Manuel Tejeda Reyes
La lucha contra la corrupción estuvo en el centro de la campaña electoral del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Para muchas personas, el hecho de que el entonces candidato presidencial de Morena insistiera en que ese problema ancestral de nuestro país empezaría a solucionarse en su gobierno, fue la clave de su triunfo en las elecciones del 1 de julio de 2018.
La promesa de acabar con la corrupción y la impunidad fue refrendada en su discurso de toma de posesión como Presidente de México, el primero de diciembre de 2018; pero paulatinamente, en un inesperado cambio de postura, AMLO empezó a deslindarse de la lucha para inhibir y castigar la realización de conductas perniciosas para la sociedad mexicana y con ello se fue acabando con la esperanza de disminuir la impunidad.
Las autoridades mexicanas, obligadas a castigar la corrupción para así prevenirla, han terminado por perdonar a los corruptos del pasado y del presente, incumpliendo con su responsabilidad de investigar y sancionar los actos y las omisiones contrarias a la ley.
La Constitución obliga a las autoridades a investigar, perseguir y sancionar la corrupción, pero en México eso se dejó de hacer, no obstante que constituye la causa eficiente de violaciones graves de derechos humanos, como lo demuestran los miles de desaparecidos, así como los homicidios dolosos, sobre los cuales no se imputan a los perpetradores las correspondientes responsabilidades penales. Para el actual gobierno mexicano terminar con la corrupción fue una promesa de campaña y por eso mismo, dar resultados concretos en ese campo tendría que ser una obligación prioritaria, pero el tema terminó siendo una herramienta política más.
La investigación y sanción de los grandes casos de corrupción acabó reducida a una decisión unilateral de AMLO, quien optó por concluir que aquellos que afectaron el patrimonio del Estado y la calidad de los servicios públicos; que desfalcaron los recursos destinados a la educación, a la seguridad y a la salud pública durante los seis años del gobierno de Peña Nieto, no serían imputados como responsables de sus actos, lo que expuso el severo problema de la impunidad que se padece en México.
Es de conocimiento público que, en México políticos, gobernantes y los grandes empresarios son una clase impune. Sin duda, el poder punitivo del Estado no debe utilizarse para fustigar a los adversarios políticos, pero en nuestro país estamos en el extremo opuesto, porque los operadores más desprestigiados en los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, que anteriormente vivían enfrentados con Morena y con el actual presidente de la República, hoy hacen equipo con el primer mandatario y con el Partido oficial, no obstante que el mandamiento en las urnas del 1 de julio de 2018 fue que el entonces nuevo gobierno mexicano combatiera frontalmente la corrupción.
Prueba de que eso no sucedió y que el contubernio entre los políticos desprestigiados y López Obrador estuvo, está y seguirá vigente mientras que a cada una de las partes les resulte políticamente redituable, es la alianza establecida entre Morena y el Partido Verde, esta última una institución que no es un Partido político, sino un negocio de amigos y familiares, quienes reciben cientos de millones de pesos para hacerse pasar como un instituto político.
Todos los que nos interesamos en los asuntos de orden público sabemos que cuando se habla del Partido Verde se está en presencia de una engañifa, pero el actual cobijo presidencial, la alianza política con el gobierno y las reglas vigentes del sistema electoral lo vuelven absolutamente necesario para el interés de la autoproclamada “Cuarta Transformación”. Es así, pero eso no quita que respecto del negocio particular denominado “Partido Verde Ecologista de México” tampoco haya defensa posible.
Este membrete representa, en promedio, entre 3 y 5 por ciento de los votos que provienen de parte de un grupo de electores jóvenes no politizados, así como por personas receptoras de camisetas, mochilas, dinero y otros regalos que reciben a cambio de sus votos. En medio de la polarización política que vivimos, los diputados y senadores del Verde son imprescindibles en votaciones concluyentes dentro del Congreso y, por consecuencia, son cortejados y consentidos por el gobierno y su partido.
