Desde noviembre del 2018, José Luis Jiménez y José Antonio Arreola, autoridades indígenas del Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, están injustamente en prisión, sentenciados por sabotaje, acusación utilizada por los gobiernos de diferentes Estados para criminalizar a las personas defensoras. Los hechos que se les imputan se suman a diversas acciones del Gobierno de Michoacán destinadas a deslegitimar y desacreditar a los autogobiernos de la meseta p’urhépecha, en este caso los esfuerzos de organización comunitaria y autonomía impulsados por Nahuatzen.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene ahora la oportunidad de revisar el proceso por el que se condenó a José Luis y Antonio. La ministra Norma Lucía Piña Hernández tiene en sus manos un recurso en el que se solicita, se examine el proceso judicial realizado contra José Luis y Antonio. En este contexto, el Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, la Red TDT y diversas organizaciones planteamos 10 razones por las cuales el proceso contra José Luis y Antonio debe ser analizado detenidamente y ser resuelto a favor de Nahuatzen y sus personas defensoras injustamente presas:
- El Gobierno del Estado de Michoacán así como el ayuntamiento de Nahuatzen han atacado y criminalizado al Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen (CCIN), a través de la causa penal 182/2019, violentando los derechos a la autonomía, libre determinación y autogobierno. El encarcelamiento de José Luis y Antonio,
es una clara muestra del abuso de poder por parte del gobierno estatal contra los derechos de la comunidad. - El Estado mexicano incumple con sus obligaciones internacionales para erradicar la tortura, al negarse a investigar a la Fiscalía General del estado de Michoacán ante las denuncias por malos tratos y tortura durante las detenciones arbitrarias de José Luis y Antonio.
- El proceso jurídico ha estado lleno de irregularidades graves que hasta ahora no han sido reconocidas por las autoridades jurisdiccionales. Al validar las detenciones arbitrarias, malos tratos y tortura se incumple con obligaciones internacionales de regularidad constitucional y convencional.
- Hasta ahora, las autoridades que han conocido el caso han omitido ordenar la aplicación del Protocolo de Estambul a pesar de las constantes denuncias de actos de tortura.
- La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe pronunciarse en cuanto a la falta de enfoque intercultural en el actuar de la Fiscalía de Michoacán. A pesar de que existe un reconocimiento por parte del Tribunal Electoral del Gobierno de Michoacán y el Gobierno Federal de la legalidad del CCIN, se ha ignorado las violaciones a derechos humanos cometidas por el ayuntamiento de Nahuatzen y el gobierno estatal para criminalizar, deslegitimar y desarticular el autogobierno indígena de Nahuatzen.
- Existen violaciones graves al debido proceso contra los concejales pues los juzgadores estatales y federales han omitido garantizar el derecho a contar con una defensa adecuada y eficaz, lo que violenta las disposiciones contenidas en los artículos 1°, 2° y 17 de la Constitución Federal.
- Parte de las prácticas criminalizantes utilizadas contra José Luis y Antonio consistió en mantenerlos encarcelados desde su detención y hasta su condena, una clara violación a su derecho a un debido proceso.
- La Suprema Corte debe evitar convalidar las violaciones a derechos humanos en el caso de José Luis y Antonio. El acceso a la justicia es un paso necesario para cesar las agresiones contra Nahuatzen y sus autoridades tradicionales.
- Es grave que las autoridades hayan omitido atender las diversas denuncias de violaciones a los derechos humanos en el caso de José Luis y Antonio.
- El Ayuntamiento de Nahuatzen, desde el 2015 hasta ahora, ha actuado contra la comunidad de Nahuatzen y en particular contra las personas integrantes de su órgano tradicional de gobierno, a través de transgresiones y abusos graves de autoridad para interferir contra el ejercicio de la autonomía, la libre determinación y el autogobierno comunal.
Por estas razones, desde el Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen en conjunto con las organizaciones sociales hacemos el llamado a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en especial, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, valore todos los elementos que el CCIN hemos puesto a su alcance para mostrar el intento de diversas autoridades por criminalizar, deslegitimar y desarticular el ejercicio de autogobierno, a través del encarcelamiento de José Luis y Antonio. Es necesario que la Corte se pronuncie a favor de Nahuatzen y de sus integrantes, que reconozca su legítima lucha por proteger el territorio, su comunidad y el medio ambiente.