Manuel Tejeda Reyes
El próximo domingo primero de junio se llevará a cabo el proceso electoral para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación, así como para la renovación de jueces y magistrados en algunas entidades del país, ambas derivadas de la reforma constitucional al Poder Judicial de septiembre del año 2024, en la que se estableció que los cargos de juzgadores se elegirán mediante voto popular.
En esta elección, los ciudadanos que concurran a las urnas podrán elegir 881 cargos judiciales, mismos que estarán distribuidos de la siguiente manera: 9 Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 Magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 15 Magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 5 Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial , 464 Magistraturas de Circuito y 386 Jueces de Distrito, además de un número variable de juzgadores locales en las entidades federativas en las que sus ciudadanos sean llamados a las urnas para tal fin.
Para este ejercicio, los candidatos que aparecerán en las boletas se postularon mediante 3 convocatorias públicas, mismas que fueron emitidas y desarrolladas con distintos grados de profesionalismo e integridad por cada uno de los poderes de la Unión, con la finalidad de que los votantes puedan conocer en las mismas boletas las iniciales de los poderes que postularon a los distintos candidatos.
En teoría, para este tipo de procesos los candidatos no serán postulados por los partidos políticos, por lo que supuestamente esas organizaciones tampoco podrán promover ni apoyar en forma pública o privada a ninguno de los contendientes. También se presume que estarán impedidos de entregar obsequios para favorecer a candidatos concretos, no podrán comprar publicidad en medios de comunicación, tampoco en redes sociales ni en espacios físicos; y se supone que no participarán de ningún modo para apuntalar a los aspirantes a convertirse en juzgadores.
Quizá usted ya se preguntó, lector, ¿cómo se están financiando las campañas?, y para ello es importante saber que el 20 de marzo de 2025, derivado del acuerdo INE/CG225/2025, se aprobó que los topes de gastos personales de campaña quedarían distribuidos de la siguiente manera: $1,468,841.33 para los candidatos a Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como para los cargos de Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial.
Para los candidatos de las Salas Regionales del mismo Tribunal, el tope de gastos quedó establecido en: $881,304.80. A los Magistrados de Tribunal Colegiado de Circuito y de Apelación, se les asignó $413,111.63; y, finalmente, para los candidatos a Juzgados de Distrito, el monto quedó en: $220,326.20.
Esa es la generalidad del proceso electoral que está próximo a efectuarse, pero independientemente de ello, lo que estimo vamos a presenciar en esta futura elección, fruto de la más honda reforma constitucional de este último cuarto de siglo en México, será un sonoro fracaso, porque fue concebida, diseñada y ejecutada con los peores vicios y las más añejas malas práctica posibles; está sostenida con alfileres.
Muchos de los candidatos que estarán en las boletas no debieron considerarse idóneos por los Comités que supuestamente los evaluaron, y si bien la reforma se apoyó en un diagnóstico evidente, es decir, en la necesidad de transformar al Poder Judicial, su implementación se llevó a cabo de manera poco o nada seria, porque prevalecieron la improvisación y las ocurrencias, de forma que me atrevo a pronosticar que la administración de justicia en el país, en el mejor y más improbable de los casos, no será transformada y de ser ese el caso, las cosas seguirán igual que siempre. Pero en el peor y más probable de los escenarios que vamos a ver, la justicia sí se va a transformar, pero para poner las cosas peores que en la actualidad.
De entrada, la reforma es atrozmente disruptiva, pues únicamente ofrece un cambio desgarrador del Poder Judicial, pero va en dirección contraria a los propósitos que teóricamente busca, y es que, sin duda, el cambio que permitirá que la casi totalidad de los jueces, magistrados y ministros del país sean elegidos mediante el voto popular es tan extravagante, que no sucede en ningún lugar del mundo.