A pesar de que ese negocio disfrazado de partido carece de base social y también territorial, no obstante que su membresía es escasa, el PVEM recibe prerrogativas, curules, escaños; también hace alianzas electorales en pro de la “Transformación” y por lo tanto obtiene posiciones de poder. El negocio es perfecto y absolutamente impenetrable ante cualquier intento social o político para marcarle un alto y ponerle punto final. Los votos de su electorado le han significado tener un número de diputados y senadores que se vuelve apetecible para que los demás partidos, principalmente los que están en el poder, terminen dispuestos a comprar sus votos y su disciplina a cambio de alianzas, cargos de elección, aún en lugares en los que carecen de apoyo social por sí mismos. Así las cosas, los dueños del negocio se enriquecen impúdicamente y también obtienen cada vez mayor poder.
Privilegiando la conveniencia política, sin que importe argumento alguno sobre el programa de gobierno, la plataforma electoral o la ideología, los Verdes están dispuestos a aliarse con el mejor postor. En las elecciones del 2000 lanzaron como su candidato presidencial a Vicente Fox; en 2006 a Roberto Madrazo; en 2012 a Enrique Peña Nieto; en 2018 a José Antonio Meade y en 2024 apoyarán a la de Morena. En otras palabras, cobijaron a los candidatos del PAN y del PRI, que impidieron la “Transformación”, y ahora seguramente respaldarán a la candidata que dice impulsarla. Ellos actúan dependiendo de las ofertas que reciban y de cómo perciban la correlación de fuerzas que a futuro les asegure mayores canonjías. En consecuencia, es factible concluir que el PVEM no es un partido sino una próspera empresa.
Si las encuestas son método que definirá la candidatura presidencial de la “Cuarta Transformación” el PVEM, al margen de cualquier agenda ambiental o contra el cambio climático, es apto para competir. Y para hacerlo seriamente seleccionó como su representante a alguien que no tiene nada que ver con plataformas ideológicas o trayectoria política en favor del medio ambiente, pero quien en cambio tiene virtudes fotogénicas.
El criterio de incorporación del abanderado de los Verdes para la obtención de esa candidatura tuvo más que ver con la agenda de la farándula y con los desplantes propios de los juniors, que, con principios y programas, con el valioso añadido de que el personaje está casado con una mujer socialmente considerada bonita y que también es famosa. ¿Alguien preguntó por las capacidades intelectuales o políticas del abanderado? Por favor, no sean imprudentes, tampoco es el momento de detenerse en minucias; estamos trabajando en pro de la transformación.
El representante del Partido Verde Ecologista de México es impresentable, simplemente por el hecho de que es miembro de un membrete gravoso e inútil para la vida social y política en México, que existe sólo en el contexto de los absurdos de nuestra vida pública y de la polarización inútil de los políticos. Y en efecto, si para los Verdes todo es asunto de negocios y de poder, Manuel Velasco se presentó a la encuesta para eso y no para pensar en ganar. Él iba por el gobierno de Chiapas y a cambio de su apoyo eso va a recibir.
Por las fechas en las que AMLO pidió a sus colaboradores que le indicaran quiénes se quedaba con él al cierre de su gobierno y quiénes se iban de campaña, supo que entre los que se irían estaba inscrito Zoé Robledo, que pretendía la candidatura de Morena al gobierno de Chiapas.
El director general del IMSS fue uno de los ocho funcionarios del gabinete legal y ampliado que levantaron la mano para decir que iría a competir por un cargo de elección popular en los procesos electorales de 2024.
Creo que fue el miércoles 14 de junio de 2023 cuando Robledo Aburto anunció en un video, que hizo público en sus redes sociales y que después fue ampliamente difundido en los medios de comunicación, que renunciaría a la dirección del Seguro Social para buscar ser el candidato de Morena a la gubernatura de Chiapas.
Zoé Robledo Aburto es un político joven, tiene 44 años, se percibe cercano a López Obrador, ya ha ocupado distintos puestos públicos y proviene de una familia que también ha participado en la política.
