Gerardo Israel Montes
Las denuncias de opacidad y posibles actos de corrupción que se registran al interior del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), denunciados por la comisionada Norma Julieta Del Río Venegas, y la polémica designación del nuevo presidente de este Instituto, Adrián Alcalá Méndez -a quien la propia Venegas ha señalado como persona sin solvencia ética ni moral-, llevaron nuevamente al presidente Andrés Manuel López Obrador a insistir en desaparecer a ese organismo, al considerar que no es de utilidad para el país, porque asegura, está a merced de la oposición política.
A lo largo de su existencia, el ahora INAI antes IFAI (2002), el pleno del Instituto se ha integrado por cuotas partidistas, lo que derivó en el control del mismo por personajes vinculados al PAN y al PRI, principalmente, muchos de ellos y ellas sin independencia ni autonomía de esos grupos de interés que los impulsaron.
Sin embargo, el planteamiento de desaparecerlo, es equivocado por parte del Ejecutivo Federal. El INAI es un organismo de relevancia para la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, el derecho a la información y la protección de los datos personales. Eliminarlo sería un retroceso para la vida pública y democrática del país, dejando a la deriva años de lucha en contra de la opacidad gubernamental y de las entidades públicas.
No obstante su importancia, tampoco se puede hacer una defensa férrea y desprovista de crítica a esa institución, sobre todo ante la opacidad, posibles actos de corrupción, nepotismo y conductas de acoso que se viven dentro de la misma.
Muestra de esa cooptación en el INAI -que encuadra con las más recientes denuncias de corrupción publicadas a finales del año pasado por la revista Contralínea– fue exhibida el 2 de octubre de octubre de 2015 por el periodista Roberto Rock en su colaboración para El Universal. “La tarde que apuñalaron al INAI”, en donde narra la camaradería que reinaba al interior una camioneta que circulaba por el sur de la ciudad, a inicios de junio de 2014, donde viajaban varios de los “flamantes comisionados del Inai”, que apenas a finales de abril de ese año habían sido electos por el Senado.
Conforme al relato de Rock, durante ese trayecto vehicular, el comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov (vinculado a Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda y Crédito Público en el gobierno de Enrique Peña Nieto), recibió una llamada en su celular y, “sin perder la sonrisa” alertó a sus compañeros que les hablaban de Los Pinos. El teléfono “fue de mano en mano, y cada oído registró el mismo mensaje: la Presidencia de la República vería con buenos ojos que los señores y señoras comisionados designaran como su presidenta a Ximena Puente”, ex presidenta del órgano de transparencia de Colima ligada al PRI.
Para Rock el resultado era predecible: Monterrey sería la correa de transmisión con el gobierno federal, mientras que Óscar Guerra Ford (quien llegó al cargo apoyado por el PRD), pactaría su apoyo a cambio de posiciones en el aparato administrativo. Asimismo, en el texto periodístico se enlistaron algunas de las acciones regresivas asumidas por los entonces comisionados: se elevaron ellos mismos el sueldo a nivel de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; suspendieron la normatividad que establecía el servicio civil de carrera y cesaron a más de 160 funcionarios para colocar a los propios, crearon decenas de plazas con altos sueldos y se asignaron secretarios particulares y otros asistentes. Cabe recordar que aquel pleno del Instituto estuvo formado por Francisco Acuña y Joel Salas, posiciones del PAN; Patricia Kurczyn, del PRI, y Areli Cano Guadiana, del PRD.
El 11 de noviembre pasado en el portal de Contralínea, del reportaje: “Inai ocultó gastos de Guerra Ford en ‘table dance’ dedicado a prostitución”, la sociedad conoció una pieza más de los excesos y actos ilegales cometidos y tolerados al interior del organismo.