Es cierto que en los Estados Unidos se eligen jueces locales, pero sólo en algunos estados. En los Cantones suizos, que son entidades político-administrativas con amplia autonomía, también está previsto el esquema de elección de jueces; en Japón existe el procedimiento para que la ciudadanía ratifique o no los nombramientos que hace el Parlamento respecto de los integrantes de la Corte Suprema, lo cual se hace en las elecciones generales inmediatamente posteriores a la designación de los jueces constitucionales, y finalmente está el caso emblemático de Bolivia, mismo que incluso fue citado como un referente en la exposición de motivos de la iniciativa de López Obrador para reformar al Poder Judicial, el cual le permite a los ciudadanos de ese país sudamericano votar, desde el año 2011, por los cargos en el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.
De esta reducida lista es posible advertir que son muy pocos los países del mundo que han optado por trasladarle a la ciudadanía la responsabilidad de elegir a sus jueces, pero como se señaló en líneas precedentes, lo que se va a hacer en México, en donde todo tipo de jueces, federales, locales y de la más amplia variedad de tribunales, serán nombrados por el voto popular, no tiene paralelo en la historia.
Tampoco sucedió antes en ninguna parte del mundo, por lo que las democracias más añejas y avanzadas nunca lo pusieron en práctica, y creo que ese sólo hecho tendría que haber invitado a reflexionar a los reformadores de las Constitución sobre si la ruta de designación propuesta era la mejor.
Pero como lo de antes se parece tanto a lo de hoy, luego de que los legisladores de Morena y sus aliados recibieron la “invitación” a no moverle “ni una coma” a la iniciativa, resultó que presenciamos lo mismo que hace algunos años tanto le criticaba la izquierda a los legisladores del PRI y del PAN, quienes eran señalados por su falta de independencia, porque cuando recibían una instrucción presidencial la acataban y se sometían hasta la ignominia…y al final resultó que con los legisladores del actual oficialismo ocurrió lo mismo y por lo tanto a la iniciativa no se le movió ni una coma.
El respaldo acrítico de los partidarios de Morena a este despropósito abrumador me parece alarmante. Yo no he escuchado mayores argumentos en pro de la reforma, más allá de la palabrería que rinde culto al lugar común, (el pueblo va a elegir a sus jueces), y las felicitaciones anticipadas a los potenciales votantes, quienes con sus sufragios supuestamente van a terminar con la corrupción judicial, cuando lo único que van a hacer será refrendar unas candidaturas previamente seleccionadas por otros, con el añadido de que las votarán aún sin conocerlas. Y si se trata de forzar la exposición de razonamientos que justifiquen la pertinencia del cambio, escucharemos de nuevo el consabido: “Los actuales jueces son todos corruptos”. Ello sin tomarse la molestia de presentar las pruebas que confirmen la aseveración y también sin cuestionar por qué ni el gobierno anterior ni el actual dejaron de proceder legalmente en contra de esos a quienes catalogan como impresentables putrefactos.
Creer que la elección de los jueces y la vigilancia de sus acciones con un tribunal creado exprofeso para ello resolverán la corrupción y el nepotismo dentro del Poder Judicial es una conclusión infundada, también es olvidar que ya antes hemos elegido diputados, alcaldes, senadores, gobernadores y presidentes y que la corrupción no se acabó. Eso es, lisa y llanamente, inclinación por creer fantasías.
Para el próximo proceso electoral que ya está en puerta hay un gran número de preguntas que no tienen respuesta, a saber: ¿De verdad alguien cree que las dificultades en el Poder Judicial se producen únicamente en el sistema de designación de los jueces? ¿Estaremos mejor si elegimos a los juzgadores, cuando antes hemos elegido otros cargos y la corrupción pública y privada no se acabó? ¿Qué países del mundo han puesto en práctica, de forma exitosa, una iniciativa como esta?
¿El votante sabe por quiénes van a sufragar? Si no lo sabe, como es evidente, ¿Cuáles son los riesgos al elegir a personas que no se conocen? ¿Qué participación tendrá la delincuencia organizada y no organizada en esta elección? Insisto, lamentablemente de ninguno de estos temas habla la grey de Morena; sólo se repite que la elección es un principio democrático. Si eso es así, ¿por qué no elegimos también a los directores de Pemex o del IMSS, que manejan recursos públicos multimillonarios? Frente a estos cuestionamientos, lo que será más factible de escuchar como respuesta es que la elección de jueces, magistrados y ministros va a acercar la justicia al pueblo y va a terminar con la corrupción.
