Tanius Karam
El lawfare o “guerra judicial” es la tendencia a usar el derecho y los recursos judiciales con un criterio selectivo; se trata sí de la aplicación de la ley, pero de forma quirúrgica y selectiva. El lawfare aparece como un recurso en contra de gobiernos principalmente con amplia base social, y el objetivo es revertir políticas públicas o derrocar a gobiernos que justamente fueron respuesta al neoliberalismo. Es una estrategia de gobiernos de derecha principalmente contra gobiernos progresistas que generalmente les han sucedido en el poder.
Este tipo de fenómenos han surgido como fenómenos que actúan de la mano de la realidad para difamar y construir narrativas violentas, generalmente desde el internet y las redes sociales. Esta guerra jurídica y judicial se caracteriza en el empleo de herramientas propias del poder jurídico para anular o debilitar el ejercicio de los derechos políticos a ciertos actores de la realidad.
La guerra política en realidad no solamente usa la vía judicial, sino también la mediática, porque los medios convencionales más las ahora redes sociodigitales son vectores fundamentales que aceleran e intensifican los efectos que se quieren buscar a través de esta guerra.
Para los conservadores, el lawfare es inexistente y es un concepto fantasma, pero quienes postulan su presencia en toda América Latina hablan de él como un concepto traslúcido que atraviesa muchas realidades y puede tener distintas formas. Además, su aplicación no es igual o monolítica. Se caracteriza por una utilización abusiva de instancias judiciales nacionales o internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, pero que buscan inhabilitar o provocar el repudio contra algún oponente o líder.
En Brasil, por ejemplo, los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro saquearon las sedes de los poderes públicos tras la llegada de Luiz Inácio Lula da Silva, quien comentó que esos manifestantes habían recibido ayuda interna de sectores del ejército. Otro caso de cómo se persigue a dirigentes progresistas para estigmatizarlos y señalarlos es el del excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, y en todo caso después declararlos inocentes tras daño moral.
El contexto de este fenómeno cada vez más extendido es el de la llegada de gobiernos progresistas a América Latina, que lleva a los nuevos grupos opositores a intentar golpes de Estado con los recursos del derecho. Los casos más emblemáticos quizá sean los de Brasil y Perú. Se trata de un nuevo papel que puede tener en el ejército, o la aplicación de leyes a modo, “golpes de Estado blando”.
Los golpes de Estado han tenido varias modalidades en la historia de América Latina. Como se sabe hace más de 50 años las fuerzas militares hicieron uso de la violencia para tomar el poder; sus periodos fueron desde ocho hasta más de 30 años en algunos casos. Otra modalidad de golpe de Estado, el parlamentario, donde desde el Poder Legislativo se frena cualquier iniciativa por parte del poder en turno y puede incluso escalarse hasta juicios contra el Ejecutivo.
En 2019 en Bolivia, tras el triunfo de Evo Morales en su cuarta reelección, el 43% de la oposición creó un clima de tensión que llevó a las fuerzas armadas a que solicitaran la renuncia de Morales con la finalidad supuestamente de garantizar la estabilidad. El poder militar terminó poniéndose encima del político y legitimó a Jeanine Áñez, quien prometió elecciones que no hizo y de hecho está acusada de sedición yterrorismo por haber participado en el golpe de Estado contra Morales. La consecuencia fue que Morales tuvo que solicitar asilo en México por la persecución política de la que fue objeto.
A diferencia de lo que ocurrió en los sesenta y setenta, ahora se apuesta por una confrontación “híbrida” en la que los medios tienen un papel relevante. No hay que dejar de mencionar el papel de los medios masivos que inciden en la opinión pública para deslegitimar y ridiculizar al líder político.
Las grandes cadenas privadas generalmente han sido conservadoras y han desempeñado un papel importante en la preservación del orden y la reproducción del poder. El caso mexicano es interesante por la histórica presencia de Televisa y la manera como ejerció su papel de “poder blando” o medio “no oficioso” para difundir, legitimar en la época de partido único.
Desde el año 2000 si bien ha habido transformaciones en la política de contenidos y se goza hoy una apertura poco mayor a la de hace 30 o 40 años, la tendencia sigue siendo conservadora y poco proclive a abrir sus contenidos a temáticas y géneros más allá de las fórmulas convencionales, que van desde el desarrollo del melodrama tradicional a la entronización de la nota roja como medio de relato informativo que ha copado la casi totalidad del espacio informativo.
Ejemplos y discusiones
Al ver algunos casos de América Latina, es fácil reconocer la manera como opera el lawfare. En México por ejemplo un claro intento que no prosperó, pero que iba en la modalidad de usar el derecho para impedir la participación de un candidato político fue el famoso intento de desafuero contra el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador por parte del Partido Acción Nacional.
Uno de los casos más recientes quizá sea el peruano, donde como se recuerda el presidente Pedro Castillo fue destituido y encarcelado después de intentar disolver el Congreso, imponer un estado de excepción, lo que fue calificado por Dina Boluarte y el gabinete de Castillo como intento de golpe de Estado. Luego del asilo que el presidente mexicano otorgó a Castillo, comenzaron a resquebrajarse las relaciones entre México y Perú.