Seguramente, conservando la euforia anímica por su designación como comisionado y la correspondiente ratificación de Peña Nieto; con los pactos que se estaban asumiendo al interior del INAI respecto al aumento de salarios, la repartición de plazas y la creación de nuevos puestos, Óscar Guerra Ford, junto “con compañeros de trabajo” del instituto, asistieron al table dance “Curazao”, en donde el comisionado utilizó la tarjeta corporativa American Express, propiedad del instituto, para pagar en ese establecimiento de explotación sexual una primera cuenta, el 22 de agosto de 2014, por 2 mil 350 pesos; y luego, durante la madrugada del 23 de agosto, dos más: una por 14 mil 523 pesos y la otra por 3 mil 538 pesos; en total erogó una cantidad de 20 mil 411 pesos en una cena en aquel lugar que, a finales de 2018, fue clausurado tras un operativo policiaco, donde se rescató a 19 mujeres víctimas de trata de personas, 17 mexicanas y dos venezolanas.
Además del despilfarro con dinero público en dicho centro nocturno, de acuerdo con el reportaje de Contralínea escrito por la periodista Nancy Flores, Guerra Ford cubrió, entre los años 2014 y 2015, al menos otros 91 gastos personales con cargo a la tarjeta corporativa del organismo, mismos que fueron solapados por los entonces comisionados del pleno del Instituto, cuyos nombres se citan líneas arriba y que fueron impulsados por el PRI, PAN y el PRD.
En 2016, cuando los integrantes del organismo resolvieron dos recursos de revisión promovidos por particulares, el 1109/16 y el 0634/16, argumentaron que no se podían dar a conocer los detalles de los 94 gastos personales de Guerra Ford “bajo el supuesto de que se revelaría su capacidad adquisitiva” y se evidenciaría su patrimonio, expuso la periodista Nancy Flores, autora del reportaje.
Una de esas resoluciones que fue clasificada, contenía la firma de quien fuera secretario de Acceso a la Información del INAI, en el periodo de 2014 a 2020: Adrián Alcalá Méndez, quien fue electo por el Senado como comisionado para el periodo 2020-2027, con el apoyo del PRI y el PAN. Apenas el 10 de diciembre, en sesión extraordinaria, Alcalá fue nombrado presidente del órgano de transparencia gracias al voto de calidad de la presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, quien a su vez fue electa como comisionada del órgano garante, el 26 de abril de 2018, bajo señalamientos de senadores del PAN y el PRD de que desempeñaba un cargo en el Senado, lo cual derivaba en conflicto de interés, y era cercana al entonces coordinador parlamentario del PRI, Emilio Gamboa Patrón.
Consciente de ese voto de calidad, la comisionada Del Río Venegas sabía que no la elegirían presidenta del INAI. “Seguramente ellos (Cadena y Alcalá) habían hablado”, comenta y añade que ella vio que no había condiciones 15 minutos antes de la sesión extraordinaria del 10 de diciembre, cuando en la sala de atrás del salón del Pleno estuvo comentando a los demás comisionados sobre su intención de impulsar una reingeniería en el INAI, además de hacer un ajuste en el presupuesto del organismo.
Derivado del uso de las tarjetas corporativas para pagar gastos en un table dance, durante aquella sesión del 10 de diciembre, la comisionada Del Río se bajó de la contienda para presidir al Instituto, lamentando que no se hubiera alcanzado el consenso necesario para una candidatura de unidad, y externando que no podía avalar “a personas que no tienen solvencia ética y moral suficiente para que tome las riendas de este instituto. No puedo, va contra mis principios”. La comisionada también expuso que desde el año 2021 ha presentado ante el Comité de Ética y el Órgano Interno de Control del instituto, una serie de denuncias sobre hechos de posibles actos de corrupción al interior del órgano garante, las cuales no han sido atendidas.
“Defendamos entonces las auditorías. Que no nos molesten las auditorías. Denunciemos la corrupción; denunciemos las peticiones del personal de este instituto, no hagamos caso omiso (…) Bajo mi candidatura. No veo condiciones. No se quiere atender las denuncias, no se quiere atender las auditorías. Y la verdad necesito refuerzos”.
En entrevista para Zócalo, la comisionada Del Río Venegas, explica que los señalamientos en contra de Adrián Alcalá se originaron porque en su calidad de secretario de Acceso a la Información, firmó la resolución con que se clasificó el caso sobre el uso que Guerra Ford dio a las tarjetas corporativas. “Yo no iba a votar por él. Y yo dije públicamente, porque está esa situación (…) Y mientras son peras o manzanas, yo no me quiero revolver en esto”.
