Bettina Falcón Valerdi
Toluca.- El feminicidio no se entiende fuera de su contexto histórico, refirieron el doctor en sociología, Nelson Arteaga Botello* y la maestra en Estudios de Género, Jimena Valdés Figueroa**, en su obra “Contextos socioculturales de los feminicidios en el Estado de México: nuevas subjetividades femeninas”, opinión que cobra relevancia porque en los primeros 10 meses de 2020, el Estado de México reportó 119 feminicidios de los 777 delitos de esta naturaleza que se perpetraron en el país.
Este dato lo informó, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, quien advirtió que la entidad mexiquense ocupa el primer lugar nacional de violencia feminicida. No obstante a la fecha, la política y leyes estatales no atacan el origen de este delito, sino únicamente sus consecuencias.
Días antes, el 1 de noviembre la senadora por el Estado de México, Martha Guerrero encabezó en la sede del Poder Legislativo local un Encuentro Interinstitucional entre los tres poderes del estado así como órganos autónomos y académicos y la Comisión Especial de Seguimiento a los Casos de Feminicidios de Niñas y Adolescentes que ella encabeza en la Cámara Alta.
El objetivo fue sumar esfuerzos para prevenir y combatir los feminicidios contra niñas y adolescentes. En su intervención el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández González, confió que en encuentros como este surjan propuestas viables y concretas para alcanzar el ideal del respeto a los derechos humanos y, sobre todo, el derecho a la vida.
Pero de dicha reunión no surgieron propuestas, porque la senadora estaba iniciando en el Estado de México, un recorrido por los diez estados del país que tienen los índices más altos de feminicidios para colaborar en la solución de este problema. Hasta el momento, los políticos desconocen las causas sociales, económicas y culturales, detrás de los feminicidios, que los investigadores arriba mencionados, encontraron.
En el año 2000, el gobierno del Estado de México creó el Instituto Mexiquense de las Mujeres, destinado a encabezar la política gubernamental dirigida a ese sector de la población; en 2006 se convirtió en el Consejo Estatal de la Mujer y el Bienestar Social y recientemente fue transformado por el actual gobernador en la Secretaría de la Mujer.
El marco legal fue reformado hasta 2011, cuando el gobernador en turno envió a la Legislatura local, iniciativas en materia de equidad de género, que incluyeron modificaciones y adiciones al Código Penal, al Código de Procedimientos Penales, a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México.
A la fecha existen 18 leyes estatales relativas a esta violencia las cuales fueron diagnosticadas por la presidenta de la Comisión Legislativa Especial para las Declaratorias de Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición Mónica Álvares Nemer. Análisis que presentó en el marco de la reunión que sostuvo con el equipo técnico de Iniciativa Spotlight (ONU Mujeres), y el Grupo de Acción de los Derechos Humanos y Justicia Social con la intención de colaborar en la elaboración de reformas a la legislación estatal que contribuya a la eliminación de todas las formas de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, en especial el feminicidio.
Cabe recordar que desde 2011, organizaciones sociales solicitaron al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres que emitiera la alerta de género, porque si bien el caso de los feminicidios en Ciudad Juárez es más conocido internacionalmente, el número de mujeres asesinadas en territorio mexiquense es muy superior.
Esta solicitud no prosperó en aquel entonces por motivos políticos y fue hasta el 31 de julio de 2015, cuando se emitió de manera formal en 11 municipios mexiquenses encabezados por Ecatepec, que desde 2011 ya era el primer lugar feminicida en el país. Se agregaron a la lista Nezahualcóyotl, Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco.
Esta medida no arrojó resultados positivos ya que desde ese año a 2019, se perpetraron 315 feminicidios en 61 de los 125 municipios mexiquenses, incluidos los que cuentan con la alerta y que hasta antes del presente año, contaban con una partida presupuestal para inhibir este flagelo, la cual era designada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
El 20 de septiembre de 2019, a solicitud de otras organizaciones sociales fue emitida una segunda alerta de género, pero por la desaparición de mujeres en los municipios de Toluca; Ecatepec; Nezahualcóyotl; Cuautitlán Izcalli; Chimalhuacán; Ixtapaluca y Valle de Chalco, toda vez que del año 2011 al 30 de septiembre de 2019, fueron reportadas como desaparecidas en la entidad 16 mil 101 mujeres, de las cuales 233 fueron localizadas muertas y tres mil 388 están pendientes de localizar.
A manera de conclusión es importante destacar que ya en el 2000, el Estado de México recibía anualmente a 300 mil migrantes de las zonas rurales de todo el país que buscaban mejorar su condición de vida, y que en la realidad urbana las mujeres se integraron a la vida laboral, social y política para sacar adelante a sus familias, algo que en los lugares de origen no hacían.
Por ello en Ecatepec el municipio con más feminicidios, las asociaciones que luchan por el agua, los servicios urbanos y distintas mejoras para sus comunidades están integradas y encabezadas por mujeres.
Es aquí donde toma sentido el estudio de Arteaga Botello y Valdés Figueroa, quienes aseguran que las causas sociales, económicas y culturales que se encuentran detrás de los feminicidios persiguen un fin “eliminar la capacidad de las mujeres de convertirse en sujetos… (pues) el feminicidio pretende más bien lo imposible: restaurar los resquebrajados valores y normas que sustentan las relaciones entre las mujeres y los hombres”.
Así, “el objetivo del feminicidio es cuestionar el orden social emergente que anuncia el continuo declive de la tradicional posición de dominio y poder de los hombres frente a las mujeres” aspecto que se debería atender de manera prioritaria en los municipios mexiquenses que a la fecha siguen recibiendo anualmente miles de migrantes de las zonas rurales del país.
*Doctor en sociología por la Universidad de Alicante, España. Profesor–investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Temas de especialización: violencia social, seguridad y dispositivos de vigilancia.
**Maestra en Estudios de género por El Colegio de México, México. Profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Asesora de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Fotos: Kathia Martínez Dorantes.
Publicado en la edición #251 de revista Zócalo (enero 2021).
