Gabriel Sosa Plata*
La protección de niñas, niños y adolescentes frente al poder de las plataformas digitales tiene un nuevo instrumento legal en México, que debemos celebrar. Fue una de las notas destacadas del sector en esta semana.
El decreto de la Presidenta Claudia Sheinbaum, publicado el 14 de octubre, establece obligaciones sobre contenidos, verificación de edad, privacidad y diseño de los servicios.
Por supuesto es una buena decisión. Estoy convencido -como muchas otras personas más- que las empresas que organizan y monetizan la interacción digital deben asumir responsabilidades por los riesgos que generan o amplifican, tal como se ha demostrado.
Según las cifras de 2025 recogidas en el decreto, 85.4% de la población de seis a catorce años utiliza internet. Por eso, es una prioridad proteger sus derechos en los espacios donde aprende, juega, conversa y establece vínculos.
El decreto regula redes sociales, videojuegos y tiendas de aplicaciones, entre otros servicios. Las plataformas deberán identificar la edad mediante mecanismos que vayan más allá de preguntar la fecha de nacimiento; publicar criterios de clasificación y moderación; facilitar denuncias y supervisión parental; activar las configuraciones más estrictas de privacidad y seguridad en las cuentas nuevas, y evaluar periódicamente sus riesgos.
Con base en el documento, se prohíbe permitir a la niñez el acceso, exposición o recomendación de contenidos que generen o promuevan acoso, violencia sexual, odio, conductas ilícitas, pornografía, suicidio, autolesiones y trastornos alimenticios.
Además, ordena retirar inmediatamente las cuentas o contenidos comprendidos en esas prohibiciones, mantener un contacto especializado con las autoridades permanentemente disponible y preservar evidencia digital durante al menos noventa días hábiles.
Hay, asimismo, una visión educativa y sanitaria. Salud deberá desarrollar estrategias de atención a la salud mental; la SEP, fortalecer habilidades socioemocionales, el uso crítico de las plataformas y mecanismos de prevención y acompañamiento. La participación de escuelas y familias debe complementarse con obligaciones empresariales verificables.
La decisión que se toma en nuestro país encuentra respaldo en la Observación general número 25 del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. En ese posicionamiento recomiendan clasificación comprensible de contenidos, mecanismos de reporte y moderación legal, necesaria y proporcional, compatible con la privacidad y la libertad de expresión.
Desde esa perspectiva, los mecanismos de protección desarrollados para las audiencias infantiles de radio y televisión deben encontrar equivalentes adecuados en las plataformas. Los derechos, hemos dicho con insistencia, no diferencian ni deberían diferenciar plataformas o tecnologías.
¿Qué han hecho otros países al respecto? Australia, por ejemplo, exige desde diciembre de 2025 que determinadas redes impidan tener cuentas a menores de dieciséis años. El decreto mexicano concentra sus obligaciones en las condiciones de acceso y funcionamiento, sin establecer una prohibición general equivalente.
A su vez, la Unión Europea recomienda que las cuentas de niñas, niños y adolescentes sean privadas desde su creación, para impedir que sus publicaciones y datos personales queden expuestos a desconocidos. También propone modificar los algoritmos que seleccionan qué videos y publicaciones aparecen en sus pantallas, para evitar que los conduzcan hacia contenidos perjudiciales o les ofrezcan repetidamente materiales sobre autolesiones, por ejemplo.
La orientación es dar mayor peso a los intereses que expresan deliberadamente y mayor control sobre lo que reciben, en lugar de basarse principalmente en su comportamiento de navegación. Estas directrices derivan de la aplicación del Reglamento de Servicios Digitales.
Brasil, mediante su Estatuto Digital de la Niñez y la Adolescencia, establece obligaciones semejantes de prevención. Exige incorporar medidas de seguridad desde el diseño de los servicios y mantener activadas las configuraciones que protejan la privacidad y los datos personales. También obliga a adoptar medidas para prevenir el uso compulsivo. Esta protección debe formar parte del funcionamiento de las plataformas, sin depender únicamente de que las familias encuentren y activen los controles.
En el caso de México, vendrá la prueba del cumplimiento. El decreto entró en vigor el día de su publicación y concede treinta días naturales para documentar e informar las acciones implementadas. No establece, por ahora, un catálogo propio de sanciones, pero sí dispone una mesa gubernamental para elaborar propuestas regulatorias adicionales.
Nuestra Presidenta dio el primer paso. Corresponde a las autoridades verificar resultados y a las plataformas demostrar que van a cumplir sus compromisos.
Escuelas y pantallas frente a la obesidad
La UAM, a través de su rector general, Gustavo Pacheco López, presentó los resultados del proyecto UAM-ANGELO, desarrollado con la Secundaria Oficial “Lic. Abel C. Salazar” y el apoyo de la Fundación Gonzalo Río Arronte. Durante un año, estudiantes, docentes y familias participaron en una intervención que incluyó bebederos, talleres de nutrición y pausas activas para transformar el entorno escolar.
De acuerdo con los resultados reportados, 48% de quienes inicialmente tenían sobrepeso pasó a la categoría de peso normal y 38% de quienes registraban obesidad pasó a la de sobrepeso. Además, la proporción de estudiantes que cumplió la recomendación de consumo de agua natural aumentó de 31.6 a 55%.
Se trata de avances alentadores que acompañan mejoras en los hábitos y la actividad física.
La Unidad Lerma habilitó un micrositio gratuito con materiales, video y manual para adaptar la metodología a otras escuelas: https://www.ler.uam.mx/ProyectoAngelo/
Esta experiencia también es útil para mirar el papel de los medios y la publicidad. La OMS advierte que la mercadotecnia alimentaria influye en las preferencias y el consumo infantil, y recomienda restricciones obligatorias e integrales que comprendan los espacios digitales. Si bien México ha tenido avances sustanciales en la regulación de este tipo de publicidad, aún prevalecen retos y resistencias.
*Profesor e investigador de la UAM Xochimilco. Defensor de Audiencias de Radio UdeG y Canal 44.
