Manuel Tejeda
De nuevo, como si hiciera falta, una vez más, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en lo sucesivo Tribunal Electoral), terminó el año inmerso en un severo trance generado por tres magistrados de su Sala superior, quienes al iniciar diciembre de 2023 hicieron pública su pretensión de obtener la renuncia del presidente, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.
Para intentar darle soporte a su exigencia, el grupo de juzgadores inconformes adujo que el presidente del Tribunal Electoral cometió, durante el desempeño de su encargo, diversas faltas administrativas y de manejo de los recursos de la institución que encabezó; que se sometió a intereses ajenos al Tribunal; que perdió el rumbo para dirigirlo y que, por lo tanto, ya no les resultaba confiable para guiar al órgano de justicia electoral.
Sin duda que las imputaciones formuladas por los tres magistrados contrarios a la conducción de Reyes Rodríguez Mondragón fueron más que potentes, pero desde mi perspectiva presentaron un serio problema de formalidad jurídica, porque carecieron de las correspondientes pruebas de respaldo para acreditar los muy graves cuestionamientos que hicieron del conocimiento público. Sin ningún elemento que demuestre las acusaciones del calibre de las que formularon, parece que estamos en presencia de otras causas, mismas que no se dieron a conocer, y que son las que en realidad motivaron a los tres magistrados a lanzarse contra el presidente del Tribunal Electoral.
El argumento que esgrimieron los magistrados para tratar de justificar la falta de eficacia probatoria de sus denuncias fue bastante rústico, porque según ellos, al dejar de exhibir las pruebas de sus acusaciones, en realidad lo que estaban buscando era “proteger la institucionalidad” del Tribunal Electoral cualquier cosa que eso signifique. El intento de explicación suena absurdo, sobre todo si se considera que esta crisis se desató por sus graves imputaciones en contra del presidente del Tribunal Electoral. Me pregunto por qué la ciudadanía sí es apta para saber sobre las acusaciones, pero no sobre las pruebas, aunque no encuentro ninguna respuesta razonable.
En esas circunstancias, para tratar de entender qué hay detrás de este nuevo conflicto en la última instancia de la justicia electoral, sólo queda analizar el resto de la información que se ha hecho pública y trazar algunas conjeturas. Para ello vale recordar que el ya ex presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, antes de anunciar su renuncia al cargo, publicó una carta para refutar algunas de las acusaciones que le formularon sus pares, principalmente las relacionadas con malos manejos administrativos y sobre el indebido uso de los recursos presupuestales; también rechazó su sometimiento a grupos de intereses y ya encaminado, aprovechó la oportunidad para denunciar que el conjunto de magistrados inconformes con su gestión ha tenido graves inconvenientes para acatar lo que en el Tribunal Electoral entienden como “austeridad”, cuando en realidad lo que ha prevalecido y sigue prevaleciendo en esa institución es un deshonroso dispendio de recursos públicos.
Según Reyes Rodríguez Mondragón, sus tres compañeros de la Sala Superior exigieron que renunciara como presidente del Tribunal Electoral porque no les gustaron las decisiones administrativas que tomó, principalmente algunas que, en términos de lo que publicó, buscaban hacer más eficiente el gasto del presupuesto y aplicar lo que ellos entienden como política de austeridad.
En la carta que dirigió a la opinión pública, misma que fue difundida en las redes sociales el pasado 9 de diciembre, el magistrado Rodríguez Mondragón, todavía fungiendo en su carácter de presidente del Órgano de justicia electoral, dio a conocer que los magistrados Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña, en reunión privada, le solicitaron su renuncia argumentando “pérdida de confianza” y también le manifestaron su descontento con las decisiones administrativas que había aplicado.
En su misiva indicó que algunas de las medidas adoptadas en su administración, mismas que incomodaron a los magistrados inconformes, son:
1.- La Comisión de Administración modificó las reglas que permitían a los magistrados y a su personal de apoyo viajar en primera clase. Ahora se ha regulado y restringido el gasto en viáticos y pasajes aéreos internacionales. Por ejemplo, la compra de pasajes para mañana magistraturas en categoría business debe ser excepcional y justificada. Además, se pide reducir al mínimo el gasto en personal de apoyo que nos acompaña y el número de días que dura cada comisión.