Tras la destitución que efectuó el Congreso peruano al expresidente Castillo y su posterior encarcelamiento el pasado 7 de diciembre de 2022, AMLO rechazó la salida abrupta de Castillo al considerar que el parlamento había saboteado su gestión pese a que fue un presidente electo por la mayoría de la población. A pesar de ofrecer también asilo a Castillo, a quien consideró víctima de persecución judicial para impedirle gobernar.
Lima reaccionó expulsando al embajador mexicano Pablo Monroy al declararlo “persona non grata”. Tras esta medida, el gobierno de López Obrador decidió que el diplomático regresara inmediatamente a nuestro país.
En medio de la crisis, el gobierno de México le otorgó asilo político a Lilia Paredes y sus dos hijos, quienes se encuentran en territorio mexicano desde el 21 de diciembre. El clima político entre Perú y México se ha tensado por las críticas de AMLO contra Boluarte, quien está viviendo masivas protestas en su contra con un saldo mortal de varias decenas de víctimas.
Otro caso se encuentra en Chile. Desde 2015, el líder progresista y excandidato a la presidencia Marco EnríquezOminami ha sido acusado por fiscales ligados al expresidente Sebastián Piñera. Durante estos años Marco ha negado las acusaciones y ha pedido jueces imparciales para que se pueda defender. Sin embargo, los fiscales con gran apoyo mediático y financiero han ido dilatando el juicio, lo que es una modalidad de justicia denegada. De hecho, el 15 de febrero el autodenominado “Grupo de Puebla” emitió una misiva para renovar su apoyo afavor de Enríquez-Ominami por la dilación de más de ocho años en su juicio, una clara modalidad de lawfare.
La lista de decenas de signatarios en apoyo a Marco es amplia, entre ellos están el presidente argentino Alberto Fernández y los expresidentes de España José Luis Rodríguez Zapatero y el ecuatoriano Rafael Correa, así como la senadora mexicana Beatriz Paredes.
Esta misiva ya ha generado tensiones entre el gobierno argentino y el chileno, porque las críticas contra la dilación en el juicio de Enríquez-Ominami alcanzan al actual gobierno de Gabriel Boric al cual también se le ha acusado de perseguir el liderazgo, a lo que Boric declaró: “yo respeto las instituciones, espero lo mismo de mis colegas” al considerar improcedentes las apreciaciones políticas del tema Enríquez-Ominami.
Un caso más que puede actualizar el uso específico del lawfare es ahora Guatemala. En junio de 2023 se van a celebrar elecciones en ese país y el único movimiento progresista muy crítico con las élites que es el Partido Movimiento Liberación por los Pueblos (MLP) —encabezado por la indígena Telma Cabrera, actual precandidata a la presidencia, y el exprocurador de los derechos humanos Jordán Rodas (quien se encuentra exiliado en Bilbao, España) como precandidato a la vicepresidencia—, no se le está permitiendo presentarse a las elecciones bajo argucias legales.
No es difícil imaginar cómo a las élites gobernantes de la también frágil democracia guatemalteca puede causarles escozor imaginar que una mujer indígena llegara a la primera magistratura. El contexto no puede ser más preocupante, ya que a mediados de marzo Zuni Ríos, hija del conocido dictador guatemalteco Efraín Ríos Mont, va encabezando las encuestas. Desde el exilio Rodas ha declarado al programa latinoamericano transmitido por YouTube Macondo (conducido por los periodistas Inna Afinogenova, Marco Teruggi y Leandro Grille) que no hay condiciones para garantizar su vida, por eso tuvo quehuir a España. De hecho el 15 de marzo el exfiscal Orlando Salvador López, que llevó la causa y procesó al exdirector Ríos Montt a quien condenó por genocidio, ha sido detenido en Guatemala. Vemos así como caso generalmente emprendido por las élites que acusan y azuzan contra posibles enemigos políticos para los cuales aplican argucias legales que limitan sus derechos políticos y de participación.
El tema como tal se posiciona en el debate latinoamericano
En noviembre de 2022 el Senado mexicano organizó el foro Infodemia y lawfare: estrategias políticas por la verdad y la justicia, donde se discutió la manera de combatir la infodemia, el lawfare en internet y redes sociales. En esa ocasión el secretario de la mesa directiva José Narro habló de la importancia de crear una ruta para construir marcos prescriptivos e informativos que eviten la difamación y valorar la posible trasgresión de los derechos políticos de una persona. Narro señaló la fuerte relación que hay entre esas guerras judiciales y los medios, ya que es a través de ellos que las derechas nacionales y los poderes hegemónicos deslegitiman las acciones penales y jurídicas en el terreno de la opinión pública.
También en el foro de noviembre 2022, la entonces senadora Citlalli Hernández de la Mora dijo una verdad a medias (refiriéndose al lawfare), “es un método que usan los poderes fácticos para mantener el control o detener proyectos políticos”. En su presentación recordó la vieja aspiración ética deseable en los medios que puedan asumir su papel para formar individuos y ciudadanos con información a favor de la verdad y la justicia. En realidad, la gran batalla revolucionaria es la lucha por la verdad y estar en contra de este papel.
*Catedrático investigador de la UACM y analista @taniuskaram
