Gerardo Israel Montes
Al igual que ocurrió en los procesos electorales de 2021-2022, en donde la prensa vinculada al PRI y al PAN desarrolló una evidente estrategia de desinformación en torno a la mentira de un supuesto pacto entre Morena y grupos del narcotráfico, a inicios del 2024, las empresas de la información y periodistas opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, volvieron a publicar la misma versión, con mayor intensidad, acerca de supuestos trabajos de investigación sobre la infundada alianza entre el partido gobernante y grupos de la delincuencia organizada.
Para contextualizar la feroz campaña periodísticaelectoral iniciada a finales de enero de este año. Es oportuno recordar el origen de la maniobra de los medios opositores, quienes sin presentar prueba alguna, sólo pretenden sembrar la idea de que Morena mantiene una relación con el narco, con el único propósito de afectarlo electoralmente.
En 2022 no sorprendió que se montaran a la estrategia electoral del supuesto pacto Morenanarco, aquellos comunicadores que han hecho del “publiperiodismo”, el chayoterismo y la simulación, su modus operandi y su forma de vida, como Raymundo Riva Palacio, Salvador García Soto, Héctor de Mauleón, entre otros. Pero sí resultó extraño que periodistas “independientes” comoCarmen Aristegui y Anabel Hernández participaran en esta trama de desinformación con fines electorales y con el claro objetivo de influir en los votantes de ocho entidades, donde se votará por gobernador, más la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y la Presidencia de la República.
El 2 de junio de aquel año, en su espacio radiofónico en Grupo Radio Centro, Carmen Aristegui entrevistó a uno de los políticos más destacados del viejo régimen hegemónico del PRI: Francisco Labastida, candidato presidencial priista durante el proceso electoral del año 2000 y beneficiado del Pemexgate, un grave episodio de corrupción que se dio en México, a través del cual se desviaron mil 500 millones de pesos del sindicato de Petróleos Mexicanos a la campaña del político priísta.
Como fue publicado en el número de Zócalo de julio de 2022: “Rumbo al 2024, la estrategia de desinformación opositora se basará en la mentira del pacto Morena-narco”. Durante aquella entrevista con Labastida, Aristegui dio especial relevancia a los dichos de la iracunda senadora panista Lili Téllez, respecto a que los integrantes de Morena “son el brazo político del crimen organizado”. Al mostrar demasiada insistencia para introducir la narrativa falaz de la oposición y sembrar la duda del supuesto pacto Morena-narco, la periodista preguntó: “Cuatro visitas a Badiraguato del presidente de la República, Francisco Labastida (…) ¿Qué puede estar detrás?”
–Francisco Labastida: Ah, detrás pueden estar cosas muy sospechosas, pero no tengo la evidencia suficiente.
–Aristegui: Querría decir, y lo pongo en esos términos, porque si tú no tienes pruebas, yo menos, ¿Qué sería el mismísimo presidente de la República? ¿Qué estaría haciendo alguna gestión en ese corazón de la tierra del narco, en Badiraguato, o por qué cuatro viajes tan seguidos a ese lugar?
–Labastida: ¿Por qué va cuatro veces, este, a un pueblo de 5,000 habitantes? Porque obtienen… La extraña entrevista hecha por Aristegui a Labastida Ochoa, ex gobernador de Sinaloa, mereció la pronta respuesta de López Obrador quien, tras negar los señalamientos de vínculos con el narcotráfico, le urgió al político priista a comprobar sus acusaciones, lo cual no ocurrió.
Dicha entrevista también suscitó cuestionamientos a la solvencia moral de Labastida. El 3 de junio de 2022, Adrián López, director del periódico Noroeste, publicó en Twitter un mensaje recordando un episodio de cuando el priista gobernó Sinaloa: “En 1989, mandos de Labastida fueron detenidos y acusados de proteger a Félix Gallardo; me fallaron los informadores, dijo él entonces”.