Su tío-abuelo, Edgar Robledo Santiago, fue secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), diputado federal y senador por Chiapas, pero pidió licencia a este último cargo para dirigir el ISSSTE, entre 1970 y 1975, en el sexenio del presidente Luis Echeverría. Cuando dejó ese cargo porque Echeverría designó como nuevo director del ISSSTE a Salvador Sánchez Vázquez, regresó a ocupar su espacio en el Senado hasta el final de la legislatura.
Su padre, Eduardo Robledo Rincón, fue diputado federal entre 1985 y 1988, secretario general adjunto del CEN del PRI cuando ese Partido lo encabezó Luis Donaldo Colosio; electo senador en 1991 y posteriormente gobernador de Chiapas, entre diciembre de 1994 y febrero de 1995, después de que a inicios de aquel año tuviera lugar un alzamiento militar por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), movimiento que se levantó el 1 de enero de 1994. Dejó el cargo para ser nombrado embajador de México en Argentina, durante el gobierno de Ernesto Zedillo. En 1999 regresó al país y fue designado secretario de la Reforma Agraria.
Por su parte, Zoé Robledo fue electo diputado local de Chiapas en los comicios locales del año 2010; posteriormente fue senador de la República por el PRD para el período comprendido entre 2012 y 2018. En 2017 renunció a ese partido y se afilió a Morena. En las elecciones del año 2018 fue electo diputado federal por Chiapas y al inicio del actual gobierno solicitó licencia al cargo, ya que el presidente López Obrador lo designó subsecretario de Gobernación. Estuvo pocos meses en esa tarea, porque luego de la renuncia de Germán Martínez a la dirección del IMSS, en mayo de 2019, Zoé Robledo asumió esa misma responsabilidad que actualmente desempeña.
En los medios se filtró que fue el propio Andrés Manuel López Obrador quien llamó a Zoé Robledo para pedirle que bajara su pretensión de ser candidato al gobierno del estado de Chiapas, dejándolo colgado de la brocha en su aspiración electoral.
Después de que aceptó su pedido, López Obrador elogió a Zoé Robledo en la conferencia mañanera del lunes 21 de agosto. AMLO señaló sobre el tema: “Fue a decirme que él no quiere abandonar el proyecto del Seguro y en particular quiere terminar cumpliendo el compromiso que tenemos de dejar establecido el sistema IMSS-Bienestar, garantizar el derecho del pueblo a la salud. Le di un abrazo, porque uno tiene que saber dónde es más útil en un proceso de transformación, y no se lucha por cargos, se lucha por principios, por ideales, por encargos”.
En Chiapas había dos grupos definidos para el proceso sucesorio que se aproxima: los que apoyaban a Zoé Robledo y los que simpatizan con el senador Eduardo Ramírez Aguilar. Los primeros resaltaban la cercanía política y administrativa de Zoé Robledo con López Obrador; mientras que los seguidores de Ramírez Aguilar señalaban la cercanía del senador con su colega, jefe y amigo, Manuel Velasco Coello, él también próximo en términos políticos y afectivos al Presidente de la República.
El mismo lunes 21 en el que se dio a conocer la noticia de que no sería candidato, el equipo de Robledo había difundido una encuesta en un periódico de circulación nacional, en la que él estaba como puntero entre los pretendientes a la gubernatura.
También había trascendido que Zoé Robledo tenía un grupo que ya operaba en territorio chiapaneco y que estaba dedicado a promover su aspiración política, recorriendo los municipios y comunidades del estado para hacer contacto con los potenciales electores y darles a conocer la figura del aspirante a gobernador.
Lo cierto es que la alianza MORENA-PVEM le arrebató al director del IMSS la aspiración de alcanzar la gubernatura de Chiapas. Esa y sólo esa fue la pretensión de Manuel Velasco Coello al lanzarse como aspirante a candidato presidencial. Y las cosas resultan bastante claras, porque parece que las condiciones políticas cambiaron y que ya no se espera un día de campo para el gobierno en las próximas elecciones de 2024; y si hay en México personas conocedoras de las coyunturas electorales, ellos son los dueños del Partido Verde, cuyos dirigentes lograron cobrar la factura correspondiente para mantener su alianza con Morena.
