemas capaces de detectar sus intereses, anticipar sus gustos y mantenerlos conectados cada vez más tiempo.
La responsabilidad de madres, padres y tutores es indiscutible. Pero no podemos seguir cargándoles todo el peso de riesgos que provienen de plataformas cuyo funcionamiento desconocen y sobre cuyas decisiones tecnológicas casi no tienen control.
Las cifras de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025, del INEGI, dan la dimensión del reto. En México, el 85.4% de la población de seis a catorce años usa Internet; entre las personas de quince a veinticuatro años, la proporción llega al 97.6%.
Internet dejó de ser una actividad adicional en la vida de las nuevas generaciones. Es uno de sus principales espacios para convivir, aprender, entretenerse y construir relaciones personales. Y también es un lugar donde se reproducen formas graves de violencia.
En junio de este año, UNICEF, ECPAT International e INTERPOL presentaron los resultados de Disrupting Harm México, una investigación realizada entre 2023 y 2024. El estudio estimó que uno de cada ocho adolescentes usuarios de Internet sufrió explotación o abuso sexual facilitado por tecnologías digitales durante un periodo de doce meses, es decir, aproximadamente 1.6 millones de adolescentes.
Hay otros datos que deberían preocuparnos tanto como esa cifra. El 64% de las víctimas conocía a la persona agresora, el 32% no se lo contó a nadie y menos del 1% de los incidentes fue denunciado ante la policía.
Detrás de esos números hay un problema que difícilmente se resuelve borrando publicaciones. La violencia digital se alimenta también del silencio de las víctimas, de la falta de acompañamiento y de las fallas institucionales para prevenir, investigar y atender las agresiones.
Este último punto merece atención especial. El problema no siempre empieza con quien publica un contenido peligroso; a veces está en el algoritmo que decide recomendarlo una y otra vez.
Llama la atención, sin embargo, que el Decreto sea más explícito sobre los contenidos que deben retirarse que sobre las prácticas comerciales y tecnológicas que pueden agravar los riesgos. ¿Qué ocurre con el perfilamiento comercial de menores? ¿Con la publicidad personalizada? ¿Con las funciones diseñadas para prolongar el tiempo de conexión? ¿Con los sistemas de recomendación que privilegian contenidos capaces de provocar reacciones intensas?
La evaluación de riesgos prevista permite empezar a revisar estos temas, pero no fija salvaguardas específicas para todos ellos.
No basta con limpiar las plataformas si permanecen intactos los incentivos que favorecen la circulación de esos contenidos. Una política pública seria debe mirar también cómo se generan los beneficios económicos a partir de la atención de los usuarios.
El riesgo de proteger demasiado
El artículo 3 del Decreto prohíbe que las plataformas permitan a niñas, niños y adolescentes el acceso, la exposición o la recomendación de contenidos que generen o promuevan ciertas conductas, entre ellas violencia sexual, discursos de odio, suicidio, autolesiones y trastornos alimenticios.
La finalidad protectora es legítima. Nadie debería cuestionar la obligación de prevenir contenidos que inciten a la explotación sexual, a la violencia o a conductas que pongan en peligro la integridad de las personas.
Pero aplicar estas prohibiciones exige cuidado. No es lo mismo promover una conducta dañina que informar sobre ella, denunciarla o explicar cómo prevenirla. Pensemos en una adolescente que busca información médica sobre trastornos alimenticios, en un estudiante que investiga el extremismo violento o en un joven que necesita orientación para reconocer una situación de abuso sexual.
El Decreto no prohíbe expresamente esas consultas. Sin embargo, la amplitud de algunas categorías y la obligación de retirar contenidos de inmediato pueden empujar a las plataformas a moderar con exceso de “diligencia”, sobre todo cuando intervienen sistemas automatizados.
Una plataforma puede confundir una denuncia con la promoción de una conducta, o un material preventivo con contenido perjudicial. El riesgo no es imaginario desde el punto de vista tecnológico, aunque su materialización dependerá de cómo se implementen las medidas.
Aquí conviene recordar la Observación General número 25 del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, de 2021, que establece que los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño deben respetarse y garantizarse también en el entorno digital. La protección frente a contenidos perjudiciales tiene que convivir con la libertad de expresión, el acceso a la información, la privacidad y la participación. Ninguno de estos derechos desaparece por ser menor de edad.
