Camila Doroteo
En los cinco conversatorios realizados en mayo pasado en el Senado, para analizar la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (Ley Telecom), participaron legisladores, activistas y especialistas en la materia a fin de abordar los ejes de la iniciativa, como acceso al espectro radioeléctrico, la defensoría de las audiencias, y las regulaciones digitales, entre otros.
El senador de Morena Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, fue el moderador de los conversatorios. En el primero de ellos se analizó la política de telecomunicaciones y radiodifusión con la participación de 23 ponentes; algunos de ellos argumentaron sobre la supuesta sobrerregulación del espectro radiofónico, la “censura”, el impacto de la inteligencia artificial en los medios de comunicación, y la importancia de dar más recursos a los medios públicos.
El también senador de Morena Manuel Huerta destacó que la iniciativa de Ley Telecom forma parte de una reforma constitucional, que acabó con supuestos órganos autónomos y que además crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que se encargará de vigilar el buen funcionamiento del sector.
En contraparte, en representación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gabriel Contreras cuestionó que en el dictamen se permita al Estado obtener espectro radioeléctrico sin contraprestación, y aseguró que esa ventaja atenta contra el T-MEC.
“Ese es el objetivo de esta iniciativa peligrosa, que usó como pretexto la propaganda trumpista transmitida por Televisa. No debemos aceptar la propaganda antiinmigrante, pero tampoco una ley que, por lo visto, el oficialismo ya tenía preparada”, dijo en su turno la académica Denise Dresser, quien afirmó que la ley impulsada por Morena de manera acelerada pretende “la censura y el control” de los medios de comunicación.
Desde el punto de vista empresarial, José Antonio García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), cuestionó: “La radio y la televisión cuentan con regulaciones. Pero los demás medios de comunicación como las OTT (over the top), los streamings, las páginas digitales no tienen regulaciones (…). Yo diría ¿no hay derechos de las audiencias para esos medios de comunicación?”.
García añadió que esa falta de medidas es un “atentado en contra de la libertad de expresión y a la democracia”, por lo que sugirió una misma regulación para todos los medios de comunicación. “El mayor riesgo que enfrenta el ecosistema digital es la concentración de poder en la nueva agencia”, aseguró por su lado el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Jorge Bravo, quien expuso seis de 12 puntos en los que se detallan omisiones o deficiencias del dictamen Telecom.
Señaló los riesgos que implica que la ATDT, dependiente del Ejecutivo, reúna funciones regulatorias, técnicas y de política pública en una sola persona, como la censura y espionaje mediante datos biométricos.
Bravo enfatizó la necesidad de que el espectro radiofónico sea accesible, “un derecho no un lujo” en relación al costo elevado del espectro.
Por su parte, el integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Alejandro Cabral, consideró que la propuesta de ley avanza en algunos derechos, pero es “sólo un poco”, porque se dice que “primero los pobres”, pero los marginados de la ley anterior “seguimos como los marginados de la ley actual”.
Ante la necesidad de equilibrar el ecosistema digital, Cabral solicitó que se les otorgue 10% de los presupuestos de publicidad gubernamental: “Se avanza muy, muy poco en relación a los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes e independientes”.
Respecto al espacio digital, Jorge Negrete, de DPL Group, señaló que la ley debe habilitar el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos en dicho espacio por medio del despliegue de la infraestructura digital.
En tanto, la presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC), Lizy Navarro, resaltó la importancia de integrar en la iniciativa de ley el impacto de la inteligencia artificial en la libertad de prensa y los medios de comunicación.
Piden más apoyo a pequeños operadores de telecomunicaciones
En el tema “Cobertura social y acceso al espectro radioeléctrico”, las y los 16 ponentes coincidieron en que se debe apoyar a los pequeños operadores de telecomunicación, y garantizar un mayor acceso e inclusión de la sociedad al espectro radioeléctrico.
La ATDT limita el acceso público a las telecomunicaciones al menos al 10% de la población que es representada por personas con discapacidades y necesidades especiales, dijo durante su intervención Clara Luz Álvarez, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores y de la Universidad Panamericana.
Señaló cinco áreas que deben promover y garantizar la inclusión dentro de la norma: cobertura social, aplicaciones funcionales, contenidos audiovisuales accesibles, servicios de emergencia y servicio de relevo.
El coordinador de Infraestructura Digital de la ATDT, Jorge Luis Pérez, apuntó que, pese a que los grandes operadores de telecomunicaciones han desplegado redes públicas con alta tecnología, no todos los sectores tienen acceso a ellas por no ubicarse en “zonas rentables”, por lo que “se deben buscar alternativas que incentiven el despliegue de redes”.
En lo anterior coincidió Jesús Miguel Sarmiento, presidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores, quien pidió un marco regulatorio adecuado y “políticas públicas que garanticen el acceso equitativo al espectro radioeléctrico” y promuevan el “desarrollo social y tecnológico del país”.
Celebran eliminación del polémico artículo 109
Previo al tercer conversatorio, con el tema “Servicios digitales”, la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la ATDT, José Merino, anunciaron durante la conferencia matutina la eliminación del artículo 109 de la iniciativa de ley, según el cual, a decir de la oposición y algunas organizaciones, “censuraba” a las plataformas digitales.