Es decir, los magistrados del Tribunal Electoral viajan en primera clase a costa del presupuesto de la institución, seguramente porque la clase turista no los merece y porque no se quieren sentir molestos viajando apretados; pero no sólo ellos, también lo hace “su personal de apoyo”. Faltaba más, pero ahora que Reyes Rodríguez hizo realidad la “política de austeridad”, la primera clase debe estar justificada. No quiero saber cómo ni bajo qué criterios justifican en esa institución ese tipo de cuestiones, porque estoy seguro de que voy a terminar enojado.
2.- Se modificó la normatividad que posibilitaba a las magistraturas disponer de hasta ocho vehículos. Con las nuevas reglas estos se han reducido a cinco.
No sé si a usted le suceda lo mismo, amable lector, pero yo quedé conmovido con tanta austeridad. Mire que reducir tan significativamente el número de vehículos es altamente solidario con la ciudadanía que se tiene que trasladar en transporte público a sus labores cotidianas. Deberíamos organizar una colecta para que al menos tengan 6 vehículos por Ponencia y así los sábados nuestros ilustres impartidores de justicia electoral puedan salir a comer en un auto patrocinado por el Tribunal Electoral.
3.- Se estableció un límite a dos dispositivos para pago de peaje (TAGS) en carreteras y autopistas urbanas para uso de magistraturas. Como resultado, ese gasto ha disminuido a menos de la mitad: mientras que en 2021 se gastaron 578 mil pesos, este año se han gastado 249 mil pesos por ese concepto.
Qué bueno que los magistrados del Tribunal Electoral puedan viajar por las autopistas urbanas a costa del presupuesto público. A nadie le gusta tener que lidiar con el espantoso tráfico de la ciudad de México, ni con las marchas, mítines y embotellamientos que son cosa de todos los días. El tiempo de tan ilustres juzgadores vale más que el de cualquiera otra persona, por eso se justifica con creces que del presupuesto público se cubran esos gastos; que en realidad y bien pensado no son gastos, sino inversiones para optimizar el tiempo de nuestras “señorías”.
4.- Se han fortalecido los mecanismos de registro y control de la dotación de combustible a los vehículos oficiales para garantizar que sean utilizados exclusivamente para las actividades de carácter institucional. En ese tenor, normativamente se ha reducido en un 71 por ciento los montos máximos para combustible.
Pésima decisión la de Reyes Rodríguez Mondragón y más que justificada la rebelión de los tres magistrados inconformes. ¿A quién se le ocurre que la gasolina de los vehículos oficiales sólo se utilice para actividades institucionales? ¿Y las salidas los fines de semana? ¿Y los trayectos para ir a desayunar, comer y cenar con amigos y familiares? Además, si ya tienen los tags para autopistas urbanas, ni modo que no los aprovechen cuando no están impartiendo justicia.
5.- Se ha procurado la máxima economía, eficiencia y funcionalidad en la adquisición de bienes y servicios. Por ello, por ejemplo, se dejó de contratar a un tercer acreditado para la elaboración de programas internos de Protección Civil, los cuales ahora realiza la Dirección General de Protección Institucional. Esta medida generó un ahorro de un millón de pesos por año.
¿Un millón de pesos por la elaboración de los programas internos de Protección Civil? De verdad que me han dejado sin palabras.
6.- Se reguló el otorgamiento de apoyo de vales de alimentos, para que estos se limitaran a un máximo de 15 por mes y sólo se otorguen a personal operativo y de mando medio cuando no pueden acceder al comedor institucional. Adicionalmente, se eliminó un fondo de alimentos que permitía a mandos superiores del Tribunal disponer de ocho salarios mínimos mensuales (aproximadamente 24 mil pesos) para sus gastos de alimentación.
¿15 vales de alimentos por mes? Es una injusticia la que cometió Reyes Rodríguez Mondragón. Para empezar porque el derecho a la alimentación debe prevalecer, más en la gente que percibe salarios de hambre como los que se pagan en el Tribunal Electoral. Además, la gente de bien desayuna, come y cena; de forma que en una semana se pueden acabar esos 15 vales. Pero sin duda lo más indignante fue eliminar la prestación de 24 mil pesos mensuales a los “mandos superiores del Tribunal”, para que vayan a comer. ¿Por qué tendrían ellos que pagar su comida, cuando los mexicanos podemos hacerlo?