Además, el Decreto plantea una cuestión que considero fundamental: ¿por qué una niña de seis años habría de recibir el mismo trato que un adolescente de diecisiete? Es cierto que contempla criterios de clasificación de contenidos por edad. Pero las restricciones de acceso, los mecanismos de supervisión y las medidas de protección deberían atender con más precisión las distintas etapas del desarrollo.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce la autonomía progresiva. No es una concesión de los adultos, sino un principio jurídico que obliga a reconocer las capacidades que las personas adquieren conforme crecen. Una protección que las ignora puede convertirse en paternalismo digital, y el paternalismo, incluso con buenas intenciones, puede terminar limitando los derechos que pretende defender.
Verificar la edad, ¿a qué costo?
Uno de los puntos más delicados del Decreto, a mi juicio, es la obligación de implementar mecanismos confiables y seguros para identificar la edad de los usuarios, sin conformarse con que ellos la declaren. La medida busca que las restricciones de acceso a contenidos que no se eludan con facilidad, y su propósito es razonable. Pero el instrumento no define qué procedimientos deberán utilizarse ni establece salvaguardas específicas para los datos personales que se recaben con ese fin.
¿Habrá que entregar una identificación oficial? ¿Proporcionar datos biométricos? ¿Vincular las cuentas de los adolescentes con las de sus padres? ¿Qué información conservarán las empresas y durante cuánto tiempo? Son preguntas que deben responderse antes de generalizar mecanismos capaces de aumentar la recopilación de datos personales. Sería contradictorio que, para garantizar la privacidad de niñas, niños y adolescentes, termináramos obligándolos a entregar información que antes no necesitaban dar.
Algo semejante ocurre con la supervisión parental. Acompañar a los hijos en su experiencia digital es una responsabilidad familiar, pero acompañar no equivale a vigilar de forma permanente sus conversaciones, búsquedas o inquietudes personales. Los adolescentes también tienen derecho a la intimidad. En ciertas circunstancias necesitan consultar información sensible, pedir ayuda o expresar preocupaciones sin temor a una supervisión indiscriminada.
La seguridad debe construirse en proporción a la edad, la madurez y las circunstancias de cada persona, y no con mecanismos que conviertan toda actividad digital en una conducta vigilable.
Hay otras garantías que también requieren fortalecerse. Por ejemplo, el Decreto ordena retirar de inmediato determinadas cuentas o contenidos y conservar evidencia digital durante al menos no venta días hábiles. Estas obligaciones pueden ser indispensables para enfrentar conductas graves y facilitar investigaciones.
Sin embargo, deben aplicarse mediante procedimientos que respeten la legalidad, la privacidad y el debido proceso. Hace falta precisar los supuestos de conservación y entrega de información, las autoridades facultadas para solicitarla y las condiciones de acceso a los datos.
También deberían existir mecanismos para impugnar las decisiones de moderación. Si una plataforma elimina una publicación indebidamente, sus usuarios deben contar con medios accesibles para conocer los motivos y pedir una revisión. Imaginemos que una adolescente publica su testimonio sobre violencia sexual y que un sistema automatizado lo borra por detectar expresiones asociadas con contenidos prohibidos. La plataforma habría terminado silenciando a una víctima en nombre de su protección.
¿Alcanza un decreto?
Hay otro asunto que no debería quedar fuera de la discusión, la solidez constitucional de las obligaciones impuestas a las plataformas. El Decreto se fundamenta, entre otras disposiciones, en el artículo 89, fracción I, de la Constitución y en los artículos 101 Bis 2 y 101 Bis 3 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Este último precepto obliga al Estado a garantizar el acceso y uso seguro de Internet mediante políticas de prevención, protección, atención y sanción de la violencia digital, sin afectar los demás derechos reconocidos por la propia ley. Conviene preguntarse, entonces, si esa disposición ofrece habilitación suficiente para imponer, mediante un decreto presidencial, obligaciones tan específicas como verificar la edad más allá de la autodeclaración, el retiro inmediato de contenidos o la conservación de evidencia digital.
La Suprema Corte ha sostenido que la facultad reglamentaria está sujeta a los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica. Las disposiciones administrativas pueden desarrollar la ley, pero no exceder sus mandatos ni establecer limitaciones incompatibles con ella.
