Ivonne Acuña Murillo*
El resultado de las elecciones del primero de julio del 2018 cambió el rumbo de México para hacer posible, por primera vez, el arribo de un candidato de izquierda a la silla presidencial. Contra todo pronóstico y de frente a los intentos previos, donde los medios de comunicación desempeñaron un papel crucial para impedir que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hiciera efectivo su último intento por convertirse en presidente, lo logró.
Con su arribo, inició el cambio de régimen político que él mismo prometió. Lo anterior, supone una modificación de las relaciones entre los poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con la sociedad, los órganos autónomos, los grupos de poder como los empresarios, las Iglesias, el Ejército, las bandas del narco y del crimen organizado y por supuesto, los medios de comunicación. Estos últimos se han convertido en actores centrales cuando se habla del poder, pues se puede sostener que sin medios no hay política.
Esto es, un político que no aparece en los diversos medios prácticamente no existe, un político que no utiliza a los medios para hacer llegar su mensaje pierde la oportunidad de difundir su imagen y con ella su visión política y propuestas de gobierno.
López Obrador aprendió pronto esta lección cuando se negó a participar en el primer debate presidencial de 2006. De acuerdo con diferentes casas encuestadoras perdió puntos en las encuestas de intención de voto. De acuerdo con Mitofsky antes del debate contaba con el 37.5 de intención de voto y después del debate bajó a 33% de acuerdo con el periódico Reforma, mientras que Calderón comenzó con 30.6 y subió a 40%, según este mismo diario. De acuerdo con El Universal estaba en empate con Felipe Calderón con el 36% y después del debate GEA-ISA reportó una ventaja para Calderón del 38%.
En este sentido, el experto estadunidense en medios John B. Thompson, propone la existencia de la Ley de la Visibilidad Compulsiva, a la que todos los políticos deben someterse de manera que se impone a todos la necesidad de ser vistos. La intervención de los medios en política supone la existencia de la “visibilidad mediática”. Afirma Thompson, en su texto “La transformación de la visibilidad”, publicado en 2005 por la Universidad de Cambridge, que “esa visibilidad mediática permite que los políticos alcancen grandes audiencias y manejen su imagen ante ellas, pero, por otro lado, los medios modernos someten a esos mismos actores a niveles de exposición y control inéditos, lo que puede hacer más frágil su posición como titulares del poder”.
Para hacer todavía más compleja esta situación, el comunicador, investigador y analista político mexicano Leonardo Curzio, en su texto “Los medios y la democracia”, publicado en 2004 en el libro Democracia y medios de comunicación, reconoce a los medios un doble poder: el ser la arena donde se debaten los asuntos públicos y el ser un actor de gran peso en la configuración de la agenda pública. A lo anterior, se suma el hecho de que los medios pueden ser percibidos como un poder con intereses propios y con una capacidad enorme para construir y destruir la reputación y la imagen de los políticos o condicionar su actuación.
Lo anterior se traduce en dos cosas: por un lado, en la enorme necesidad que los políticos tienen de los medios; en segundo lugar, en la modificación de la relación de poder entre los medios de comunicación y los gobernantes en turno.
A lo largo de su carrera política, López Obrador acumuló una experiencia negativa en relación con los principales medios de comunicación en México, no sólo porque en múltiples ocasiones le negaron el espacio para difundir sus propuestas e imagen, sino porque lo colocaron en la agenda de los temas como alguien a quien había que ignorar o temer. Como muestra Ernesto Núñez Albarrán, en su escrito “AMLO vs. la prensa”, publicado el 14 de abril de este año en el sitio de Aristegui Noticias, desde finales de 1988, cuando AMLO dejó el PRI para ser candidato del Frente Democrático Nacional a la gubernatura de Tabasco, “supo lo que era la prensa oficialista y manipulada, que encumbraba a los priistas y boicoteaba a los opositores.”
La experiencia se repitió en 1994, continua Núñez, cuando Roberto Madrazo gastó millones de pesos para golpearlo a través de la prensa pagada y no permitirle arribar a la gubernatura de Tabasco; cuando a finales de los 90 padeció y enfrentó a la prensa, como dirigente del PRD.
Después del año 2000, cuando siendo jefe de gobierno del Distrito Federal, enfrentó el complot ordenado por Vicente Fox en su contra a través de los videoescándalos, -difundidos en canales de Televisa con la participación estelar de Brozo el payaso tenebroso-, y con todas las primeras planas que periódicos como La Crónica de Hoy dedicaron profusamente a René Bejarano, el llamado “Señor de las ligas”, en un intento fallido por manchar la imagen de López Obrador, en función de su doble poder.
Más tarde, tanto en 2006 como en 2012, la colusión del duopolio televisivo, de la radio y la prensa escrita con el gobierno fue evidente. Primero, a partir de la campaña de “AMLO es un peligro para México” y posteriormente, no sólo con los ataques reiterados en contra del hoy presidente sino en función de la enorme cobertura mediática dada a Enrique Peña Nieto, dotándolo de una enorme visibilidad, para utilizar la categoría acuñada por Thompson.
Como puede observarse, la relación de AMLO con los diversos medios estuvo sujeta a los intereses de sus opositores políticos, de manera particular en función de aquellos interesados en seguir presentándolo, aun en 2018, como “un peligro para México”. Su historia con los medios es un claro ejemplo de un modelo de relación en la que ciertos medios disfrutaron de amplios recursos públicos, transferidos por los gobiernos en turno, siguiendo una costumbre iniciada por Porfirio Díaz, encaminada a difundir sus logros y acallar todo intento de crítica.
