Redacción
Esta tarde, la Corte respaldó la decisión de un juez federal quien había resuelto que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), fuera la instancia administrativa que fijara lineamientos a las empresas de radio y televisión con el objetivo de proteger los derechos de las audiencias.
La Segunda Sala de la Corte ratificó el amparo otorgado a una asociación civil (Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias) en contra de los cambios hechos a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTYR), promulgados en octubre de 2017.
“Dado que los artículos reclamados son inconstitucionales porque vulneran la posición que tenían los quejosos para defender los derechos de las audiencias, lo procedente es conceder el amparo solicitado para el efecto de que dichas porciones normativas sean desincorporadas de su esfera jurídica», consideró en su fallo el juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Jonathan Bass Herrera.
En 2017, una mayoría de legisladores, principalmente del PRI y del PAN, eliminaron atribuciones del IFT (artículos o fracciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, como el artículo 256), para establecer obligaciones a los concesionarios de radio y televisión que protegían, los derechos de las audiencias, adoptando criterios éticos y nombrando un defensor de las audiencias por estación concesionada.
También eliminaron, el tercer párrafo del mismo artículo donde se obligaba a los concesionarios de radio y televisión a diferenciar “con claridad la información noticiosa de la opinión”.
Ahora, con la resolución de la Corte, será el IFT la instancia que establezca los lineamientos que deberán cumplir las empresas para proteger y garantizar los derechos de las audiencias, como ya se establecía en la ley cuando se votó por primera vez en 2014, pero que los intereses empresariales retrasaron su aplicación al menos seis años.