No sostengo que el Decreto sea inconstitucional. Sostengo que su desarrollo debe examinarse con cuidado para que una política necesaria no quede expuesta a controversias por una fundamentación insuficiente. La urgencia de proteger a las infancias no exime al Estado de respetar la Constitución; al contrario, le exige hacerlo con mayor rigor.
El Decreto también contempla acciones de salud mental, apoyo psicológico y formación socioemocional en las escuelas. El artículo 7 habla de promover un uso seguro y crítico de las plataformas, pero no precisa que ese aprendizaje incluya cómo funcionan los algoritmos o qué se hace con los datos personales.
Niñas, niños y adolescentes necesitan entender cómo funcionan las plataformas, por qué reciben ciertas recomendaciones, cómo se utilizan sus datos personales y qué pueden hacer cuando consideran vulnerados sus derechos. No podemos aspirar a formar generaciones capaces de desenvolverse con responsabilidad en el entorno digital si solo les enseñamos qué contenidos evitar.
El objetivo debe ser desarrollar capacidades para identificar riesgos, ejercer derechos, denunciar abusos y usar la tecnología con sentido crítico.
Tres prioridades para avanzar
Con ánimo propositivo, y para avanzar hacia una regulación integral, planteo tres prioridades.
• La primera es proteger sin excluir. Las restricciones deben ser proporcionales, diferenciadas por edad y compatibles con el acceso a contenidos educativos, científicos, periodísticos y preventivos. La verificación de edad y la supervisión parental tienen que respetar la privacidad y la autonomía progresiva.
• La segunda es regular también el funcionamiento de las plataformas. Estimo que deben establecerse salvaguardas sobre el uso comercial de datos personales, la publicidad dirigida a menores, los sistemas de recomendación y las funcionalidades potencialmente perjudiciales. El Decreto prevé reportes estadísticos para las autoridades competentes, pero no establece que las evaluaciones de riesgo sean públicas ni quién las supervisa, y el retiro de contenidos debe ir acompañado de procedimientos efectivos de reclamación.
• La tercera es colocar a las infancias y adolescencias en el centro de las decisiones. El Decreto prevé una mesa de trabajo que instalará la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal con dependencias y entidades de la administración pública federal para desarrollar nuevas propuestas regulatorias, Fotografía: Grupo REFORMA y ese espacio debería incorporar a especialistas, organizaciones civiles, instituciones académicas y mecanismos efectivos de participación de niñas, niños y adolescentes.
La Observación General 25 es clara en este punto, pues las autoridades deben escuchar sus necesidades y dar el peso debido a sus opiniones cuando diseñen políticas relacionadas con el entorno digital. Sería difícil justificar una regulación de sus derechos en cuya elaboración sus titulares no puedan participar.
Lo que realmente deberíamos exigir
El Decreto representa un avance en el reconocimiento de las responsabilidades de las plataformas frente a niñas, niños y adolescentes. También abre la oportunidad de construir una política pública más amplia, que no dependa solo del retiro de contenidos ni de la supervisión familiar.
Pero su eficacia no debería medirse por el número de cuentas suspendidas, publicaciones eliminadas o verificaciones de edad realizadas. Lo que importa es saber cuántas situaciones de violencia se previnieron, cuántas víctimas recibieron atención, qué tan eficaces resultaron los mecanismos de denuncia, cuánto mejoró la protección de los datos personales y qué capacidades desarrollaron las nuevas generaciones para ejercer sus derechos.
México necesita plataformas más seguras, autoridades más eficaces y familias mejor informadas. Necesita también reconocer que las infancias no son sujetos pasivos a quienes deba administrarse de forma permanente el acceso a la información. Son personas con derechos propios, cuyo ejercicio evoluciona conforme a su edad y madurez.
No deberíamos conformarnos con un Internet donde niñas, niños y adolescentes tengan cada vez menos posibilidades de decidir. Hay que exigir uno donde puedan ejercer sus libertades con menos riesgos y mayores garantías.
Porque proteger sus derechos no consiste en decidir por ellos todo lo que pueden conocer, sino en construir las condiciones para que puedan conocer, decidir y participar sin que su integridad, dignidad o libertad estén en peligro.
*Analista y experto en telecomunicaciones y derecho a la información





