Balbina Flores Martínez
Apropósito de la elección de jueces y magistrados, alguien publicó hace unos días en redes sociales una frase: “si hubiera mejores jueces no habría asesinatos de periodistas”. Esa frase es una verdad a medias porque lo mejor sería decir, si hay mejores investigaciones judiciales habría menos asesinatos de periodistas y con mejores jueces habría menos impunidad.
En el tema de la impartición de justicia en los casos de agresiones en contra de periodistas, urge homologar los Códigos Penales, porque no sirve tener jueces electos democráticamente si las leyes locales penales no responden a la actualidad y gravedad de los delitos.
Por ejemplo, las amenazas no son consideradas delito, como ocurre en el Estado de México. Si un periodista o cualquier persona es amenazada en esa entidad, simplemente es un agravante, no un delito. Eso no puede seguir así.
Los 881 funcionarios públicos del Poder Judicial que se elegirán, impartirán justicia pero eso no es suficiente. Querer dejar todo en manos de los jueces es desconocer que hay una parte fundamental que tiene que ver con la procuración de justicia y son las Fiscalías, donde se integran las investigaciones e indagan hechos que son presentados a un juez o jueza, quienes juzgarán lo que su criterio dicte.
Algunos criterios por considerar para elegir a jueces y magistrados son: perfil profesional, trayectoria impecable, formación jurídica sólida, honestidad intachable, sensibilidad a las problemáticas de derechos humanos y de las víctimas y con perspectiva de libertad de expresión. Todo aquello sin que prevalezcan simpatías políticas o sólo su formación jurídica.
Los jueces durarán nueve años en el cargo y podrán ser ratificados por voto popular al término de este período, lo que deberá ser de acuerdo a su desempeño.
En el largo camino que he recorrido en la defensa de la libertad de prensa y la búsqueda de justicia para periodistas, no todo ha sido negativo. Debo reconocer que hay casos donde los jueces se interesaron y resolvieron a favor de las víctimas, en asesinatos de periodistas indagando el trabajo informativo de las víctimas, lo que ha sido posible por el trabajo conjunto con Fiscalías, familiares y organizaciones de sociedad civil. Son excepciones pero vale la pena rescatar algunos de estos antecedentes. Ojalá y esto, se conjugue entre los aspirantes a puestos judiciales que elegiremos, pero me temo que no.
Podemos mencionar casos como el del juez federal Nelson Pedraza Sotelo, quien en agosto de 2020, sentenció a 50 años de prisión a Juan Carlos Moreno Ochoa “El Larry”, por el homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea.
En junio de 2020, el juez federal José Noé Egure, en Culiacán Sinaloa, condenó a 32 años de prisión a Juan Francisco Picos Barraza, uno de los autores materiales del asesinato de Javier Valdez, asesinado el 15 de mayo de 2017; nunca olvidaré cuando el Juez en su sentencia pronunció de manera firme: “queda muy claro que la víctima fue asesinada por ejercer su labor periodística”.
En septiembre de 2023, en Guanajuato, el juez penal federal Rubén Yair Caballero, sentenció a 27 años y seis meses de prisión a José Luis “N”, por el asesinato del periodista Israel Vázquez, cometido en noviembre de 2020, en Salamanca, Guanajuato. Sin embargo, el Juez determinó que el trabajo informativo de Israel como móvil del crimen, no fue un elemento determinante para imponer pena en contra de José Luis “N”, pues “es igualmente relevante que se prive de la vida a cualquier persona que a un periodista”. El juez jurídicamente podría tener razón pero lo que no consideró en su sentencia fue la perspectiva de libertad de expresión como elemento importante.
En agosto de 2022, un juez federal con sede en Acapulco, Guerrero, sentenció a Roberto B, alias el “Chinicuil” a 13 años de prisión por el asesinato del periodista Alfredo Cardos, asesinado en octubre de 2021. La primera pregunta que surgió fue ¿por qué el asesinato de un periodista recibe una condena tan corta? La respuesta fue porque las penas en el Código Penal de Guerrero son bajas. Las penas por homicidio simple son de 20 a 40 años.
A la fecha existen poco más de 20 sentencias dictadas por jueces en casos de asesinatos de periodistas en México, de las cuales por lo menos 10 corresponden a las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especial de Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República, el resto son de investigaciones de fiscalías locales. Pero no en todas esas sentencias, se dieron con perspectiva de libertad de expresión, es decir donde se reconociera que estos homicidios ocurrieron por el ejercicio del trabajo periodístico.
Para un Juez como el de Acapulco, el asesinato de un periodista por el que muchos colegas nos horrorizamos, parecería ser no tan relevante pero sí debería serlo. Porque al matar a un periodista no sólo se mata a una persona, se elimina el derecho de la sociedad a estar informada y muchas veces esto no lo ven.
Los focos rojos de candidatos al poder judicial
A poco menos de un mes de la elección del 1 de junio, los focos rojos se han encendido ante los candidatos que aparecen en las boletas, que quieren un lugar como jueces, magistrados o jueces pero que arrastran una dudosa trayectoria en la impartición de justicia por sus presuntos vínculos en la violación de derechos humanos y la libertad de expresión.
No podemos negar que llegamos a una elección judicial inédita pero también llena de ruido que desde luego no genera mucha certeza en la ciudadanía para participar.
Entre esos casos figuran dos casos que sin el menor cuidado se le colaron en la tómbola del Legislativo.
La organización Defensorxs hizo público en su portal. Lo que considera como candidaturas de alto riesgo y donde pueden verse los perfiles completos de cada uno de ellos y ellas.
Es el caso de Andrés Montoya García, candidato a Magistrado en Hermosillo, Sonora, está vinculado con la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota, reportero de El Imparcial, desaparecido hace 20 años en aquel estado.
Montoya, quien en aquel entonces era Subdirector del Sistema Penitenciario fue una de las últimas personas con las que el periodista tuvo contacto y que reconoció haber visto al periodista antes de su desaparición.
Otro caso, es el del candidato a Juez Federal de Michoacán por el Circuito 11, Francisco Herrero Franco, postulado por el Poder Legislativo.
Franco ha sido señalado por extorsionar a comunidades para que colaboren con el crimen organizado, así como su posible involucramiento en el asesinato de los periodistas Roberto Toledo y Eduardo Linares. Herrera aparece en la lista de boleta número 28 para el cargo de Juez de Distrito en Materia Penal.
Ya no se diga aquellos candidatos la mayoría cargos de jueces, que son vinculados a lavado de dinero, violaciones a derechos humanos, abuso sexual, corrupción o vínculos con el crimen organizado.
En estas condiciones llegaremos a una elección el 1 de junio donde todo está por verse. No dudo que muchos candidatos tengan un perfil idóneo para ser elegibles. Tendremos que votar a conciencia y con conocimiento de causa para no arrepentirnos. Sí votemos porque es un derecho ciudadano.
*Corresponsal en México de Reporteros Sin Fronteras
