Norma Julieta del Río Venegas
El pasado 20 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con el da paso al proceso de la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y sus funciones se trasladan a la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, que sustituirá a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Con 347 votos a favor, 128 en contra y cero abstenciones decidieron modificar el marco normativo mediante el cual el Estado mexicano tutela y defiende dos derechos humanos: el acceso a la información y la protección de datos personales. Así, la reforma no sólo desaparece al organismo autónomo especializado a nivel federal en estos derechos, sino que da paso a la eliminación progresiva de los organismos locales de transparencia en las entidades federativas y hace lo mismo con el Sistema Nacional de Transparencia (SNT).
¿Cómo llegamos a este punto?
En este texto quisiera hacer una crónica de lo sucedido con el INAI desde los últimos años a la fecha. Destaca la campaña de desinformación, la omisión del Senado de la República por la falta de 3 nombramientos, y los errores de excomisionados y actuales al interior del propio Instituto cuyas acciones mostraron consecuencias en el presente.
La campaña de desinformación contra el INAI
En los últimos años el INAI ha sido objeto de diversas campañas de desinformación que han buscado deslegitimar su labor. Estas estrategias incluyen la difusión de narrativas que presentan al INAI como un organismo burocrático e ineficaz, acusado de ser costoso y de proteger intereses ajenos a los de la ciudadanía. También hay que aceptar, en una autocrítica, que la comunicación social del INAI, de un tiempo para acá, ha fallado en difundir la importancia de estos dos derechos.
Por ello no se comprendió que son las instituciones públicas las que poseen la información requerida y, por lo tanto, son estas las responsables de proporcionar cuando una persona la solicita. Si eso no sucede, según los criterios que marca la ley, las personas pueden interponer una queja (recurso de revisión) ante el INAI. El Instituto no es más que un árbitro entre las autoridades y la sociedad para que las primeras transparenten su actuar, rindan cuentas y no vulneren los datos personales de las personas.
La repetición de estas narrativas sembró dudas sobre la necesidad de un organismo autónomo dedicado a la transparencia. Lo que es cierto es que las y los Comisionados no ganamos más que el Presidente; no duplicamos funciones de otras dependencias; no estamos facultados para dictar sentencias ni investigar irregularidades, entre otras cuestiones. El INAI no se conduce por filias ni fobias, sino que sus resoluciones fueron ejemplo de autonomía, desde el 2003 a la fecha.
El papel del Senado de la República
Por ley, el Pleno del INAI se compone por siete integrantes. En abril de 2022, dos Comisionados concluyeron su mandato. Desde ese momento, la Cámara Alta estuvo obligada a designar a dos nuevas personas para que el Instituto pudiera operar con Pleno completo. El primero de marzo de 2023, once meses después, el Senado concretó esta designación; sin embargo, el entonces Presidente de la República hizo uso de sus facultades constitucionales y los objetó.
La falta de nombramientos dejó al INAI sin la capacidad de resolver casos importantes relacionados con el acceso a la información y la protección de datos personales. Al saber esto, los Comisionados del INAI aprobamos ingresar una controversia constitucional. Por la vía jurídica, buscamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) instruyera al Senado a cumplir su función constitucional y, con ello, acelerar el proceso de designación.
Esta controversia fue presentada ante la SCJN el 27 de marzo de 2023. Asimismo, se solicitó una suspensión temporal del artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública para que el Pleno pudiera sesionar con cuatro Comisionados. El 31 de marzo de 2023, otro Comisionado finalizó su periodo, pero la designación de la Cámara Alta tampoco llegó. Con su salida, el Pleno quedó imposibilitado para sesionar: se necesitaban cinco Comisionados y solo había cuatro.
Fue hasta el 23 de agosto de 2023 que la segunda sala del Máximo Tribunal determinó una suspensión para que el Pleno del Instituto pudiera sesionar con cuatro Comisionados. El 30 de agosto, el Instituto retomó sesiones de manera ordinaria. Durante la parálisis parcial habíamos sesionado de forma extraordinaria, pero solo por órdenes de jueces ante demandas de amparo.