Durante el siglo XIX, la importancia adquirida por la prensa escrita y su histórica vocación de crítica hacia la política no pasó desapercibida para los gobernantes quienes intentaron, con más o menos éxito, manipular, censurar y perseguir a los periodistas que se atrevían a cuestionar al gobernante. No es este el lugar para contar la historia de los múltiples periódicos que aparecieron y desaparecieron durante este tumultuoso siglo, pero vale la pena resaltar dos momentos cruciales.
Uno, durante la Reforma, en los gobiernos de Benito Juárez García (1867-1872) y de Sebastián Lerdo de Tejada (1872-1876), los periódicos gozaron de mayor libertad y se convirtieron en la vitrina de la intelectualidad nacional.
Dos, con Porfirio Díaz, el trato a la prensa escrita dio un giro que marcaría, entonces y ahora, la relación medios-gobierno. Si bien es cierto que, en sus primeros años de gobierno, de 1876 a 1880, Díaz fue relativamente tolerante a la labor periodística, a partir de 1884, cuando dio inicio el periodo conocido como “Porfiriato”, el cual terminó en 1911, estableció severos controles a la prensa, combinados con una incipiente práctica de subvención gubernamental a los medios, práctica conocida hoy como “el chayote” o “chayotazo”. Así, Díaz encontró la manera de corromper a la prensa y mantenerla bajo control, dedicando fondos públicos al “apoyo” de ciertas publicaciones y, por otro lado, reprimiendo a todo aquel que no se dejara “comprar”. Esto hizo que disminuyera la circulación de prensa política opuesta el régimen.
La relación establecida por Díaz con la prensa escrita se convirtió en la lección que, durante el siglo XX, una vez consumada la Revolución de 1910 y construido el nuevo Sistema Político Mexicano, aplicaron los gobiernos del PRI e hicieron extensiva a los demás medios de comunicación. Inclusive, en el sexenio pasado las “ayudas” a los medios de comunicación “afines” a los intereses del gobierno siguieron presentes a través de favores y grandes sumas de dinero. Las listas con nombres y cantidades circulan por las “benditas” redes sociales.
Ambos ejemplos, el de Juárez y el Díaz, están presentes en la mente de AMLO, quien pretende emular al mayor de sus héroes y repudiar las prácticas de su sucesor. La 4T así lo requiere, el ansiado cambió de régimen debe forzosamente pasar por una nueva relación con los medios de comunicación, pues esta es uno de los indicadores principales que apuntan a definir de qué tipo de régimen político se trata. La libertad de prensa, el respeto al derecho a la información y a disentir, la rendición de cuentas, son otros de los argumentos que permiten saber qué tan democrática es una Nación.
El presidente de la República ha ofrecido respetar dichas libertades y derechos, reafirmando su vocación juarista pero, como se sabe, la historia no se repite, por lo que el ejercicio político de AMLO se ajusta a la realidad actual y a la experiencia vivida durante los sexenios cuando fue sometido a un constante golpeteo mediático y a lo que él mismo ha definido como un “cerco mediático”.
De esta manera, López Obrador combina la rendición de cuentas, el respeto al derecho a la información y a disentir con su derecho a la réplica, con su derecho a fijar su postura en torno a lo dicho por otros medios, como en el caso del periódico Reforma, que en las últimas semanas ha cuestionado al primer mandatario y este a su vez ha convertido al diario en el prototipo de lo que él llama “prensa fifi” y a quien reconoce como parte de las élites políticas y económicas que pretenden frenar los cambios propuestos en un afán por defender sus intereses.
Pero no sólo AMLO es diferente de Juárez, Díaz y los gobiernos priistas, el contexto de todos también lo es. Juárez encontró a un país destruido por más de 50 años de enfrentamientos y ensayos de diversas formas de gobierno, una sociedad dividida y un gobierno pobre por lo que entendió la necesidad de pacificar y unir. Díaz por su parte, logró concentrar el poder al grado que pudo subordinar a la prensa, como después lo hicieran los gobiernos priistas con esta y los demás medios.
López Obrador por su parte, se enfrenta a los medios en un momento en que estos han superado la subordinación para enfrentarse de tú a tú a los gobiernos en turno, ya que han dejado de ser simples espectadores para entrar en el debate político y obligar al aparato político a adaptarse a su lógica, tiempos, formatos, rituales.
A partir de esa contundente lógica, los partidos, gobiernos y actores políticos compiten entre sí para ganar la mejor cobertura en medios, en especial de la televisión, de tal suerte que es posible hablar de la existencia de una democracia centrada en los medios de comunicación y en el flujo de favores y recursos del gobierno hacia los medios. Canonjías que estos pagaban, en el caso de México, con extensas coberturas mediáticas y con ataques al adversario político en turno, como ocurrió de manera continua en contra de AMLO.
Es aquí donde la 4T y la estrategia de comunicación política del actual presidente cobran sentido. Por un lado, las conferencias mañaneras obligan a los medios a cubrirlo, a reportar cada día lo dicho por él, a interrumpir sus transmisiones para darle voz. De tal suerte, que su visibilidad ocupa de manera preponderante el espacio público, en detrimento de las agendas temáticas y los intereses de los medios de comunicación.
Por otro lado, los cambios en materia de comunicación social que incluyen la reducción del 50% en los gastos en publicidad oficial, la transparencia en cuanto a qué cantidad recibirá cada medio y la intención de restar privilegios a medios específicos, entre otras cosas, apuntan a modificar la perversa relación medios-gobierno y a acotar el poder que los medios han construido en detrimento de la democracia y las buenas prácticas de gobierno.
*Catedrática de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México.
Publicado en la edición #232 de revista Zócalo (junio 2019).