7.- Ante algunas solicitudes verbales para la compra de vehículos cuyos precios exceden los límites establecidos en el Acuerdo General de Racionalidad y Austeridad del PJF, se requirió a las magistraturas solicitar la excepción por escrito a fin de someterla a consideración de la Comisión de Administración.
¡Es absolutamente incongruente una medida de austeridad como la referida en el párrafo anterior! Si los magistrados ya reciben vales de gasolina y tags para autopistas y dispendios. Consciente de eso, Rodríguez Mondragón cerró su carta con una reflexión profunda, que nos dejará pensando por décadas y nos permitirá calibrar el sentido de sacrificio que existe en el Tribunal Electoral.
“Estén ciertos que la democracia mexicana, la independencia judicial, la autonomía de la institución, mi compromiso con la justicia, así como la estabilidad del proceso electoral estarán al centro de mi valoración.
Como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el día de mañana continuaré con la política de diálogo y la búsqueda de soluciones a las diferencias de opinión, que estoy seguro privilegiarán el interés superior de nuestra democracia.”
Siendo que los tres magistrados inconformes no expusieron las pruebas de sus acusaciones; considerando que Reyes Rodríguez Mondragón emprendió por escrito una defensa nítida que permite ver con meridiana claridad cuan derrochadores del presupuesto público son quienes toman decisiones en el Tribunal Electoral.
Concluyo que nuestro árbitro en temas electorales avanzó al precipicio en un pleito que no tuvo en el centro del debate el buen funcionamiento de la institución, ni la capacidad para procesar de manera correcta las naturales diferencias de criterios jurisdiccionales; ciertamente la disputa tampoco fue por encontrar la mejor forma de superar sus conflictos internos, ni el modo de fortalecer su independencia frente a los partidos políticos, los grupos de presión y los poderes fácticos. De lo hecho público por los protagonistas de este sainete, la sensación que me queda es que toda la trama que presenciamos en la primera quincena de diciembre de 2023 obedeció a un tema de pesos y centavos, de vales de gasolina y de alimentos, de coches y de boletos de avión, es decir, una disputa nada edificante y que pinta de cuerpo entero a sus protagonistas. El gobierno del presidente López Obrador, los legisladores, el Poder Judicial Federal al cual pertenece el Tribunal Electoral, los partidos políticos y las candidatas presidenciales, frente a la competencia política que se avecina en el 2024, tendrían que voltear a ver con consistencia lo que está pasando en esa institución y velar por un árbitro electoral serio, capaz y moderado en sus actuaciones públicas, porque al interior parece que reina la frivolidad y el dispendio.
En este sentido, lo primero que tendría que haber pasado y que desafortunadamente ya no sucedió, fue que el Senado cumpliera con las designaciones que aún tiene pendientes de las dos vacantes para completar su integración de siete magistrados —porque está integrado ahora solo por cinco— y velar por el tipo de perfiles que van a ser parte de esa instancia de justicia, porque lo que hemos visto actualmente de sus miembros presentes palpa la desfachatez, el abuso y el derroche. Ellos tendrían que ser los primeros interesados en que contáramos con un árbitro respetado. A todos nos conviene frente a la enorme carga litigiosa que seguramente traerá el proceso político en 2024, no sólo en torno a la elección presidencial, sino en los cientos de comicios que se celebraran este año.
Creo que los integrantes del Poder Judicial Federal en lo general, así como quienes conforman el Tribunal Electoral en lo particular, no están entendiendo las circunstancias que se viven en el país; pero en materia de reformas al sistema de impartición de justicia tampoco se entiende mucho desde la administración del presidente López Obrador, vistas las reformas que él ha propuesto, todo lo cual puede generar una tormenta de pronóstico reservado después de la elección del 2024. Y ésos son los peligros más inmediatos para nuestra justicia: que los personajes involucrados en la definición de su rumbo no entiendan con claridad hacia dónde ir. Y ahí está en parte el origen del trance en el Tribunal Electoral: los magistrados electorales tampoco están entendiendo cuáles son sus funciones ni sus responsabilidades.