En conexión con la narrativa del pacto Morena-narco, un día después de la entrevista a Labastida, el 3 de junio de 2022, la colaboradora del espacio radiofónico de Aristegui, Anabel Hernández, publicó en el portal de la Deutsche Welle (DW): “Narcopacto electoral entre la familia de “El Chapo” y MORENA”, en donde con base a “fuentes” y “dichos”, sin mostrar alguna prueba palpable, la periodista escribió afirmaciones como las siguientes: que en 2021 para ganar la gubernatura de Sinaloa y algunas presidencias municipales, “integrantes del partido oficial Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA)” hicieron un “narcopacto electoral con Iván Archivaldo Salazar (…). Así lo afirman fuentes directas que conocen de primera mano los hechos y los corroboran personas que han formado parte del equipo cercano del presidente de México, quienes aseguran no desconoce ni desaprueba dicho acuerdo”.
Según Hernández, el propósito del acuerdo fue que los hijos y hermanos de “El Chapo”, se sumaran a la bendición de Ismael Zambada García, el líder máximo del Cártel de Sinaloa, y ayudaran a Rubén Rocha Moya,quien fue candidato de Morena-Partido Sinaloense (PAS), para que ganara la gubernatura. Según Hernández, con el fin de que la familia de “El Chapo” operará en la elección, “se realizaron reuniones claves con morenistas”. La condición de “Los Chapitos” y sus tíos para ayudar a Morena fue que se frenara cualquier persecución y órdenes de captura con fines de extradición.
Si fuera cierta la narrativa de Hernández, después de la detención de Ovidio Guzmán López, ocurrida el 5 de enero de 2023, el supuesto narco-pacto se hubiera terminado y, como respuesta a la traición, el Cártel de Sinaloa bien pudo haber filtrado videos de las supuestas reuniones entre miembros del cártel de con integrantes de Morena. Nada de eso sucedió. Es decir, no hay pruebas de esa supuesta relación Morena-Cartel de Sinaloa.
En 2022, Aristegui y Anabel Hernández se unieron a la infamia del supuesto pacto Morena-narco, en aras de influir en las elecciones celebradas ese año, estrategia desinformativa que ya había sido practicada un año antes, durante las elecciones intermedias de 2021, por columnistas afines al PRI y al PAN, como se consignó en el texto citado de Zócalo de julio de 2022, y del cual se mencionan algunas columnas para recordar el origen de la maquinación de esta táctica de desinformación.
Uno de los principales instigadores que comenzaron con la narrativa falaz del pacto Morena-narco, fue Raymundo Riva Palacio, quien el 20 de mayo de 2021 publicó en El Financiero: “Morena y el narco en Valle de Bravo”, texto donde, sin pruebas, afirmó de manera directa que integrantes de Morena mantenían vínculos con el narco en aquella región del estado de México. Posteriormente, publicó en ese mismo periódico: “El narco votó por Morena” (15-06-21).
Siguiendo la misma línea de acusar sin pruebas, Salvador García Soto publicó el 27 de julio en El Universal “Morena ¿organización criminal para EU?”, columna en donde narró un suceso ocurrido supuestamente “en un Puente Internacional de Tamaulipas”. En la frontera con Estados Unidos, que involucróa un recién electo alcalde mexicano quien, a pesar de contar con una visa “Global Entry”, otorgada a mexicanos de alto perfil socioeconómico, fue interrogado por agentes migratorios del país vecino y por un agente del FBI. La explicación que le dieron por el motivo de su retención fue que su nombre aparecía como integrante “de una organización criminal llamada Morena, que está conspirando contra Estados Unidos y que financia sus campañas con recursos ilícitos”.
También en el periódico propiedad de Juan Francisco Ealy Ortiz, el 23 y 24 de agosto de 2021, Héctor De Mauleón escribió, respectivamente: “¿El narco ayudó a Morena?” y el “México de los narcos”, en los cuales promovió ampliamente el documento que el mismo 23 de agosto los presidentes del PRI, PAN y PRD habían entregado al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, denunciando la supuesta narco elección, que se había dado en el país y cuyo beneficiario habría sido Morena.