La creación de la PNT, una opacidad más de Guerra Ford
Además del peculado que cometió con las tarjetas corporativas del INAI, Guerra Ford fue el responsable de uno de los mayores desastres que se dieron en el recién creado Sistema Nacional de Transparencia: la creación de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) –que sustituyó al sistema Infomex-, una herramienta tecnológica para acceder a la información de 882 sujetos obligados en el ámbito federal y más de 6 mil 670 a nivel estatal y municipal. Puesto en marcha el 5 de mayo de 2016, a los pocos días la PNT comenzó a tener diversas fallas que lo volvieron inoperante, motivando que los órganos estatales garantes del derecho a la información retomaran el sistema Infomex.
Debido a las graves fallas en la PNT, en junio de ese año, organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta al INAI, donde externaron que las deficiencias en la plataforma no sólo afectaron el derecho de acceso a la información, sino que también generaron sospechas razonables sobre la asignación de recursos públicos y la calidad del proyecto; por lo que plantearon hacer una valoración crítica sobre si la PNT, con todos su módulos, correspondían con los 20 millones de pesos de recursos públicos que el INAI había gastado en dicha contratación.
La mitad de esos recursos fueron pagados a la empresa Intellego, acusada años antes de actos de corrupción en la Corte de California, Estados Unidos, luego de que en diciembre de 2008 Hewlett Packard obtuvo de Petróleos Mexicanos contratos por seis millones de dólares para la instalación de un software, los cuales habría conseguido mediante un pago ilegal a funcionarios de Pemex a través de la intermediación de Intellego.
La investigación no prosiguió porque en 2015 las partes involucradas llegaron a un acuerdo. No obstante, el actuar de Intellego quedó como antecedente negativo que no fue considerado al momento de la licitación respectiva para la creación de la PNT. “Hay muchas cosas que son legales e ilegítimas”, respondió al respecto Óscar Guerra Ford, en una entrevista que apareció en el reportaje “La Plataforma de Transparencia suma dudas a un sexenio con los peores niveles de credibilidad”, publicado en el portal Sinembargo en enero de 2017.
Al concluir la verificación realizada a la PNT, como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2016 llevada a cabo por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dada a conocer en julio de 2017, se asentó que en la construcción de esta plataforma se presentaron una serie de irregularidades que, por lo menos, ocasionaron daño patrimonial por 11.1 millones de pesos; entre ellas, haber liquidado un contrato sin verificar la calidad del producto entregado, que alcanzó un monto de 8.8 millones de pesos, además de eximir de sanciones a empresas proveedoras pese a los retrasos e incumplimientos del contrato, como el caso de Intellego. Además, la ASF cuestionó la falta de actualización del INAI en sus procedimientos de licitaciones y contrataciones.
A pesar del comportamiento dudoso y poco ético de Guerra Ford, fue una sorpresa cuando, en marzo de 2022, él y Monterrey Chepov, al concluir sus encargos como comisionados, ambos continuaron en el Instituto, al ser designados por unanimidad de sus ex compañeros del pleno, el primero, como secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia y, el segundo, como secretario ejecutivo del órgano garante.
Ernesto Villanueva, uno de los mayores expertos en materia de derecho a la información y transparencia en México, definió estos nombramientos en su cuenta de Twitter de la siguiente manera: “Increíble, lo que es aferrarse al presupuesto y afectar la renovación generacional en el @INAIméxico. ¿Nuevo modus operandi de captura institucional?”.
En torno a la designación unánime de estos dos ex comisionados para que siguieran como funcionarios del Instituto, la comisionada Del Río Venegas recuerda que al arribar al INAI durante los últimos meses de 2020, se quedó con la coordinación de la PNT e inmediatamente hizo una reingeniería, para ver por qué fallaba la plataforma, su código fuente. Cuando terminó su encargo como comisionado, Guerra Ford le planteó permanecer en el SNT, lo cual ella aceptó al considerar que es un hombre inteligente –mientras que a Monterrey Chepov lo invitaron a permanecer en el instituto Adrián Alcalá y la comisionada Josefina Román Vergara–. “Pero yo no conocía esas cosas (los gastos ocurridos en el table dance Curazao) (…) Pero en cuanto supe, inmediatamente lo cesé”.
