Andrés A. Solis*
La precariedad laboral de quienes ejercen el periodismo no es un tema nuevo, desde hace décadas hemos visto cómo las condiciones laborales y profesionales del gremio han ido empeorando y las causas van desde el desinterés del Estado mexicano hasta la vileza de las empresas propietarias de los medios de comunicación.
Durante varios años los medios privados se acostumbraron a pagar bajos salarios a un sector de profesionales que estaba fuera de la Ley Federal del Trabajo. Pagaban poco porque dejaban que las oficinas de prensa de los gobiernos completaran -de manera perversa-, los ingresos de reporteros y reporteras a través de las dádivas y del “Chayo”.
Hace treinta años el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari decidió controlar ese reparto discrecional de dinero en las salas de prensa de las dependencias federales. La idea era tener un mayor control de los dueños de los medios a través de la publicidad, en vez de gastar en las y los periodistas que en el mejor de los casos eran transcriptores de boletines de prensa.
El modelo de pago de comisión por venta de publicidad era ya una forma como colegas completaban sus ingresos, claro que lo hacían a costa de su integridad editorial.
Un problema fue que, cuando el gobierno federal incrementó el gasto en publicidad facturada y redujo el “Chayo”, las empresas de medios no incrementaron los salarios de sus periodistas.
De nada sirvió que el Congreso de la Unión incluyera la figura de Reportero y Reportero Gráfico en la lista de profesiones que deben recibir un Salario Mínimo Profesional, porque en vez de que las empresas cumplieran la ley, comenzaron a buscar otras formas de contratación.
Los medios privados dejaron de contratar “reporteros”, para contratar “asesores de noticias”, “analistas de información” y cualquier otra figura que les permitiera no pagar ese salario mínimo profesional. Los medios públicos también tienen sus formas para omitir la contratación bajo los criterios legales.
La crisis financiera de las empresas de medios comenzó a recrudecerse con la irrupción de Internet. Esto y los modelos de subcontratación y outsourcing han sido las principales causas de la precarización de la, de por sí, precaria situación laboral de periodistas.
Empresas de todos los tamaños han preferido contratar a periodistas en la modalidad de Prestador de Servicios Profesionales, con lo que no generan compromisos laborales, no pagan seguridad social , no generan antigüedad ni brindan respaldo profesional, legal ni de ninguna especie con cada periodista, a quien ven como proveedor y no como parte de su nómina.
En resumen, las condiciones laborales de las y los periodistas en México han ido empeorando por la falta de claridad en las leyes y por el cada vez más preocupante desinterés de las empresas que no ven reducidos sus ingresos, más bien ajustan sus gastos en detrimento de los derechos laborales de quienes les generan información que luego convierten en mercancía.
El proyecto que busca tapar el socavón
No hay un registro de cuántas personas nos dedicamos al periodismo en México y mucho menos cuántas nos encontramos en ese modelo de ser periodista independiente o periodista freelance, que más bien son maneras elegantes de decir periodistas en el desempleo.
Y mientras más nos alejamos de las grandes urbes, las condiciones van empeorando para las y los colegas. Y más en regiones donde la inseguridad y la violencia dominan el entorno.
El Instituto Mexicano del Seguro Social presentó una estadística de cuántas personas tiene registradas como derechohabientes, pero evidentemente son aquellos y aquellas colegas que fueron contratadas de manera formal por una empresa y por lo tanto cuentan con todos los derechos que exige la ley.
No sabemos cuántas personas hacemos periodismo y no contamos con acceso a la seguridad social, a servicios de salud, al derecho de acceso a una vivienda digna, vacaciones y muchas otras prestaciones previstas en la ley.
Una enfermedad, un accidente o un atentado no sólo comprometen la integridad de cualquier periodista; representa un durísimo golpe a la economía de las familias.
Por eso la propuesta del gobierno federal de abrir una plataforma que garantice la atención a la seguridad social de periodistas independientes es digna de considerarse sin filias ni fobias, sino desde la perspectiva de las condiciones laborales y profesionales de un enorme número de personas que vive de las noticias, porque no sólo beneficia a periodistas, sino a profesionales que se dedican a la producción, postproducción, áreas técnicas, de diseño y otras que están involucradas en la construcción de la información.
El proyecto ha sido cuestionado legítimamente ante el riesgo de que pueda convertirse en un instrumento de coacción al periodismo libre y a la libertad de expresión.
¿Cómo ponerle candados al poder público para que no pretenda condicionar los beneficios de este programa de seguridad social a cambio de que las y los periodistas independientes no sean críticos ni hagan investigaciones que puedan afectar intereses?
Ese será un aspecto en el que nos debemos mantener vigilantes como periodistas y garantizar que este esquema no repita las relaciones perversas del pasado que recrudecieron las condiciones en que se ejerce el periodismo.
Otro riesgo es que las empresas de medios se mantengan en esa actitud de vulnerar los derechos de miles de periodistas y prefieran seguir “contratando” los servicios de freelancers; total, el gobierno les dará seguridad social y prestaciones.
Es importante destacar el valor positivo que este proyecto puede generar en la economía y la situación de colegas de todo el país, que durante años hemos vivido de colaboraciones esporádicas.
Hay modelos previos, como las aportaciones voluntarias al IMSS, que obvio no todos y todas podemos cumplir ante la falta de ingresos dignos y regulares.
El Seguro Popular era otra ruta para acceder a servicios de salud de manera gratuita y aunque este programa desapareció, existen alternativas en el sistema de salud pública, como el Hospital Juárez de México, que atiende a la población sin derechohabiencia y con el objetivo de garantiza la gratuidad en la atención.
¿Y qué hacer desde el emprendurismo?
Falta abordar otro aspecto. Hay muchas microempresas periodísticas creadas por periodistas que no quieren depender de las grandes empresas.
Muchas de estas microempresas nacieron con otra visión y códigos éticos, pero sus ingresos no son suficientes como para garantizar seguridad social y prestaciones a sus equipos de trabajo, aunque saben que es lo que corresponde.
No cuentan con suficientes apoyos para financiamiento y enfrentan el descrédito y discriminación en el reparto de publicidad. A estos medios emergentes puede bien otorgárseles otros esquemas de financiamiento para que a su vez puedan contratar de manera digna a sus periodistas y demás profesionales involucrados en el proceso de la información.
*Andrés A. Solis es periodista desde 1989, autor del Manual de autoprotección para periodistas y de la Guía de buenas prácticas para la cobertura informativa sobre violencia. Conduce el programa “Periodismo Hoy” en Radio Educación