Elección 2024, sigue la confabulación
Ante la proximidad del término de la administración de López Obrador y el proceso electoral de 2024, nuevamente medios y periodistas, nacionales y extranjeros, han retomado la intriga del presunto pacto Morena-narco, con un claro guion elaborado por la Administración de Control de Drogas (DEA), agencia estadounidense que busca que sus agentes recuperen la capacidad de movimiento dentro de nuestro país, como la que tuvieron durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y de Felipe Calderón, por lo que se deduce que su apuesta electoral es por la candidata de Fuerza y Corazón Por México, la también blanquiazul, Xóchitl Gálvez.
Dichos textos de “periodismo de investigación” alentados por la DEA, fueron: “Operación Polanco’: cómo la DEA investigó la campaña presidencial de AMLO de 2006 (InSigthCrime- Steven Dudley/300124); “El Cartel de Sinaloa financió la campaña de AMLO en 2006” (DW. AnabelHernández/ 300124); “¿Entregaron los narcotraficantes millones de dólares a la primera campaña del Presidente Mexicano López Obrador?” (Propública, Tim Golden/ 310124), y “Qué pasó con la investigación a la campaña 2006 de AMLO?” (DW. Anabel Hernández/01-02-24);
El hilo narrativo de la trama publicada en estos tres medios tuvo como base la investigación que la DEA bautizó con el nombre de: “Operación Polanco”, en donde se asentaron varios hechos que al final no se comprobaron; entre ellos, los siguientes:
A finales de 2005, o enero de 2006, hubo una reunión celebrada en un hotel en Nuevo Vallarta, Nayarit, en donde estuvieron presentes Edgar Valdez Villareal, “La Barbie”, su suegro, Carlos Montemayor, por parte de los Beltrán Leyva y, supuestamente por el equipo de AMLO, los empresarios Francisco León García y Emilio Dipp Jones, quienes habrían planteado a los narcotraficantes que, de ganar AMLO, ellos podrían “seleccionar a los comandantes de policía en algunas plazas fronterizas importantes” y que López Obrador “no nombraría a un procurador general que ellos percibieran como hostil a sus intereses”.
Se acordó que la organización criminal otorgaría al menos 2 millones de dólares a la campaña de AMLO; y que el encargado de entregar el dinero sería el operador de los Beltrán Leyva, Roberto López Nájera (testigo de la DEA y cuyo testimonió sirvió de base para la denominada Operación Polanco), quien asistió a una segunda reunión en la calle Aristóteles 131, colonia Polanco, en donde estuvieron por parte del equipo de AMLO, Mauricio Soto Caballero (empresario y operador político) Dipp Jones y León García.
López Nájera y Mauricio Soto Caballero entablaron una amistad, y que en algún momento el empresario externó su interés por entrar al negocio de las drogas. En octubre de 2010, cuando viajo a McAllen, Texas, para una posible transacción de cocaína con un supuesto traficante colombiano y un agente encubierto de la DEA, se echó para atrás. Pero como los agentes encubiertos necesitaban arrestarlo, le pidieron que custodiara la cocaína algunos días. Según la investigación aceptó y eso sirvió para quelo detuvieran y lo presionaran a fin de que confesara y aceptara el presunto financiamiento del narco a la campaña de AMLO.
Tras dejarlo libre y convertirse aparentemente en un operador encubierto, lo mandaron a reunirse con Nicolas Mollinedo – hombre cercando a AMLO– para conversar sobre el supuesto financiamiento del narco y grabar dicha plática, que serviría como prueba de los vínculos con la delincuencia organizada. Según la investigación, se dieron dos conversaciones entre ambos personajes, pero ninguna aportó los elementos que requería el personal de la DEA. Ante lo endeble de la investigación y la falta de elementos probatorios, la indagatoria fue cancelada por el denominado Sensitive Activity Review Committee, el comité que habría autorizado la averiguación, integrado por funcionarios del Departamento de Justicia y de la DEA.
