Gabriel Sosa Plata*
Durante años, TV Azteca se vendió como una televisora “crítica, pero responsable”. Crítica de los excesos del poder, pero siempre con una línea roja: la Presidencia de la República. A ese nivel, decían sus directivos, no se jugaba. Había respeto. Había “institucionalidad”, aunque también una relación de privilegios.
Eso se acabó con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional. Y se terminó de romper con Claudia Sheinbaum. No porque el nuevo gobierno buscara controlar contenidos, sino porque interrumpió una vieja cadena de favores y, por supuesto, el famoso “derecho de picaporte” en Los Pinos o en Palacio. Esa puerta giratoria entre el poder político y el mediático (de la cual derivaron leyes a modo, telebancadas e incluso la imposición de un candidato presidencial) dejó de girar desde finales de 2018.
TV Azteca fue, desde su nacimiento, una de las grandes ganadoras del gasto en publicidad oficial, sólo detrás de Televisa. A eso se sumaban condonaciones y arreglos fiscales que hoy están bajo escrutinio público. El conflicto abierto entre Ricardo Salinas Pliego y el SAT -uno de los litigios fiscales más grandes en la historia reciente del país- forma parte de esa historia de privilegios que comenzó a desmontarse con el movimiento de la 4T.
Así, cuando el gobierno redujo drásticamente esos beneficios, el empresario endureció su discurso, con innumerables insultos a servidores públicos y falsedades sobre su situación tributaria. Desde entonces, TV Azteca se convirtió en ariete: una plataforma sistemática de hostilidad y deslegitimación del gobierno, del partido en el poder y ahora de la propia Presidenta.
La cobertura de la llamada “Marcha de la Generación Z” es, hasta ahora, el ejemplo más brutal de esta deriva.
TV Azteca alentó la movilización antes, durante y después. En sus noticieros y redes insistió en el carácter “histórico” de la marcha (con lo cual podríamos coincidir), pero al mismo tiempo amplificó la convocatoria y construyó una narrativa de indignación que en práctica buscó ser útil a las fuerzas políticas interesadas en restaurar un gobierno de derecha que a la propia generación a la que decían dar voz.
El sábado, ya en la transmisión en vivo por ADN 40, vimos plecas como “Represión en el Zócalo capitalino”, “No nos callarán… el Zócalo es de todos” y “Manifestantes son reprimidos”, que se sucedían mientras la pantalla mostraba imágenes de policías conteniendo a grupos que, en varios momentos, derribaron vallas, lanzaron objetos y buscaron forzar accesos al Palacio Nacional y otros edificios públicos.
El conductor principal, Manuel López San Martín, repitió una y otra vez la misma idea: la violencia -los empujones, los golpes, los destrozos- fue provocada desde el momento en que el gobierno decidió colocar vallas para blindar el Zócalo, Bellas Artes y otros inmuebles. Es decir, se trató de construir una narrativa que los únicos culpables de la violencia fueron “los gobiernícolas”.
Más grave aún fue el contenido que se permitió al aire. Se transmitieron consignas y expresiones de odio. Se difundieron mentiras como “Sheinbaum mata”, “narcogobierno” o “nos echaron al Ejército”, sin contraste, verificación básica ni contexto. Y se dio voz, sin matices, a quienes pidieron incluso la intervención de Donald Trump en México para “sacar” del poder a Morena y a la Presidenta.
La televisora cruzó así una frontera peligrosa.
Un medio concesionado, que usa un bien de la nación (el espectro radioeléctrico) tiene obligaciones claras con las audiencias. La Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión exige veracidad, imparcialidad, oportunidad, distinción entre opinión e información y evitar la manipulación informativa. Lo que vimos fue lo contrario:
– Un marco informativo único, centrado en la idea de “represión”.
– La justificación permanente de la violencia, atribuyéndola exclusivamente al gobierno.
– La amplificación de expresiones de odio y de mentiras, sin contraste.
– La normalización de discursos abiertamente antidemocráticos, incluidos llamados de intervención extranjera.
Sobre esto último es importante recordar que mientras el nuevo marco legal establece prohibiciones para concesionarios y plataformas respecto a la difusión de propaganda de gobiernos extranjeros (justo para evitar injerencias en la vida política nacional), TV Azteca abrió sus micrófonos a quienes pedían que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviniera en México para cambiar el signo del gobierno. La paradoja es brutal: la ley intenta blindar la soberanía, pero en la práctica un medio masivo mexicano normaliza discursos de subordinación y renuncia a dicha soberanía.
El papel de TV Azteca encaja en una categoría que la literatura comparada ha documentado una y otra vez: el golpismo mediático.
No es un golpe clásico, con tanques, balas y cuarteles. Es un golpe discursivo. Un golpe desde la narrativa. Un golpe desde la repetición sistemática de la ilegitimidad. Un golpe que no derroca gobiernos por sí mismo, pero sí construye las condiciones simbólicas, emocionales y políticas para desgastarlos, debilitarlos y abrir camino a quienes buscan sustituirlos. Todo ello acorde a un movimiento internacional, del que Salinas Pliego forma parte, que tiene el objetivo muy claro de debilitar a los gobiernos democráticos, con visión de izquierda, y llevar a la instauración de gobiernos de ultraderecha, dominado por los intereses de los grandes empresarios nacionales y extranjeros.
Y no es la primera vez que sucede en las pantallas de TV Azteca.
Esta cobertura me recordó lo ocurrido con la transmisión en torno del asesinato de Paco Stanley. Aquel episodio fue analizado con precisión quirúrgica por la investigadora Fátima Fernández Christlieb en su libro La responsabilidad de los medios de comunicación (Paidós, 2002). La destacada académica mostró cómo, en momentos de máxima tensión política, los medios pueden caer, como se constató el sábado, en prácticas de irresponsabilidad extrema, empujadas por la lógica del poder y del rating, ajenas a cualquier consideración ética. Y advertía, con claridad, que la “responsabilidad” mediática suele convertirse en una palabra hueca cuando sirve solo como velo para encubrir el uso político o comercial de la pantalla. Esa reflexión, escrita hace más de dos décadas, encaja con exactitud inquietante en la cobertura sabatina.
Asamblea de medios púbicos
La semana pasada se llevó a cabo la cuadragésima asamblea de la Red de Medios Públicos. Tele Yucatán fungió como anfitrión. Uno de los temas abordados fue la necesidad de desarrollar acciones más eficaces para que estos medios reciban un presupuesto adecuado y estable, sin que les afecten los cambios de gobierno. El tema era obligado: en la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los medios públicos no obtuvieron ningún beneficio, a diferencia de los medios comunitarios indígenas y afromexicanos. En su momento falló la interlocución, el cabildeo y el convencimiento a las y los legisladores para, por ejemplo, crear un fondo de financiamiento para producciones de calidad, actualización tecnológica y permitir la apertura regulada a publicidad comercial.
Ante lo que sucede con medios como TV Azteca, los medios públicos son indispensables para las audiencias. De ahí la necesidad de su fortalecimiento.
