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El senado analiza el contenido del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, ya aprobado en la Cámara de Diputados, que busca contrarrestar la extorsión, acoso o secuestro realizada vía telefonía.
Sin embargo, es registro implicaría que los usuarios deberán entregar datos personales, hasta ahora no solicitados por las empresas comercializadoras, incluidos los biométricos, para conocer quién es el propietario de la línea y utilizar esa información en investigaciones ante la comisión de delitos.
Las extorsiones realizadas desde penales, los secuestros de distinta naturaleza o el acoso en sus múltiples expresiones se cometen profusamente desde la telefonía móvil por lo que una iniciativa para controlar esos ilícitos, gana consenso.
Empero, los senadores de la Comisión de Comunicaciones y Transportes aprobaron que los usuarios deberán incluir en ese Padrón, la huella digital, el iris de los ojos, rostro, voz y firma, que evidentemente vulnera la integridad, personalidad y los derechos humanos de los usuarios.
En Europa, Gran Bretaña y Estados Unidos, la regulación de datos biométricos para telefonía celular ha desatado amplias polémicas, donde grupos civiles denuncian violaciones a la privacidad y la protección de datos personales.
Algunas regulaciones ya aprobadas en esos países anteponen la protección de los derechos humanos, pero aceptan algunas excepciones, cuando los usuarios aceptan el registro de sus datos para proteger intereses de la persona e inclusive por razones de salud.
Aquí en México, el tema continúa discutiéndose, aunque los ciudadanos no han sido consultados, mientras que grupos civiles, alertan acerca de la posible filtración de ese padrón al crimen organizado y multinacionales de la tecnología.
Rebaten el argumento de los legisladores del combate a la extorsión, afirmando que los grupos delincuenciales tienen formas de obtener equipos celulares por lo no se reduciría lo que se quiere prevenir (extorsión), pero sí se vulnerarían los derechos humanos.
En la integración del contenido del Padrón, aprobado ya por los diputados, participaron representantes de organismos empresariales. Los legisladores deberán anteponer la protección de los datos personales de los usuarios de la telefonía celular por encima de las razones de combate a la inseguridad.
Podrían impulsar normas de localización geográfica en tiempo real para combatir ilícitos, como sugiere la organización R3D en Defensa de los Derechos Digitales