Lamentablemente, escuchando ese tipo de afirmaciones, he recordado la máxima que dice: “De buenas intenciones está empedrado el camino del infierno”. El Poder Judicial (mismo al que muchos de los votantes vinculan con la policía judicial) tiene una bien ganada malísima imagen. Y en efecto, el Poder Judicial necesitaba una reforma, pero no cualquier reforma, y ciertamente no la de elegir a los jueces.
Me preocupan muchos aspectos de la reforma ahora que veo a los candidatos pidiendo el voto popular: idoneidad de los aspirantes; también las ausencias para elegir a los magistrados de los tribunales administrativos, agrarios y militares. Me pregunto por qué ellos no están contemplados en la reforma, si al menos en los tribunales administrativos la justicia es un desastre.
Para explicar esas ausencias propongo como hipótesis el hecho de que desde el oficialismo se percibe que esos tribunales ya están cooptados y por lo tanto no es necesario remover a sus integrantes, dado que a la mayoría se les designó durante el sexenio anterior.
Ahora bien, independientemente de ello, por ahora me vislumbro como votante y advierto que, para diferenciarse entre sí, los candidatos cayeron ya en un abierto populismo judicial. Es decir, están ofreciendo lugares comunes, rimas y canciones propias de ferias de pueblo, fotos con escasa ropa, bailes, canciones y comidas en espacios populares.
Así, para un elector medianamente responsable, definir su voto y elegir entre unos y otros no será sencillo. Y es que no le dice nada al votante promedio, asediado por sus problemas personales; agobiado por atender y resolver las dificultades de todos los días; que está preocupado porque el dinero no le alcanza y por llegar con recursos al final de la quincena, que un candidato a juez o a magistrado le diga que es cercano a la gente, o a que representa “la transformación”; o que es partidario de separar el poder económico y/o político del poder judicial. Cuando todos los que aspiran a los cargos en disputa y que tienen posibilidades de ser electos, en realidad están vinculados precisamente al poder político, por lo que ese tipo de dichos suenan a demagogia barata.
El votante común, que no tiene ninguna obligación de tener conocimiento legal, tampoco sabrá por quién votar, a menos que dirigentes políticos interesados les marquen la pauta. Y lo cierto es que durante lo que va de las campañas no hemos visto ofrecimientos serios y sí hemos presenciado los lemas facilones, frases hechas, tan vigentes y comunes en las contiendas electorales de los últimos tiempos para elegir legisladores y gobernantes, así como las ofertas huecas y los compromisos llenos de generalidades, que por lo tanto son imposibles de cumplir.
Lo cierto es que el conjunto de problemas que se presentan en el sistema de justicia mexicano no será resuelto con la elección de jueces, magistrados y ministros, porque para abordar la cuestión de forma integral y encontrar las mejores soluciones, hubiéramos requerido que se trataran también las deficiencias y prácticas corruptas que persisten en las fiscalías; en los sistemas penitenciarios; en las defensorías de oficio; en los tribunales administrativos, agrarios y militares, que no son parte de la iniciativa de reforma.
También era necesario atender el problema que significa la formación de los abogados, ello ante la proliferación de escuelas de derecho que carecen de todo rigor académico. Este es el inicio de un cambio que está haciendo un gran ruido, pero que no será suficiente y que sí es muy peligroso.
Hay mucho por modificar y mucho por mejorar, pero lo que se ha hecho está lejos de ser la solución de fondo, porque no implica en su totalidad al sistema de justicia. Además, la elección de jueces no terminará por resolver siquiera alguno de los problemas que llevan años viviéndose en los tribunales y sí traerá al justiciable nuevos motivos de pesadumbre.
*Abogado y analista
