Carlos Padilla Ríos
Buena parte de las actividades comerciales y económicas del país ya se realizan mediante herramientas digitales. Los servicios digitales son las ofertas mercantiles donde se utilizan las tecnologías de internet y las plataformas.
En México, en 2023 el comercio electrónico de bienes y servicios participó con 6.4 por ciento del Producto Interno Bruto, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), (el valor agregado bruto del comercio electrónico 2023, alcanzó 2 billones 47 mil 362 millones de pesos).
Algunas de esas ofertas son servicios en la nube, aplicaciones web, comercio electrónico, transmisión de contenidos, redes sociales, mensajería instantánea, finanzas, salud digital, educación en línea, viajes, teletrabajo, entre otros.
Particularmente, en servicios como aplicaciones web, comercio electrónico, transmisión de contenidos y redes sociales, se generan contenidos que muchas veces, vulneran los derechos humanos de los consumidores o usuarios digitales, que son estafados, defraudados, donde se reciben mensajes de odio, discriminación, difamación, campañas sucias, misoginia y xenofobia.
Hace ya muchos años que el entorno digital está inundando de redes sociodigitales y sitios web, en donde se generan campañas locales o internacionales de noticias falsas, violencia de género, bullying o daño moral.
Lo anterior se agrava, ahora que las plataformas digitales como Meta o X, han reducido sus márgenes de verificación de contenidos, abriendo la puerta a la generación de campañas sucias, sobre todo en el terreno político.
Si bien el artículo primero de la Ley Federal de Protección al Consumidor tiene como propósito “promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores”, lo cierto es que en ese articulado se abordan más transacciones comerciales, que aquellas originadas desde las telecomunicaciones o la radiodifusión.
De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, los mexicanos se quejan más de aquellas empresas dedicadas a las telecomunicaciones, las tiendas departamentales, las aerolíneas y el comercio electrónico.
Reconocemos la valía de que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones ahora regule a las telecomunicaciones y la radiodifusión privilegiando la rectoría estatal, en sustitución del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que en distintos momentos estuvo influenciado o capturado por los poderes fácticos con el aval de algunos partidos políticos.
También celebramos que el derecho de las audiencias esté incorporado y reconocido porque el neoliberalismo los saboteó durante una década, luego de que se aprobara la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en 2014.
Sin embargo, en el país, no existe una legislación dirigida a regular los servicios digitales, en detrimento de los derechos de los usuarios y consumidores. Por esa razón, resulta de interés participar en este conversatorio, para advertir acerca de la necesidad de llenar ese vacío.
Aquel vacío también impacta a la niñez y los adolescentes, sectores de la población que son grandes consumidores de los servicios digitales.
No vemos entre las tareas de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones el fomento a la alfabetización digital en primarias y secundarias.
En Europa en 2022, se aprobaron las Leyes de Servicios Digitales y de Mercados Digitales, donde se establecen niveles de referencia mundial para regular los servicios digitales, con obligaciones claras, adecuadas a la importancia de las plataformas en línea.
Tampoco hay que olvidar que en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que ustedes senadores revisaran en pocos meses, su capítulo 19 está dedicado al comercio digital.
Los medios públicos hacen esfuerzos por fomentar la alfabetización mediática entre la niñez y los adolescentes, pero sus bajos presupuestos impiden incrementar proyectos en ese sentido.
¿Cómo combatir la desinformación y las noticias falsas de TV Azteca y Televisa y opinólogos, con presupuestos insuficientes en los medios públicos?
No vemos en esta iniciativa que aquí se analiza ninguna propuesta para incrementar los presupuestos de los medios públicos, lo cual resulta preocupante porque no se les permite comercializar, ni se les asignan suficientes recursos anuales, pero sí se les exige cumplir con las audiencias.
Hace tiempo, lo recordará el senador Javier Corral, impulsábamos propuestas legislativas donde se proponía otorgar el 10 por ciento del presupuesto federal destinado a la publicidad gubernamental para asignarlos a los medios públicos.
Por eso es necesario que el congreso autorice mayores porcentajes anuales a los medios como Canal 14, Canal 22, Canal Once, IMER, Radio Educación, en donde ahora desaparecen programas y ocurren despidos por insuficiente presupuesto.
*Director de Revista Zócalo. Tema expuesto durante el tercer Conversatorio sobre Servicios Digitales, el 15 de mayo del año en curso en el Senado de la República.