Desde el momento en el que Manuel Velasco pudo dejar su escaño en el Senado, al comenzar este sexenio, para regresar a concluir su período como gobernador de Chiapas y después volver al Senado, en una cuestionable interpretación constitucional, el dirigente de los Verdes se convirtió en aliado político de López Obrador.
Estoy convencido de que la decisión de Velasco Coello de contender por la candidatura presidencial, en una disputa que de antemano sabía que estaba perdida, tuvo como finalidad abrir otra posibilidad que era la que a él le interesaba y que finalmente podrá conseguir, que era la de definir la candidatura para Chiapas. Considero que la decisión presidencial de bajar de la contienda a Zoé Robledo favorece a Eduardo Ramírez Aguilar, personero y candidato de Manuel Velasco Coello. En ese escenario, la gubernatura será también para el senador Ramírez Aguilar. Los candidatos de la oposición serán meramente testimoniales.
Creo que no debe pasar inadvertido que el actual presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado vive en un penthouse en Polanco, mismo que fue comprado por la empresa “Atlaniconstrucciones” SA de CV, cuyo domicilio fiscal aparece ubicado en un pueblo de poco más de 200 pobladores, de acuerdo con lo que sobre el particular informó el periódico Reforma.
Según ese medio, la compañía podría ser fantasma, pues no se encuentra en la localidad de Ejido Nuevo Chapultepec, en el municipio La Trinitaria, Chiapas, como se señala en su domicilio fiscal.
El periódico consignó que sus reporteros acudieron a la dirección que aparece como domicilio fiscal, pero allí sólo “hay una única Avenida, de casi 200 metros de largo, seis calles más y las casitas de madera y cemento, así como escuelas y una clínica”.
El representante legal de la empresa dueña del penthouse donde vive el senador morenista es identificado como Julio Hernández Domínguez, un campesino del referido pueblo chiapaneco. De acuerdo con lo que publicó Reforma, los habitantes del lugar dijeron reconocer el nombre del personaje, pero negaron que fuera un empresario. También le dijeron a los reporteros del medio citado que en la localidad no hay alguna compañía establecida.
En términos de lo que documentó el periódico, el penthouse donde desde hace cuatro años vive el senador morenista Eduardo Ramírez Aguilar tiene 311 metros cuadrados y se ubica en la calle Arquímedes, en la Colonia Polanco de la Ciudad de México. La propiedad “estaba valuada en 22 millones de pesos, pero la empresa pagó 18.5 millones de pesos, según el registro de compra-venta con folio real 1373873”, indicó el diario. El senador admitió rentar el penthouse, pero aseguró que desconocía la identidad de los dueños. De esa vivienda saldrá quien pretende abanderar la transformación en Chiapas.
Desconozco si como eventual gobernador de su estado, Zoé Robledo se hubiera planteado pactar o no con los narcotraficantes, o si se hubiera sometido o no al chantaje de los delincuentes y políticos corruptos; tampoco sé si las notas de prensa que señalaban malos manejos en las finanzas del IMSS fueron factor para bajarlo de la candidatura; no sé si los colaboradores que eligió fueron los idóneos para convertir el sistema de salud que tiene México en uno semejante al que existe en Dinamarca, pero tampoco creo que el asunto de la presunta corrupción en el IMSS haya sido el factor a considerar en el ánimo presidencial para pedirle que retirara su eventual candidatura.
Lo que sí estimo es que Zoé Robledo no pidió quedarse hasta el final del sexenio en la dirección general del IMSS, porque esa fue una decisión presidencial que se dio para favorecer las posiciones políticas de sus aliados, los dueños del Partido Verde, quienes con sus conductas, posturas políticas y comportamiento público, hacen imposible que a estas alturas del sexenio se tome con seriedad la afirmación gubernamental de que México camina rumbo a la transformación de su vida pública. Si acaso lo que hay es mera simulación.
*Abogado y analista político
