Luego de que el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Jornada (Sitrajor) emplazó a huelga a la empresa editora del diario, Desarrolladora de Medios (Demos), para el pasado lunes 26 de mayo, el Tribunal Federal Laboral prorrogó el paro de labores para el primer minuto del próximo 5 de junio.
En medio de esta situación, el Comité Ejecutivo del Sitrajor y 249 trabajadoras y trabajadores de La Jornada —que firmaron un desplegado contra el emplazamiento a huelga para el día 26— se recriminaron mutuamente su falta de disposición al diálogo para resolver un problema que data de 2017, cuando “la administración del periódico, de un plumazo, determinó desconocer el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y lo abrogó sin más, fuera de todo Estado de derecho”, según denunció el sindicato.
En entrevista con Zócalo, el secretario general del Sitrajor, Luis Alberto Jiménez, afirmó que “el sindicato solamente quiere mejorar el aspecto económico y laboral de sus trabajadores. Es decir, lograr un aumento salarial y recuperar una cláusula del contrato colectivo”.
El sindicalista explicó que desde hace cuatro años no ha habido aumento salarial para las y los trabajadores, y que la cláusula del CCT que se quiere recuperar es sobre el fondo de ahorro para el personal laboral.
Jiménez abundó que Demos se ha negado a reconocer la valía del CCT, con el argumento de que su proceso de ratificación ante las autoridades laborales no se hizo en tiempo y forma. Sin embargo, el líder sindical aclaró que dicho trámite se realizó conforme a la ley y en los tiempos establecidos.
El dirigente consideró que el conflicto ha escalado de modo innecesario, debido a que las personas responsables de Demos se han negado a negociar, y sólo envían a mensajeros sin capacidad de resolución a las audiencias laborales que se han celebrado hasta el momento.
Cerca de 250 trabajadores rechazaron la huelga
En paralelo, el diario La Jornada publicó el pasado domingo un desplegado en su página 3 firmado por 249 empleados y directivos, “de una comunidad de alrededor de 300 integrantes”, que se pronunciaron contra “la arbitraria determinación de un pequeño grupo de trabajadores, apoyado por personas ajenas al periódico, de suspender las labores de nuestra casa editorial el primer minuto del lunes 26 de mayo”.
Según el medio impreso, el paro “nunca fue consultado con los trabajadores de base en asamblea general o votación alguna”, por lo que —agregó— se trató de la acción “de una minoría, sin representación legítima, que atenta contra la voluntad de quienes hacemos La Jornada”.
Al respecto, Luis Alberto Jiménez aseguró que hubo “coacción de los dirigentes de la empresa” para que el desplegado fuera firmado. “Si no firmas, ya sabes”, fue la amenaza de la empresa para “intimidar y presionar” a las y los trabajadores, de acuerdo con la versión del sindicalista.
También recordó que el acoso contra el sindicato no es nuevo, pues el 9 de febrero de 2024 el local del gremio —que se ubicaba en el edificio del diario— fue allanado y desalojado en su totalidad.
“No nos estamos aferrando a que se cumpla el 100% del contrato colectivo, claro que no; sabemos de las condiciones económicas en las que se mueve el periódico y de la situación económica del país”, acotó Jiménez, quien confió en que se logre un acuerdo provechoso para ambas partes antes de la prórroga establecida por el juez de lo laboral (próximo 5 de junio).
“A mí me extraña que la licenciada Carmen Lira, directora del periódico, haya tomado esa postura. Porque la verdad es que esto se puede arreglar en 15 minutos, no pedimos mucho”, insistió el dirigente del Sitrajor.
Ángel Sánchez Casillas
