Israel Tonatiuh Lay Arellano
Guadalajara. – El 12 de diciembre, el Pleno del Congreso del Estado de Baja California Sur, aprobó la Ley de Atención a Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de Baja California Sur. La iniciativa estuvo en la congeladora legislativa más de siete años y medio.
Originalmente, la iniciativa fue presentada el 21 de abril de 2016 por diputados priistas. Sin embargo, la aprobación de esta ley local en lugar de ser festejada por las personas con autismo, sus familiares y otros actores en el tema, fue criticada por la falta de consulta pública y por mantener un contenido que ya la Corte declaró inconstitucional desde 2016.
Para recapitular: El 30 de abril de 2015, el entonces presidente Enrique Peña Nieto promulgó y publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General para la Atención y Protección a las Personas con la Condición del Espectro Autista, en cuyo artículo tercero transitorio se señaló que las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tenían un plazo de 12 meses para armonizar su normatividad para dar cumplimiento a esta ley.
Sin embargo, se hizo una pausa en este proceso ya que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a principios del mes de junio, al advertir que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad prohibía las leyes particulares, aunque esto es una interpretación, pues la Convención no lo señala explícitamente, y sí indica que el Estado puede utilizar todas las acciones jurídicas y de cualquier otro índole en pro de las personas con discapacidad.
No fue sino hasta el mes de febrero de 2016, cuando la Corte abordó la discusión sobre la acción de inconstitucionalidad, determinando finalmente que la ley en cuestión no era inconstitucional salvo algunas de sus porciones normativas, la más importante fue la eliminación del certificado de habilitación laboral, del cual hablaremos más adelante, y que está relacionado con el rechazo a la ley aprobada por el Congreso de Baja California Sur.
De esta manera, ya con una normatividad validada, los procesos de presentación de iniciativas en los estados o de discusión al interior de las comisiones legislativas respectivas, continuó con su desarrollo.
Los entonces diputados Irma Patricia Ramírez Gutiérrez, Amadeo Murillo Aguilar y Joel Vargas Aguiar, todos ellos de la fracción parlamentaria del PRI, presentaron, el 21 de abril de 2016, la iniciativa de Ley para la Atención y Protección a Personas con Condición del Espectro Autista del Estado de Baja California Sur, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de la Salud, la Familia y la Asistencia Pública; y de Atención a Grupos Vulnerables y Discapacidad, aunque la misma quedó en la congeladora por más de siete años.
Sorpresivamente, el tema fue retomado, el 8 de diciembre de 2023, cuando la diputada María Guadalupe Moreno Higuera, presidenta de la Comisión de la Salud, la Familia y la Asistencia Pública, convocó a las familias de personas con autismo a asistir al Congreso del Estado el día 12 de diciembre “donde daré lectura al Dictamen en el que se propone la creación de la Ley de Atención a Personas con la Condición del Espectro Autista en el Estado de Baja California Sur. La finalidad de que nos acompañen es solicitarles su apoyo para que se apruebe la segunda lectura en la misma sesión y por ende se ponga en discusión y si los demás diputados aceptan, su aprobación.”
La invitación causó extrañeza, ya que al ser el autismo una discapacidad psicosocial, de acuerdo con la Convención toda norma que se legisle en el tema debe ser consultada con los principales receptores, el omitir esta obligación lleva a que el decreto de creación de tal ley sea inconstitucional, situación por la que ya pasaron las leyes locales, en esta materia, de Nuevo León (dos veces, 2019 y 2022) y de la Ciudad de México (2022).
Aunque en la sesión del Congreso del Estado de Baja California Sur -12 de diciembre-, padres de familia de personas con autismo se manifestaron haciéndole saber a la Mesa Directiva la necesidad y obligación de un foro de consulta, la petición fue pasada por alto, aprobando el dictamen en primera lectura y disculpando la segunda.
Por otro lado, entre otros detalles de importancia resalta que el texto mantiene la figura del certificado de habilitación laboral, que fue una de las porciones que la Corte declaró inconstitucional en la Ley General, razón por la cual no puede incorporarse a ninguna ley local de atención y protección a personas con autismo.
Hasta el 20 de diciembre, la ley no había sido publicada en el órgano oficial del estado, mientras que los padres de familia continuaban con la preparación de un documento para solicitar la intervención de la comisión local de derechos humanos, así como una posible audiencia con el gobernador del Estado.
En este sentido, el gobernador tiene la oportunidad de vetar la ley y solicitar que el Congreso cumpla con lo estipulado por la Convención, en caso de ignorar por segunda ocasión el derecho a la consulta de las personas con autismo y sus familiares, el destino del decreto de creación de esa ley será la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte.
No se puede, bajo ninguna circunstancia, disfrazar una convocatoria a una sesión de pleno del Congreso local como un foro de consulta, pues el requisito de estos es que la normatividad se construya con las peticiones, opiniones y observaciones de los interesados, y no como un mero trámite. En pocas palabras, la cámara de diputados de esa entidad hizo un mal trabajo y deberá de corregirlo.
Profesor investigador de la Universidad de Guadalajara