Y a pesar de que Guerra Ford alegó que reintegró el dinero, la comisionada Del Río Venegas le contestó que el error iba más allá del “patético” uso que dio tres veces a la tarjeta corporativa, en un lugar como el Curazao. “O sea, si vamos a promocionar valores de difusión en la niñez, en los adolescentes”, la conducta mostrada por el ex comisionado no encajaba con los principios enarbolados por el instituto.
Las denuncias sin atender
Previo a la sesión extraordinaria del 10 de diciembre del año pasado, por distintas vías la comisionada Del Río Venegas ha venido externando la necesidad de llevar a cabo una reingeniería en el INAI, planteando una reducción de secretarías y direcciones; el fortalecimiento de los comités de Adquisiciones y de Ética, incluyendo gente con perfil para que genere mayor transparencia y confianza, y sumando la figura de testigo social para promover una verdadera participación ciudadana. Además, ha expuesto diversas denuncias hechas por personal del INAI. “hay una historia ahí, de gente del pasado; presionaba al personal, a un grupo de personas para solicitarles, pues casi, casi, una situación por entrar a trabajar al INAI” (Aristegui Noticias. 02-12-23)
En la entrevista con Zócalo, abunda que, en el Comité de Ética, formado por directores y funcionarios de diferentes áreas, expuso algunos casos de personal del órgano garante cuyas denuncias han tardado hasta 5 meses, lo cual, dice, es una eternidad para una persona que es acosada laboral o sexualmente. Mientras que ante el Órgano Interno de Control (OIC), ha interpuesto quejas por algunos procedimientos de contrataciones. Al respecto comenta que hay proveedores que llevan ganando 12 o 13 años licitaciones en el Instituto, pero, por mucho que sea una empresa fuerte, es sano cambiar de compañías, enfatiza.
En un mensaje publicado en X el 8 de diciembre, dos días antes de la elección para renovar la presidencia del Instituto, externó su deseo de que el INAI no quedara “en manos de las mismas mafias”; y en un video que acompañó dicho mensaje, contó que en el área de tecnologías del organismo, desde que en 2016 se implementó la PNT, existía una empresa con el licenciamiento de aplicativos que cobraba 3 millones 600 mil pesos, “y termina por fin su contrato en este mes de diciembre. Y ahora el propio personal de Tecnologías (del INAI) lo desarrollará”.
Sobre ese tuit, la comisiona Del Río cree que “desde ahí la bajaron” de sus aspiraciones de presidir al INAI. Y añade: “Sé que una periodista le dijo a otra: ‘¡Imagínate! Ojalá no voten por Julieta porque es de Morena, porque dijo la palabra mafias (…) y esas es una palabra del presidente’. Qué estupidez tan grande que se catalogue así, pues es una palabra común que decimos” en México.
Sobre las carpetas que exhibió durante aquella reunión extraordinaria del 10 de diciembre, en donde hizo del conocimiento público las diversas irregularidades que ha detectado al interior del instituto, comentó que ya dieron inició las auditorias, ya que al día siguiente las presentó de manera oficial ante el titular de la ASF, David Colmenares Páramo.
En este contexto de opacidad que se vive en el INAI, la comisionada Norma Julieta Del Río Venegas expone que durante la última sesión del pleno, celebrada el 19 de diciembre del año pasado, resolvió un recurso en contra del propio INAI, derivado de un recurso que llegó a la ponencia de la propia comisionada, en donde una persona pidió conocer lo relacionado con el asunto de las “cadenas familiares” que trabajan en el INAI, asunto que no está auditado, por lo que la persona recurrió la resolución.
“Mi recurso fue diciéndoles: que se haga una búsqueda exhaustiva, así como lo ordenamos afuera (para otras dependencias públicas), pues también somos sujetos obligados, y que se pregunte en las 26 direcciones y en la dirección general de Administración, si hay parentescos directos: mamá, papá, hijo, nuera, y se entregue la información. Y esa es una de las cosas del pasado que se han denunciado mucho”.
Periodista y consultor de comunicación
