Redacción
Magdalena Núñez Monreal, comisionada del Partido del Trabajo en la Ciudad de México, alertó que la pandemia y todo lo que conlleva esta emergencia sanitaria cambiará el escenario de cómo hacer política en el todo el país, pues habrá más actividad propagandística en redes sociales, donde abunda la violencia hacia las mujeres.
«Las redes sociales serán esenciales para las elecciones y por ello se deben prevenir acciones en contra de la violencia política por razón de género. Tenemos la fortuna de que la Ley Olimpia es una realidad, pero ahora hay que aplicar y hacer cumplir a cabalidad esta ley”, aseveró.
Vemos con preocupación el incremento de violencia que hay contra las mujeres, en este caso con cargos políticos o de gobierno, “víctimas de la violencia organizada que en últimos meses se han incrementado gravemente en México”, expresó Núñez Monreal.
“Debe haber mayores garantías para todas las mujeres que tienen una tarea y un trabajo en el ámbito de la política y no se repitan homicidios contra ellas, como fue el reciente asesinato de la alcaldesa de Jamapa, Veracruz, Florisel Ríos”, exigió.
Apuntó que, si bien, los atentados en contra de representantes políticos o de gobierno eran perpetrados por la delincuencia, ahora las mujeres son víctimas de la violencia organizada, que en el caso de gobiernos municipales están asolados en este tema, sin la protección y seguridad que requieren para su integridad física.
En este sentido, señaló que no sólo se necesitan medidas más efectivas sino sanciones más severas para este tipo de delitos. Añadió que se necesitan acciones efectivas para la erradicación de la violencia de género por cuestiones políticas en nuestro país.
“Es urgente que se tomen medidas en todos los niveles de gobierno para que se erradique la violencia, que no se incremente ni siga persistiendo este problema tan severo como este tipo de violencia.
El PTCDMX, concluyó Núñez Morenal, exige acciones efectivas para la erradicación de la violencia de género por cuestiones políticas en nuestro país. Las autoridades tienen que cumplir y dar seguridad y garantías a la integridad física de las mujeres y puedan desarrollarse plenamente durante su cargo político, público o en campañas electorales.