Del primero de abril al 30 de agosto de 2023, el INAI permaneció en un estado de vacío, lo cual fue grave, pues se acumularon sin resolver 8 mil 953 medios de impugnación, es decir, casos que representan personas que vieron vulnerados sus derechos. El 2 de octubre de 2023, la SCJN resolvió la controversia constitucional a favor del INAI. Además, instruyó al Senado a que designara a los Comisionados faltantes antes del 15 de diciembre de dicho año. No obstante, el Poder Legislativo no acató la orden.
Los errores del pasado
El jueves 21 de noviembre, en su conferencia matutina, la actual Presidenta de la República habló de la desaparición del INAI y presentó una serie de observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hacia el Instituto. Estas cuestiones se revelaron y su antecedente es la denuncia que presenté el 11 de diciembre del año 2023 ante la Auditoría Superior de la Federación por las presuntas irregularidades en el Instituto que observé y ante tanto correo electrónico recibido por personal del propio INAI denunciando varias anomalías.
Como lo he aclarado en diversos espacios, soy ajena a estas cuestiones. Yo no incurrí en el uso indebido de tarjetas corporativas; no tengo viáticos sin comprobar, y cada comisión que tuve al interior de la República Mexicana fue como integrante del Sistema Nacional de Transparencia, representando al INAI con mis pares estatales, donde tengo debidamente justificada mi participación en actividades que le competen al Instituto en su marco legal.
En mis 4 años como Comisionada, únicamente realicé 8 viajes al extranjero, todos y cada uno fueron para dar conferencias magistrales para representar a México mostrando los avances en la materia, así como paneles y mesas de trabajo para coadyuvar en políticas relacionadas con el acceso a la información y protección de datos personales, sin llevar séquitos innecesarios, siendo viajes de ida y regreso de manera inmediata.
No tengo aviadores en mi equipo de trabajo y, desde mi ingreso, de manera mensual rindo un informe de actividades, junto con mi equipo, como un ejercicio de rendición de cuentas que he hecho durante toda mi carrera. Los números no mienten. A dos meses de mi llegada al INAI, enero del 2021, presenté una propuesta de reingeniería institucional con la que podría haberse reducido la estructura y por ende el presupuesto, sin afectar su autonomía y la tutela de los dos derechos. Sin embargo, no tuve el consenso de mis 6 colegas para que pasara esta propuesta, siempre hubo negativa.
Seguí insistiendo y en 2023, presenté nuevamente la propuesta sin obtener una respuesta. Fue hasta febrero paasado, que conocimos la iniciativa para desaparecer al INAI, que algunos de mis colegas hablaron del tema; demasiado tarde. Además, consideré migrar del esquema actual a un desarrollo tecnológico que facilitara el registro y comunicación de los procesos de verificación de cumplimiento de obligaciones de transparencia.
Asimismo, reforzar la protección de la Plataforma Nacional de Transparencia y aprovechar al máximo su potencial para democratizar más el acceso a la información y la protección de los datos personales. Lo hecho, hecho está. No estoy cerrada a modificaciones normativas ni institucionales; soy una mujer de Estado, institucional, y la experiencia de haber trabajado en los tres órdenes de gobierno en mis 34 años de carrera me dan una visión diferente de algunos servidores públicos.
No obstante, se debe garantizar, bajo cualquier circunstancia, los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, pues no sólo son vitales para una sociedad más informada donde haya menos opacidad y transparencia, sino que son claves para que, por ejemplo, las personas conozcan su número de semanas cotizadas ante el IMSS, que accedan a expedientes clínicos o incluso a la justicia.
Mi lucha no fue por un Instituto, por un edificio o por un cargo, sino por los derechos humanos. Seguiré en este mismo camino sin importar donde me encuentre, pero privilegiando que las y los mexicanos sigan ejerciendo el derecho a saber y el cuidado de sus datos personales desde cualquier trinchera.
Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales @JulietDelrio
