Durante el primer conversatorio sobre el dictamen de la Ley Telecom, realizado ayer en el Senado participaron 23 representaciones empresariales, de organizaciones sociales, académicos, consultorías y hasta sindicales, quienes en su mayoría señalaron deficiencias, hicieron recomendaciones y respaldaron el documento ante legisladores.
Por el sector empresarial acudieron nueve representantes, entre ellos, José Antonio García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT); Alfredo Pacheco, Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI); Gabriel Contreras, del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y quien fuera el primer presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) con Enrique Peña Nieto; y Cindy Rayo (Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones).
Los representantes del sector empresarial reprodujeron sus añejas peticiones en contra de la regulación, la eliminación de los tiempos fiscales, y agregaron su oposición a que la asignación del espectro radioeléctrico sea contraprestación para el Estado.
Mientras Marina Martínez, del Grupo Radio Independiente de México, pidió eliminar los tiempos fiscales y aseguró que el sector de la radiodifusión está sobrerregulado, el presidente de la CIRT, José Antonio García, aseguró que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (que se regula en el dictamen), concentra mucho poder.
Y es que el sector del empresariado que por décadas se favoreció por las políticas de los gobiernos neoliberales, ahora se queja porque ya no influye en la regulación.
Javier Juárez, presidente del IFT —en proceso de extinción—, destacó el papel regulador del organismo y la aplicación en su momento del “agente económico preponderante”. Pidió respetar los derechos de los trabajadores para que sean liquidados conforme a derecho.
Gabriel Contreras (el primer presidente del IFT con Enrique Peña), a nombre del CCE, cuestionó que en el dictamen Telecom se permita al Estado obtener espectro radioeléctrico sin contraprestación, y aseguró que esa ventaja viola el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica.
El integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de México, Alejandro Cabral Porchas, consideró que la propuesta de ley avanza en algunos derechos, pero es “sólo un poco”, porque se dice que “primero los pobres”, pero los marginados de la ley anterior “seguimos como los marginados de la ley actual”. Por ello, solicitó que se les otorgue 10% de los presupuestos de publicidad por parte de los gobiernos.
La académica Denise Dresser señaló que la ley que ha impulsado Morena de manera acelerada se trata de censura y control. “Ese es el objetivo de esta iniciativa peligrosa, que usó como pretexto la propaganda trumpista transmitida por Televisa. No debemos aceptar la propaganda antiinmigrante, pero tampoco una ley que, por lo visto, el oficialismo ya tenía preparada”, sentenció en tono estridente.
El presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Jorge Bravo, expuso 12 temas en los que se detallan omisiones o deficiencias del dictamen Telecom. Coincidió con el sector empresarial al considerar que la ATDT concentra muchas funciones y no abona a la regulación en telecomunicaciones y radiodifusión.
Jorge Fernando Negrete, de DPL Group, mencionó que el objetivo de la ley debe ser el de habilitar el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos en el mundo digital, por medio del despliegue de la infraestructura digital, ya que es el activo más importante, pues sin ella no hay una sociedad digital.
Lizy Navarro Zamora, presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, destacó que es importante integrar en la iniciativa de ley el impacto de la inteligencia artificial en la libertad de prensa y los medios de comunicación. Consideró que se vive un momento histórico para fomentar conectividad, inteligencia artificial y combatir la brecha digital. Que la inteligencia artificial respete: libertades de prensa, de expresión y la información como bien público.
Abundó que se debe considerar la importancia de la alfabetización mediática, digital, así como en inteligencia artificial. “Cuando una persona está alfabetizada no necesita de organismos externos”, concluyó.
En el mismo sentido se pronunció la doctora en Comunicación y catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Alma Rosa Alva de la Selva, además de recomendar diagnósticos del sector Telecom y otorgar mayores presupuestos a los medios públicos.
La excomisionada del IFT, Adriana Labardini, se preguntó si el dictamen en cuestión tiene aspectos constitucionales. Sugirió un órgano desconcentrado y alertó sobre la posibilidad de que se otorguen concesiones al narco.
El senador de Morena Manuel Huerta Ladrón de Guevara recordó que toda esta discusión no surgió por un spot norteamericano, sino por una reforma constitucional que acabó con supuestas autonomías con la creación de la ATDT.
El senador Javier Corral Jurado, quien es moderador de estos diálogos, pidió respetar las intervenciones de las y los ponentes, y consideró que es indebido calificarlos por su exposición. “Es paradójico que quienes defienden la libertad de expresión terminen descalificando a quienes hacen uso de ella”, apuntó.
La presidenta de la Comisión de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Susana Harp Iturribarría, solicitó a las y los expertos presentar cambios concretos para incluirlos en las reservas que se presenten al dictamen, con el fin de que las radios comunitarias indígenas y afromexicanas, que son pueblos absolutamente invisibilizados, tengan mejores condiciones.
El próximo conversatorio será el 13 de mayo en el Senado, con el tema Cobertura Social y Acceso al Espectro Radioeléctrico.
Carlos Padilla
