Luego de la reforma constitucional de 2013 en materia de telecomunicaciones, creció la demanda para que los grupos sociales pudieran tener acceso a las concesiones en Internet más allá de los grandes corporativos.
La demanda prosperó y en Oaxaca, Chiapas y Veracruz algunos grupos tomaron la iniciativa, como Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias (TIC).
Para pequeñas regiones, el problema no fue técnico, sino económico. Ya que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en principio quiso cobrar un millón de pesos por los derechos. La asociación se amparó, y posteriormente ganó el amparo.
Aunque aquel triunfo sentó un precedente, el amparo sólo beneficiaba a ese grupo, no al resto de las comunidades indígenas.
El IFT apeló el amparo y el caso ahora ya está en la Suprema Corte, donde el ministro Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena tiene un proyecto de sentencia, que propone exentar del pago de derechos a los grupos sociales que busquen ofrecer los servicios de Internet en regiones a donde no quieren llegar empresas como Telcel, Izzi o Total Play o Telefónica.
Ahora de acuerdo con información del periódico La Jornada, Gutiérrez considera que los pueblos indígenas tienen derecho a acciones afirmativas en materia de telecomunicaciones por lo que no se les deben cobrar las tarifas establecidas por la Ley Federal de Derechos en aquellas comunidades.
