La diferencia entre el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) y su antecesor Servicio de Administración y Enajenación de Bienes es que los bienes y caudales decomisados a delincuentes y funcionarios corruptos antes iban a dar a la burocracia…
Carlos Padilla Ríos
La diferencia entre el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) y su antecesor Servicio de Administración y Enajenación de Bienes es que los bienes y caudales decomisados a delincuentes y funcionarios corruptos antes iban a dar a la burocracia y ahora se destinan a mejorar condiciones de vida de quienes más lo necesitan, de acuerdo con el nuevo titular de la institución, el doctor Jaime Cárdenas.
– Como académico, constitucionalista, analista crítico de la realidad, ¿cómo ve el cambio de orientación a los recursos?
– En un país con tantas víctimas de corrupción, millones de pobres, desigualdad, es muy importante que los decomisos se destinen a programas y proyectos sociales. Quisiéramos ser más productivos, apoyar a muchos sectores vulnerables. Es lo correcto; el fin de las instituciones debe ser la protección de los derechos humanos.
El Indep también se encarga de la liquidación de empresas públicas. En este momento hay varias en ese proceso. Las más importantes son Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales), cuyo asunto tiene más de 20 años, y Luz y Fuerza del Centro (LyFC), con una década. La finalidad es apoyar a los trabajadores, jubilados, pensionados de ambas.
La idea del presidente Andrés Manuel López Obrador es que si hay adeudo y razón jurídica para indemnizar, debemos tener con qué cumplir las determinaciones de las juntas locales de Conciliación y Arbitraje. Tuvimos reuniones para resolver pendientes que no se cubrieron completamente, sino en partes.
Atendemos estos problemas jurídicos guiados por el principio de justicia social hacia los trabajadores que perdieron su fuente de empleo, al ser extintas ambas paraestatales. Hallamos problemas de transparencia. En 2016 el gobierno de Enrique Peña Nieto firmó compromisos, acuerdos y anexos con el grupo dominante del Sindicato Mexicano de Electricistas lidereado por Martín Esparza. Promovieron amparos para que no se conocieran esos escritos. Ya el INAI resolvió que debe hacerse pública toda la información. Uno de los documentos tenía que ver con nosotros y ya está a disposición de los trabajadores y la ciudadanía.
El Indep, que maneja tantos recursos, también tiene problemas de corrupción. En dos semanas que tengo aquí hemos presentado varias denuncias administrativas y penales por hechos que pueden constituir delitos, corrupción. Atendemos muchos frentes.
– ¿Todos los recursos del Indep provienen del crimen organizado y la delincuencia?
– Sí, de ilícitos fiscales, penales, crimen organizado, narcotráfico, corrupción de altos funcionarios. Recordarás que se subastó en 50 millones de pesos una casa de Amado Carrillo Fuentes, en el Pedregal. Al final no se pagó la totalidad del precio, el proceso se revirtió y otra vez es nuestra. Vamos a sortearla a través de la Lotería Nacional.
Antes, lo decomisado iba casi siempre a la hacienda pública, para engrosar el patrimonio de la Tesorería de la Federación, que los gastaba en más burocracia. El cambio que imprimió este gobierno a la venta de esos recursos es el fin social.
Este año el Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a apoyar algunos municipios. Más de 57 millones de pesos, se destinarán a Guelatao, Oaxaca; otra cantidad a Ayutla de los Libres; alrededor de 25 mdp a una carretera de Guanajuato, y el resto a la publicación de más de 2 millones de libros de historia y literatura nacionales, editados por el Fondo de Cultura Económica.
– El Instituto debe ser muy rico…
– Sí, pero con muchas deudas. Todo mundo quiere una parte y no tienes para todos. Los trabajadores de LyFC reclaman indemnizaciones y liquidaciones que los gobiernos de Calderón y Peña Nieto se comprometieron a pagar. Es un adeudo muy grande que no hemos podido cubrir, y queremos pagar poco a poco, con subastas y ventas. Ahora, con austeridad y recesión económica hay mucha necesidad.
Hace unos días se entregó un terreno al gobierno capitalino. Lo había invadido un grupo afectado por el sismo de 2017; en su plan de atención a los damnificados, la CDMX nos pidió la donación del terreno en favor de estas familias y en julio lo autorizamos. El Presidente nos pidió coordinarnos con la Secretaría Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), para que unos terrenos que pertenecieron a Ferronales, en Cuernavaca, tomados durante muchos años, se regularicen y escrituren a favor de las familias ocupante.
Podemos recibir desde una vajilla hasta una empresa, bienes muebles, inmuebles, acciones; administramos y finalmente debemos vender; a todo se debe dar destino social. Casi 95% proviene de decomisos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y 5% de la Fiscalía General de la República (FGR). Después del inventario se subastan, venden, o rematan.
– ¿Es una institución de beneficencia social?
– Sí, pero requiere no sólo dotes para distribuir recursos con justicia, sino implica muchas capacidades, porque tienes que ser buen administrador y abogado –hay cerca de 13 mil o 14 mil juicios– y además debes vender bien las cosas y después estregar los recursos a quienes más lo necesitan. Debes ser muy organizado; manejar almacenes, bodegas con bienes muebles; organizar inventarios, actualizarlos, evitar corrupción, prevenir y denunciar. Debes ser abogado, contador, administrador, mercadólogo, además de tener sensibilidad social para cumplir con los más pobres.
– ¿Con qué personal cuenta?
– Es una plantilla robusta. Hay un plan de reestructura para llegar al número adecuado. Son casi 600 trabajadores con plaza, más otros por honorarios, a quienes quizá el próximo año ya no tengamos la autorización de la Oficialía Mayor de Hacienda o de la Función Pública para contratarlos. Hay personal capacitado y otro no tanto, que heredamos de administraciones anteriores, con su plaza y todo lo que conlleva. Solamente los directivos de la institución son nuevos, la mayor parte de los trabajadores provienen del pasado. En esta Institución también hemos detectado casos de corrupción que están en proceso.
@carlpadillarios
