Axel Velázquez Yáñez*
Durante buena parte del siglo XX, la idea de soberanía estuvo asociada principalmente al control de un territorio y de las decisiones políticas sobre su forma de gobierno y l manejo de sus recursos naturales. Sin embargo, en el contexto contemporáneo de la globalización y de la “sociedad red”, denominada así por Manuel Castells, la soberanía también se disputa en otro terreno menos visible pero igualmente estratégico: el de la producción y circulación global de narrativas.
Hoy, una parte significativa de la conversación pública mundial circula a través de plataformas digitales o, en su defecto, de conglomerados mediáticos cuya infraestructura, intereses económicos y centros de decisión se encuentran concentrados en Estados Unidos. Esto no implica asumir de manera automática la existencia de una conspiración centralizada ni negar la complejidad de los fenómenos globales, pero sí obliga a preguntarnos qué sucede cuando las principales interpretaciones sobre países periféricos (entendidos como aquellos situados fuera de los principales centros de poder económico, militar y tecnológico) son producidas y amplificadas desde espacios ajenos a ellos.
El caso mexicano resulta especialmente ilustrativo. Desde la declaración de la llamada guerra contra el narcotráfico en 2006, la violencia vinculada al crimen organizado ocupa un lugar central en la imagen internacional del país. Sería absurdo negar la existencia del narcotráfico, la corrupción o las múltiples complicidades entre organizaciones criminales y distintos niveles de autoridad mexicana, tanto como negar que, al concentrar actualmente una parte significativa de las posiciones de poder institucional en México, Morena también se encuentra más expuesta a la posibilidad de que algunos de sus cuadros o autoridades establezcan vínculos de contubernio con organizaciones criminales.
Sin embargo, otra cuestión distinta consiste en analizar cómo se construyen discursivamente las explicaciones dominantes sobre ese fenómeno y qué elementos suelen quedar sistemáticamente fuera del encuadre. Con frecuencia, las narrativas globales sobre la violencia mexicana concentran la responsabilidad en el Estado mexicano y en la supuesta incapacidad intrínseca del país para gobernarse a sí mismo, mientras otros componentes estructurales del fenómeno reciben menor atención pública.
El gigantesco mercado estadounidense de drogas, el tráfico ilegal de armas provenientes de ese mismo país y los circuitos financieros internacionales utilizados para el lavado de dinero suelen quedar relegados dentro de los marcos interpretativos dominantes propuestos en la conversación internacional. Lo mismo ocurre con la propia participación histórica de agencias estadounidenses en operaciones de seguridad regional, que en distintos momentos han implicado vínculos ambiguos, tolerancia operativa o movimientos estratégicos de piezas dentro de determinadas estructuras criminales o paramilitares.
En este contexto, conceptos como “narcogobierno” adquieren una relevancia que rebasa la simple descripción periodística. No se trata de negar que existan vínculos entre crimen y sectores del poder político, sino de observar cómo determinadas categorías terminan funcionando también como marcos de interpretación geopolítica.
Cuando una narrativa reduce un fenómeno transnacional extremadamente complejo a la presunta descomposición absoluta de un Estado periférico, se generan condiciones simbólicas que pueden legitimar presiones externas, intervenciones discursivas (y no solo discursivas) o formas de subordinación política bajo el argumento de la incapacidad nacional.
La “sociedad red” ha modificado profundamente las formas del poder contemporáneo. Siguiendo con Castells, el poder en las sociedades contemporáneas depende crecientemente de la capacidad para construir significados y disputar la comunicación pública. En otras palabras, quien posee mayor capacidad de producción y circulación narrativa tiene también mayor capacidad para definir qué problemas existen, quiénes son responsables de ellos y cuáles soluciones parecen legítimas.
El actual modelo de globalización ha permitido que una parte importante de la infraestructura digital y comunicativa mundial quede concentrada en unas cuantas empresas tecnológicas y corporaciones mediáticas, localizadas principalmente en Estados Unidos. Éstas no sólo distribuyen contenidos: también determinan qué temas adquieren mayor visibilidad, cuáles interpretaciones se amplifican y qué emociones dominan buena parte de la conversación pública global. En este escenario, países como México enfrentan una disputa desigual por la soberanía narrativa, pues, aunque formalmente independientes, participan dentro de un ecosistema comunicativo cuyos principales centros de decisión operan desde el exterior.
Los acontecimientos recientes en torno alllamado “Honduras-gate” muestran hasta quépunto esta dimensión del poder opera ya como un mecanismo geopolítico concreto y no solamente como una abstracción teórica. Diversas investigaciones periodísticas difundieron audios atribuidos al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, en donde se habla abiertamente de la construcción de una “unidad de periodismo digital” orientada a atacar gobiernos progresistas latinoamericanos, particularmente los de Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro, mediante campañas mediáticas, expedientes políticos y estructuras de desinformación financiadas desde Estados Unidos y apoyadas, presuntamente, por el gobierno de Javier Milei.
Más allá de la discusión sobre la autenticidad completa de cada grabación o sobre los matices políticos de las investigaciones involucradas, el caso resulta revelador porque exhibe algo mucho más profundo: la normalización de estrategias transnacionales de intervención narrativa.
Es decir, la idea de que la disputa política latinoamericana puede librarse mediante operaciones digitales, estructuras de propaganda, producción coordinada de contenidos y manipulación algorítmica de la conversación pública regional. Lo que durante la Guerra Fría se articulaba mediante aparatos de inteligencia, financiamiento clandestino, operaciones psicológicas o redes paramilitares, hoy encuentra continuidad parcial en ecosistemas digitales capaces de intervenir cotidianamente la percepción pública continental.
En ese sentido, la discusión sobre soberanía ya no puede limitarse únicamente al territorio físico o al control económico clásico. También implica la capacidad de una sociedad para producir interpretaciones propias sobre sí misma y para resistir operaciones externas destinadas a moldear artificialmente su clima político interno. De poco sirve mantener autonomía formal si las principales narrativas sobre la corrupción, la violencia, la democracia o la legitimidad política terminan dependiendo casi por completo de infraestructuras, financiamientos y centros de decisión ubicados fuera de la región.
Esto no significa negar los problemas reales de corrupción, violencia o autoritarismo existentes en América Latina. Tampoco supone afirmar que toda crítica internacional sea necesariamente una operación extranjera. Sin embargo, sí obliga a reconocer que las narrativas globales nunca circulan en condiciones neutrales y que, detrás de muchas disputas aparentemente informativas, operan también intereses geopolíticos, económicos e ideológicos concretos.
*Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, Profesor del CECC de la FCPyS.
