José Reveles
Contrario a lo que afirma en un comunicado en el que da a conocer que dejará de ser un semanario para adoptar una periodicidad mensual, Proceso no logró cambiar la relación entre la prensa y el poder. Si algo evidencia su decisión de distanciar la edición impresa, es la dificultad y los obstáculos que enfrenta una publicación que intenta mantenerse crítica y distante del poder en turno.
Nacida cuatro meses después de que el presidente Luis Echeverría Álvarez propició y financió un golpe dentro de la Cooperativa Excélsior, en julio de 1976, enfrentó la negativa oficial de proporcionarle papel para sus cuatro primeros números -6, 13, 20 y 27 de noviembre de ese mismo año, mientras Echeverría siguió en el poder- los cuales lograron salir a la calle gracias a la solidaridad de varias empresas periodísticas del país que decidieron aportar las bobinas necesarias para el tiraje.
No pasaría mucho tiempo para que el siguiente mandatario, José López Portillo, molesto por las críticas a su gobierno, iniciara una campaña para cerrar las llaves de la publicidad oficial para el semanario, cuando pronunció aquella frase lapidaria: “no pago para que me peguen”.
En su historia de más de 46 años, Proceso nunca vivió en jauja ni le tocó “administrar la abundancia”, por citar otra frase de JLP. Tuvo altas y bajas tanto en el terreno publicitario, como en su número de suscriptores y en el tiraje propio de la revista, que en sus mejores momentos la salvó de una eventual crisis financiera. Y hasta adquirió su propia imprenta, con su filial “Esfuerzo”, la cual llegó a imprimir libros y folletos para algunas dependencias oficiales y clientes privados.
Las ediciones especiales, en formato mayor al habitual y con temáticas diversas (muchas veces tocando asuntos del narco, la violencia y el militarismo) fueron un acierto editorial complementario que daba un respiro adicional a la empresa, cuyos accionistas principales son las familias de sus fundadores Julio Scherer y Vicente Leñero.
Durante la Cuarta Transformación a Proceso se le han escatimado las pautas publicitarias del gobierno federal. Si uno atiende al tipo de publicidad que ha aparecido en la revista, dominan los temas de libros (los propios y los de otras empresas editoriales); anuncios de cursos, diplomados y actividades en la UNAM y en otras instituciones de educación superior y de cultura; atractivos turísticos promovidos por gobiernos locales; laboratorios y algunos avisos oficiales durante la pandemia; ferias del libro y regionales, festivales de cine y de teatro; informes de actividades de alcaldes. Es prácticamente nula la publicidad política, financiera, de bancos y seguros, de Bolsa de Valores, de empresas privadas, del Congreso, de partidos políticos, de cámaras patronales. Rara vez el poder judicial se hace presente con propaganda.
La adjudicación de publicidad oficial depende de la voluntad de quienes manejan esas pautas y, hoy como siempre, favorece a unos cuantos medios —ahora sobre todo digitales—, ni más ni menos los leales y cercanos al gobierno en turno, puesto que México sigue sin legislación en la materia.
Por otra parte, en todo su texto titulado “Proceso se renueva”, está ausente cualquier asomo de autocrítica o a dificultades internas; ninguna mención a la crisis financiera que azota a la publicación desde hace muchos meses en los cuales crecieron los adeudos, se eliminaron prestaciones y se retrasaron los salarios en más de una ocasión. Nada ocurrió o nada digno de mención dentro del semanario mismo que pueda explicar qué lo orilló a escoger la periodicidad mensual:
“La transformación de la industria periodística y la reproducción ilegal de nuestro trabajo marcaron el camino”. Esas son las únicas causas mencionadas: el hecho de que los medios más influyentes del mundo han migrado de la distribución impresa de sus contenidos (no se hicieron mensuales, por cierto; sólo dejaron de imprimirse) y la era digital post pandemia “aceleró los cambios en los hábitos de consumo y en el modelo de negocios de los medios de información”.
Eso y la reproducción ilegal de la revista han ocasionado graves perjuicios para la empresa y sus trabajadores. En la última década se cuantificó la reproducción ilícita de más de 400 millones de contenidos de Proceso, según análisis forense.
En la distribución ilegal del semanario han participado oficinas gubernamentales, empresas privadas, el sector académico y particulares. El tema se llevó con pruebas hasta el Ministerio Público Federal, pero dos años después éste se declaró incompetente.
Además de la oferta digital de todos los días, se fortalecerá el periodismo de investigación en el impreso mensual, ofreció la revista: “las investigaciones de nuestros reporteros nutrirán de manera cotidiana las distintas plataformas de Proceso –en formatos diversos- y mantendremos el rigor, la profundidad y la originalidad periodística en nuestra edición mensual impresa”.
Con el optimismo por delante, pese al obligado espaciamiento de su periodicidad en papel, el comunicado de Proceso concluye: “nacidos para resistir, incómodos para los gobiernos y los poderes fácticos, seguiremos marcando agenda”.
Todos sus lectores, exceptuando al impresentable y vengativo Ricardo Salinas Pliego, quien se atrevió a decir que la revista está “en peligro de extinción” porque sus dueños “no supieron mantener la herencia que les dejó don Julio Scherer”, en esta coyuntura difícil deseamos “larga vida a Proceso” …
*Periodista y escritor.