En el caso del testigo estelar de la DEA, para armar la investigación en contra de AMLO, López Nájera, (cabe recordar que, en 2008, bajo el nombre de “Jennifer”, fue un testigo colaborador de la PGR en la administración de Calderón, cuyos falsos testimonios se armó la “Operación Limpieza”, con la cual se buscó combatir la corrupción generada por el narcotráfico, que permitió el encarcelamiento del general Tomas Ángeles; del zar antidrogas, Noé Ramírez, y del policía en la lucha contra las drogas, Javier Herrera Valles). Debido a lo insostenible de los testimonios de Nájera, las tres acusaciones se caerían en 2013.
Para ver la intencionalidad política de cada periodista, (mientras que en el texto de Insighhtcrime se citó un reportaje de Proceso en donde se expuso que Roberto López tenía una “lengua letal” que cambiaba sus historias o era llamado por los fiscales para fabricar testimonios de casos que se estaban desmoronando), en su texto, Anabel Hernández justificó la validez del testimonio de Nájera como informante del gobierno de Estados Unidos, -argumentando -que en dicho país hay un “modelo mucho más rígido y controlado, donde cada dicho que decía debía ser confirmado por otros medios, su colaboración fue útil para llevar a buen término investigaciones sólidas”.
Cabe destacar que, en diversas entrevistas periodísticas, tanto Mollinedo como Soto negaron la acusación de que el narco hubiera financiado la campaña de AMLO en 2006. Y en el caso de Soto, rechazó, que haya sido aprehendido por la DEA y que sea un operador encubierto de la agencia estadounidense.
Pero fieles a su estrategia de sembrar la duda entre la población de que existe una alianza Morena-narco, la oposición política y mediática destacó más el hecho de la investigación en contra de AMLO, que el resultado mismo de la indagatoria. La explicación es clara: su objetivo es el mismo que el perseguido en 2021 y 2022: afectar electoralmente a Morena.
Una vez publicados los reportajes, una pronta y oficiosa Carmen Aristegui (una de las principales periodistas que hace eco de los reportajes en contra de la 4T elaborados por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, propiedad de Claudio X. González, orquestador de alianza PRI-PAN-PRD), entrevistó a Tim Golden –el periodista de ProPublica– destacando con énfasis sus credenciales periodísticas, entre ellos, la obtención de un premio Pulitzer, para dar a entender que nadie podría poner en duda su trabajo “periodístico”.
La guerra sucia que se dio en febrero cerró con una joya más del periodismo de calidad estadounidense: “EE. UU. indagó acusaciones de vínculos del narco con aliados del presidente de México”, reportaje publicado el 22 de febrero en The New York Times, por Alan Feuer y Natalie Kitroeff, quienes se basaron en los dichos de funcionarios estadounidenses cuya información “provenía de informantes cuyos testimonios pueden ser difíciles de corroborar y en ocasiones resultan ser incorrectos”. A pesar de ello, los periodistas destacaron en su texto que hubo una “fuente” que “sugería” que “los cárteles del narcotráfico tenían videos de los hijos del presidente recibiendo lo que se describió como dinero del narco, según consta en los documentos. Ante tales aseveraciones graves y dolosas, evidentemente la respuesta del presidente tenía que ser fuerte. Por eso, durante su conferencia del 23 de febrero pasado señaló: “Y yo represento a un país y represento a un pueblo que merece respeto, que no va a venir cualquiera —porque nosotros no somos delincuentes, tenemos autoridad moral— no va a venir cualquier gente que, porque es del New York Times y nos va a poner, nos va a sentar en el banquillo de los acusados. Eso era antes, cuando las autoridades en México permitían que los chantajearan; ahora no. Ahora nos tienen que respetar”. *Periodista y consultor de comunicación
@GerardoIMontes