La mayoría de ponentes celebró la decisión y se discutió el enfoque digital de la iniciativa. Fabiola Peña, de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), advirtió que la redacción del artículo 3, referente a las plataformas digitales, podría prestarse a una interpretación errónea sobre las regulaciones y alcance de la ley en los sectores y servicios digitales.
Explicó que las plataformas y sus servicios de generación de contenidos, como las redes sociales y el comercio electrónico, no deberían regularse de la misma forma que las infraestructuras de telecomunicaciones.
En la misma línea, la directora de Alianza por una Internet Abierta en América Latina y el Caribe, Mercedes Aramendía, propuso “eliminar el artículo 3 en la fracción que define plataformas y fracciones digitales”, pues daba sustento al extinto artículo 109 y podría generar contradicciones jurídicas.
Mientras, la coordinadora de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen/Canto de Cenzontles, Alejandra Carrillo, pidió que se visibilice y dignifique a las comunidades originarias, pues en esta población los contenidos circulan cada vez más a través de plataformas digitales, dejando atrás a los medios tradicionales.
En su participación, el director de la revista Zócalo, Carlos Padilla, enfatizó que los medios públicos hacen esfuerzos por fomentar la alfabetización mediática entre la niñez y adolescencias, pero sus bajos presupuestos impiden incrementar proyectos en ese sentido.
“¿Cómo combatir la desinformación y las noticias falsas de TV Azteca y Televisa y opinólogos con presupuestos insuficientes en los medios públicos? No vemos en esta iniciativa… ninguna propuesta para incrementar los presupuestos de los medios públicos, lo cual resulta preocupante porque no se les permite comercializar, ni se les asignan suficientes recursos anuales, pero sí se les exige cumplir con las audiencias”, criticó el periodista.
Indispensables, recursos para radios comunitarias
Para el cuarto conversatorio, “Servicio público de radiodifusión”, se demandó que la iniciativa garantice presupuesto a las emisoras comunitarias, indígenas y afromexicanas, y que se les dé preferencia para acceder al espectro radioeléctrico.
La coordinadora de AMARC, Mireille Campos, planteó que la norma debe democratizar al sistema de medios y definir claramente a las radios comunitarias indígenas y afromexicanas en la legislación, e incluir su finalidad social y no comercial.
“El servicio público de radiodifusión indígena reconocido en el marco jurídico nacional e internacional no es un favor del Estado, sino un derecho colectivo esencial para el ejercicio de las autonomías y la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos”, añadió Marina Patrón, en representación del Comité Nacional de Radios Comunitarias, Indígenas y Afromexicanas.
A ello se sumó Adelfo Regino, director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, quien solicitó acceso preferente de estas comunidades en cuanto al otorgamiento de concesiones para uso público o social.
TelevisaLeaks, a debate
Para el último conversatorio, con el tema “Derechos de usuarios y audiencias”, las y los ponentes criticaron que los grandes medios violenten de manera constante el derecho del público a la información veraz, y que no haya sanciones por parte de las autoridades.
El tema TelevisaLeaks —investigación difundida por Aristegui Noticias sobre la colusión entre los poderes mediático y político en México— salió a relucir. “¿Qué hacer cuando los concesionarios de radio y televisión abusan de esas concesiones? Ya está el caso de TelevisaLeaks (…) esto requiere una acción del Estado”, demandó Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19.
El activista propuso que se recuperen los artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014 sobre los derechos de las audiencias, y que haya una reestructuración de la nueva iniciativa para avanzar en materia de concesiones, así como en la regulación de contenidos para que no se violenten garantías.
A ello se sumó la presidenta de la asociación Observatel, Irene Levy, quien detalló que se evidenció que Televisa participó activamente en la manipulación informativa para favorecer a ciertos actores políticos y denostar a ciudadanos poderosos y no poderosos con campañas de desprestigio, según los intereses de la empresa.
En defensa de las audiencias de las radios comunitarias, Nicacia Lino de Jesús, directora de Radio Tosepan Limakxtum, subrayó que la emisora fue creada por sus radioescuchas para tener voz propia, por lo que “la imposición de spots de partidos políticos, o cualquier otro que no tenga pertinencia cultural o no responda a nuestras formas de vida, son una violación a nuestros derechos como comunidades”.
En cuanto a inclusión de opciones y pluralidad para las personas con alguna discapacidad, ya sea visual o auditiva, Katia D’Artigues, presidenta de Yotambien.mx, propuso que la iniciativa contemple que todos los portales, apps y plataformas de los gobiernos tengan diseño universal y garanticen que las personas con discapacidad puedan acceder a ellos.
En tanto, Zaira Pérez, directora del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), resaltó que la iniciativa de Ley Telecom pone al centro de la regulación a los usuarios y audiencias de telecomunicaciones al ampliar sus garantías e impulsar el derecho a la información “imparcial, veraz y oportuna”.
Al término de los conversatorios se contemplaron 500 modificaciones a 83 artículos de la Ley Telecom, mientras se alista un periodo extraordinario de sesiones en el Senado para este mes de junio a fin de aprobar la nueva normatividad.
