Xóchitl Bravo*
El próximo 1° de septiembre arrancará el Segundo Año de Ejercicio de la Tercera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Sin embargo, será diferente a los años anteriores.
Además de la instalación de los trabajos y la renovación de las presidencias de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política, seremos testigos de un suceso inédito.
En esta ocasión, en el Recinto Legislativo de Donceles presenciaremos un hecho histórico en la vida democrática de la capital del país: rendirán protesta los nuevos jueces, magistrados y quienes integrarán el Tribunal de Disciplina Judicial de nuestra metrópoli.
Son 137 personas juzgadoras las que tendrán la oportunidad de transformar el Poder Judicial de la Ciudad de México. Por fin, llegó el momento de ponerle fin a la corrupción, el nepotismo y las malas prácticas que han imperado en éste durante décadas y que fueron alentadas por los gobiernos del PRI y el PAN. El pueblo capitalino merece un verdadero acceso a la impartición y procuración de justicia, y que ésta deje de ser privilegio de unos cuantos.
Confiamos que los 98 jueces y juezas, 34 magistrados y magistradas, así como las y los cinco integrantes de dicho Tribunal, estén a la altura para enfrentar los desafíos que les esperan en la Ciudad de México, porque no es en beneficio sólo de ellas y ellos, sino de toda la población. El recuento A principios de febrero de 2024, el entonces Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Constitución Política Federal, con la finalidad de que el pueblo pudiera elegir –a través del voto libre y secreto– al Poder Judicial, como ocurre desde hace mucho tiempo con los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Como parte del Parlamento Abierto, su propuesta fue analizada en varios foros que se realizaron en todo el territorio nacional en junio y agosto de ese mismo año.
Tras escuchar a especialistas del ramo, legisladores de los diferentes partidos políticos y a integrantes del Poder Judicial, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen correspondiente. Pero éste no corrió con suerte y tuvo que esperar a ser llevado al Pleno hasta que inició la LXVI Legislatura.
Finalmente, el dictamen fue aprobado por los diputados federales el 4 de septiembre y por los senadores siete días después. Como se logró la mayoría calificada, pues se trató de una reforma a la Carta Magna, la minuta correspondiente fue turnada a los 32 congresos estatales. En el caso del Poder Legislativo de la Ciudad de México, le dimos nuestro aval el 12 de septiembre, en nuestra calidad de Constituyente Permanente.
Gracias a la citada reforma constitucional, 13 millones de mexicanas y mexicanos acudimos a las urnas el domingo 1° de junio. Ahora la administración de la justicia estará en manos del pueblo, porque mujeres y hombres tomamos la decisión de transformar el Poder Judicial. Ese día fue consecuencia de un largo y arduo proceso que inició con la reforma constitucional propuesta por el mejor presidente que hemos tenido en México. No fue el punto final, porque la renovación de ese Poder empezará el primer día de septiembre.
Mientras ese día llega, invito a quienes resultaron elegidos por el voto popular a una profunda reflexión sobre su próxima actuación en la administración y procuración de la justicia en la Ciudad de México. Más allá de nombres, deseo éxito en su labor a las tres mujeres y dos hombres que ocuparán un espacio en el Tribunal de Disciplina Judicial. También a las 17 mujeres y los 17 hombres que tendrán a su cargo una magistratura, y a las 49 abogadas y 49 abogados que estarán al frente de un juzgado.
Asimismo, aprovecho para precisar que las magistraturas asignadas fueron 12 en materia civil; 10 penal; una para ejecución de sanciones penales; siete en el rubro familiar, y cuatro en justicia para adolescentes.
Respecto a los juzgados, 45 son en lo civil; uno mixto civil y de tutela de derechos humanos; 13 en materia penal; cinco para ejecución de sanciones penales; 22 en el renglón familiar; uno en justicia para adolescentes; cuatro para el tema laboral, y uno mixto penal y de tutela de derechos humanos.
Los retos del poder Judicial
La elección del nuevo Poder Judicial federal representa uno de los mayores cambios institucionales en la historia reciente de México. Por primera vez, jueces, magistrados y ministros de la SCJN fueron elegidos por voto popular, porque la intención es democratizar y acercar la justicia a la gente.
Sin embargo, la transformación del Poder Judicial no estará exenta de desafíos profundos. Si bien los comicios fueron un suceso inédito, el verdadero reto será lograr que el Poder Judicial responda a cabalidad a las deudas históricas que arrastra este sistema con las mujeres víctimas de violencia, con los pueblos originarios, con las personas privadas de su libertad que aún no reciben una sentencia, y con todos aquellos a los que les ha sido negada la justicia, ya sea por su condición social, económica o de género, entre otras.
Uno de los retos más urgentes será hacer justicia a las mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia. Es momento de acabar con la impunidad que rodea los casos de feminicidio, la violencia vicaria, las agresiones sexuales o domésticas. Es momento de poner fin a ese mensaje brutal que le dice a este sector de la población que su vida e integridad no valen.
El nuevo Poder Judicial tiene el deber ético y constitucional de erradicar la revictimización institucional y garantizar sentencias con perspectiva de género, que reconozcan las causas estructurales de la violencia y que protejan efectivamente a las víctimas. No basta con cifras, se necesita un cambio de cultura jurídica, de sensibilidad y de compromiso con los derechos humanos de las mujeres.
De igual forma, el nuevo Poder Judicial deberá enfrentar el drama de las personas pobres e indígenas privadas de su libertad sin sentencia. Muchas de ellas llevan muchos años encarceladas sin un juicio, sin una defensa adecuada y sin recursos para pagar una fianza o un abogado. Esta realidad –cotidiana, pero ignorada– revela un sistema que castiga la pobreza y privilegia al poder.
Con la renovación del Poder Judicial habrán de garantizarse verdaderas defensorías públicas; intérpretes para quienes no hablan español, y jueces que comprendan las condiciones culturales, económicas y sociales de las personas a quienes juzgan.
Además, este nuevo modelo deberá evitar caer en la lógica de campañas electorales que reduzcan la justicia a slogans o que expongan a los futuros jueces a presiones partidistas o clientelares. La independencia judicial debe mantenerse como un principio irrenunciable, aun en el contexto de una elección popular. La legitimidad de los juzgadores no se mide únicamente por los votos obtenidos, sino en su actuación conforme a la ley, la ética y los derechos de las personas.
El nuevo Poder Judicial tiene una enorme oportunidad: reconstruir la confianza de la ciudadanía en la justicia. Pero esa confianza no se decreta, se gana. Y se gana resolviendo los casos que más duelen, protegiendo a quienes más lo necesitan, y actuando siempre con integridad, profesionalismo y sentido de humanidad.
En la edición de enero de la revista Zócalo, afirmé que el derecho a la justicia no está a negociación. Lo reitero. Estoy convencida que los nuevos integrantes de los juzgados, tribunales y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumplirán su deber de defender a la ciudadanía, incluidos a quienes tienen menos recursos.
El pueblo los eligió para que garanticen el acceso a la justicia de todas y todos, y de ninguna manera le pueden fallar. Los observaremos de cerca para que así sea. México no necesita un Poder Judicial popular sólo en su origen, sino profundamente justo en su destino. Esa será la verdadera medida de su transformación.
*Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México
X: @XochitlBravoE
Facebook: Xóchitl Bravo
IG: @xochitl_bravo_espinosa
