El tema TelevisaLeaks —sobre las campañas de desprestigio presuntamente diseñadas por la televisora en contra de sus enemigos políticos y competidores— salió a relucir durante el quinto y último conversatorio realizado en el Senado, para analizar la iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (Ley Telecom).
Con el tema “Derechos de los usuarios y audiencias”, diversos ponentes criticaron que los grandes medios de comunicación violenten de manera constante el derecho del público a la información veraz, y que no haya sanciones por parte de las autoridades.
“¿Qué hacer cuando los concesionarios de radio y televisión abusan de esas concesiones? Ya está el caso de TelevisaLeaks (…) esto requiere una acción del Estado”, demandó Leopoldo Maldonado, director regional de la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19.
Por ello, el activista propuso que se recuperen los artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014 sobre los derechos de las audiencias, y que haya una reestructuración de la nueva iniciativa para avanzar en materia de concesiones, así como en la regulación de contenidos para que no se violenten garantías.
También Irene Levy, presidenta de la asociación Observatel, retomó la investigación TelevisaLeaks, difundida por Aristegui Noticias tras las filtraciones de un exempleado de la televisora que dejaron al descubierto la colusión entre los poderes mediático y político en México.
A través de más de cinco terabytes de datos se evidenció que Televisa participó activamente en la manipulación informativa para favorecer a ciertos actores políticos y denostar a ciudadanos poderosos y no poderosos con sucias campañas de desprestigio, según convenía a los intereses de la empresa, detalló Levy.
Este caso, alertó la dirigente de Observatel, afecta la imparcialidad de los contenidos noticiosos, además de que “vulnera uno de los principios fundamentales de las audiencias que es el derecho del público a recibir información veraz, plural y oportuna”.
En consecuencia, agregó Levy, se evidencia la necesidad de fortalecer los derechos de las audiencias entendidos como la capacidad de exigir contenidos informativos, éticos, diversos y trasparentes.
En ese tenor, María de los Ángeles Huerta del Río, coordinadora de la asociación Comunicadores del Pueblo, criticó que “los concesionarios, particularmente los comerciales, no solamente no se autorregulan, sino que, sistemáticamente violan y pasan por encima del derecho de las audiencias”.
Ante esa situación, la académica destacó que el Estado debe hacerse responsable de la regulación, delimitación y garantía de los derechos fundamentales de usuarios y audiencias.
Entre sus propuestas, mencionó que la Ley Telecom debe definir jurídicamente el concepto “derechos de las audiencias”; establecer un equilibrio entre la libertad editorial y la libertad de expresión de los concesionarios con el derecho de las audiencias, y evitar cualquier tipo de censura a los contenidos.
Asimismo, Huerta del Río dijo que se debe dotar a los defensores de las audiencias de facultades para que los reclamos sean vinculantes.
“Ya no somos audiencias analógicas, sino digitales”
En su intervención, la presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA), Hilda Saray Gómez, remarcó que los derechos de las audiencias son “equiparables a la libertad de expresión y a los derechos humanos”.
“Reconocemos por supuesto que los derechos de las audiencias como estaban redactados en 2014 se recuperen en la iniciativa que hoy analizamos”, expresó Gómez, quien aclaró que las audiencias de hoy ya no son analógicas, sino digitales, “más allá del uso de aparatos por la perspectiva del mundo actual”.
Por ello, la titular de la AMDA demandó que la nueva ley garantice el proceso para la recepción de quejas y envío de recomendaciones a medios de comunicación, y que cada medio tenga su propia defensoría de las audiencias.
Por su parte, Agustín Pineda, exsubprocurador de Telecomunicaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), apuntó que se requieren mecanismos de protección de las audiencias que estén concentrados en una sola autoridad “federal, técnica, especializada y funcionalmente autónoma que se encargue de hacer valer estos derechos”.
En ese sentido, Pineda propuso que Profeco ejerza tal función “porque su trayectoria es más que una historia de regulación, es una historia de cercanía con la gente. Hablamos de una institución con infraestructura nacional con décadas de experiencia, personal capacitado y presencia en todo el país”.
Abundó que el marco normativo ya reconoce a los usuarios de telecomunicaciones, no sólo como consumidores, sino como sujetos de derechos, y que Profeco ya ha sancionado prácticas que vulneran los derechos de los usuarios.
En defensa de las audiencias de las radios comunitarias, Nicacia Lino de Jesús, directora de Radio Tosepan Limakxtum (cuya señal llega a Puebla y Veracruz), subrayó que la emisora fue creada por sus radioescuchas para tener voz propia, por lo que “la imposición de spots de partidos políticos, o cualquier otro que no tenga pertinencia cultural o no responda a nuestras formas de vida, son una violación a nuestros derechos como comunidades”.
En este sentido, Lino de Jesús dijo que como pueblos organizados se hace un llamado a defender la autonomía y la autodeterminación de los contenidos de sus radios, las cuales son una “herramienta fundamental para la vida comunitaria”.
En representación del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), Lenin Martell Gámez, explicó que el servicio público de radiodifusión tiene que sentar las bases en las que el Estado mexicano reestructurará un sistema comunicativo abierto para todas y todos, y en el que se haga visible a las minorías y mayorías, un sistema autónomo y pedagógico.
Asimismo, observó que la iniciativa no es clara en lo que se refiere a los derechos de las audiencias, lo cual puede tener implicaciones sociales y culturales.
Ajustarse a la nueva realidad digital
En tanto, la consejera de la asociación A Favor de lo Mejor,María Lizarraga Iriarte, refirió que ante la convergencia de medios es necesario un marco legal regulatorio que se ajuste a la nueva realidad digital, y que garantice equilibrio entre el acceso a los contenidos, así como a la protección de los derechos de las audiencias.
“La propuesta de ley en el artículo 228 acota los derechos de las audiencias exclusivamente al servicio del derecho de radiodifusión, dejando fuera a las audiencias cuyo consumo de contenido audiovisual es por medio de aplicaciones y plataformas digitales”, apuntó Lizarraga.
En contraste, la directora del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), Zaira Pérez, resaltó que la iniciativa de Ley Telecom pone al centro de la regulación a los usuarios de telecomunicaciones y a las audiencias, al ampliar sus garantías e impulsar el derecho a la información imparcial, veraz y oportuna.
“Es necesario precisar que estos derechos no pueden considerarse de ninguna manera un ataque a la libertad de expresión, sino una herramienta para el ejercicio de una libertad informada tomando en cuenta que la referida libertad incluye el derecho a buscar, recibir y difundir información, lo que implica también el derecho de evaluarla”, expresó.
Por parte de los empresarios de medios electrónicos, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), José Antonio García Herrera, advirtió que mientras la radio y la TV son reguladas por la ley, los demás medios, como las OTT (Over The Top), las plataformas de streaming y las páginas digitales, no tienen regulaciones.
“Yo diría: ¿no hay derechos de las audiencias para esos medios de comunicación?”, cuestionó el dirigente de la CIRT, por lo que criticó que la falta de regulación a tales servicios digitales y la sobrerregulación a los medios tradicionales es un “atentado contra la libertad de expresión y la democracia”.
Por ello, García Herrera propuso una regulación igualitaria para todos los medios de comunicación, al afirmar que las audiencias están repartidas en todos ellos.
“Creo que esta regulación se burla de las audiencias, porque resulta tan paternalista que hay que cuidarlos para que escuchen lo que quieran o no quieran escuchar; el primer derecho que tienen las audiencias es la pluralidad de medios”, recalcó.
Camila Doroteo
