Balbina Flores Martínez
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Chiapas acreditó una serie de violaciones a derechos humanos y responsabilidad institucional y de servidores públicos de la Fiscalía del Estado en el caso del periodista Mario Leonel Gómez Sánchez, asesinado el 21 de septiembre de 2018, en Yajalón.
La Comisión confirmó en su investigación violaciones a los derechos humanos, previo y posterior al asesinato del periodista, así como en contra de su familia por servidores públicos de la Fiscalía, que consistieron en omisiones y falta de actuaciones en las investigaciones, entre ellas a las amenazas denunciadas por Mario Gómez y la carencia de actuaciones sobre la línea periodística como motivo principal del homicidio.
Al cumplirse tres años del asesinato del corresponsal de El Heraldo este 21 de septiembre, y a unas semanas de llevarse a cabo el juicio oral en el caso, se emitió la Recomendación CEDH/13/2021-R, dirigida al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas, Olaf Gómez Hernández, por violaciones al derecho a la vida, integridad y seguridad personal, al acceso a la justicia, a la libertad de expresión y a la verdad del periodista Mario Gómez y su familia, por lo que determinó una reparación de daño integral por violaciones a los derechos humanos de las víctimas.
Entre las nueve recomendaciones destacan las de “realizar Procedimiento Administrativo y de Investigación en contra de los servidores públicos que incurrieron en actos y omisiones en agravio de las víctimas a efecto de establecer la responsabilidad en que hayan incurrido; integrar con la debida diligencia y en un plazo razonable la investigación por el homicidio el periodista, así como integrar con la debida diligencia las carpetas de investigación por los delitos de amenazas en contra de familiares del periodista. Además de actualizar e implementar con debida diligencia las medidas cautelares”.
En el análisis realizado por la CEDH, a partir del asesinato del periodista se advierte que por lo menos cinco fiscales, entre otros funcionarios, tuvieron conocimiento de los hechos de amenazas denunciados por Mario Gómez desde 2016, quienes en su momento declararon su incompetencia en el caso pero ninguno de ellos investigó, por lo que incurrieron en obstrucción de la justicia a la víctima.
Llama la atención en particular que la CEDH indica que “tampoco se agotaron las líneas de investigación que permitieran el pleno esclarecimiento de los hechos y la identificación de los autores intelectuales y materiales del homicidio del periodista”. A la fecha, familiares de Mario Gómez no tienen certeza de que la Fiscalía haya iniciado una investigación por la autoría intelectual.
La Comisión abunda que el fiscal encargado de la investigación inicial no sólo no agotó las líneas de indagación en el caso, sino que tampoco consideró investigar la labor periodística de la víctima, ni las amenazas previas recibidas y que en su momento fueron denunciadas, por lo que se violentó la libertad de expresión.
La recomendación llega a unas semanas de que se lleve a cabo el juicio oral en contra de tres de los presuntos autores materiales del asesinato del periodista, programada para el 12 de octubre en el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Distrito Judicial de Ocosingo, y después de que esta audiencia fuera pospuesta hasta por cinco ocasiones, las dos últimas a petición de la Fiscalía.
Esperamos que la Fiscalía de Chiapas no sólo acepte esta recomendación, sino que lleve a cabo su cumplimiento total e inicie las investigaciones necesarias en contra de funcionarios de esa institución que violentaron no únicamente los derechos del periodista, sino de sus familiares y de la libertad de expresión.
A tres años, familiares del periodista no han cesado su lucha por encontrar justicia para Mario Gómez, lo que les ha valido varias amenazas, la más reciente ocurrió la noche del 7 de septiembre, cuando un testigo de los detenidos llegó a su casa en Yajalón a decirles que su patrón pronto iba a salir.
No pasa inadvertido que este hecho sucedió previo a la audiencia, por lo que los familiares del periodista hacen responsables de lo que pueda ocurrirles a los autores materiales e intelectuales del crimen.
Por su parte, Reporteros sin Fronteras pidió al Mecanismo Federal reforzar las medidas de protección de los familiares ante este incidente, y a la Fiscalía de Chiapas investigar los hechos.
