Bruno Montesano y Giuseppe Allegri
Traducción: Lola Matamala
Es hora de poner en marcha un sistema de bienestar continental, cuyo primer fundamento es una renta básica común a todos los países de la Eurozona. Un dividendo social europeo financiado al principio, si es necesario, con el helicopter money y, después, a través de la deuda y con una tasación más progresiva sobre rentas y patrimonios.
Roma.- Renta básica para todas y todos, contra la emergencia del covid-19 y más allá, como pide la campaña de Basic Income Network Italia (BIN Italia). Después de un decenio de investigación, debates y movilizaciones en este sentido, el BIN y otros movimientos hacen un llamamiento para la ampliación de la renta de ciudadanía como primer paso para introducir una renta básica, lo más universal y menos condicionada posible. Se trata de encauzar en positivo esta lucha contra la pandemia, aunque solo sea parcialmente, para imaginar una nueva institución de protección social que en los últimos años ha sido muy debatida en relación a la revolución digital y a la automatización y que ahora puede volverse útil también como instrumento de seguridad y solidaridad social durante la cuarentena y después, para hacer frente a los efectos de esta, no solo sanitarios, sobre los individuos.
Una de las hipótesis para financiar la renta de cuarentena, al menos en un primer momento, es a través del helicopter money. El helicopter money consiste en transferencias a familias y empresas distribuidas por el gobierno pero financiadas por la banca central con la creación de nueva moneda y, por lo tanto, sin impacto alguno sobre la deuda. Esta hipótesis se alinea, solo parcialmente, con una renta de base individual, incondicional y estructural, que va más allá de un determinado período de emergencia.
De hecho, el helicopter money serviría ante todo para estimular la demanda y apoyar los ingresos a través de la renta básica, pero, una vez alcanzado un cierto nivel de inflación, habría que abandonarlo. En cualquier caso, la determinación de los objetivos distributivos y redistributivos debería permanecer en manos de los gobiernos y exigiría de una fuerte imposición fiscal. De lo contrario, la medida sancionaría el dominio de la política monetaria sobre la política fiscal. Los eurobonos, en cambio, se postulan como candidatos para convertirse en un recurso estructural para las políticas sociales y fiscales que sostengan a la Europa política, con la consecución de la armonización fiscal, de una política industrial europea dirigida a la reconversión ecológica de la producción, y del pilar social europeo.
Pero, mientras los eurobonos tienen un amplio espacio en el debate italiano, el helicopter money y la renta básica tienen más dificultades para ser escuchados, más allá del desprecio generalizado por la renta ciudadana. Efectivamente, la renta grillina (en referencia Beppe Grillo, precursor del movimiento Cinque Stelle que la incorporó en su programa) representa una distorsión con respecto a las reflexiones que —desde Gorz hasta Offe y Van Parjis— han planteado: una respuesta universal a la aparición de la economía de la información, con su correlato de trabajo pobre, precariedad y desocupación estructural. Renta básica y helicopter money se usan a menudo de manera indistinta por mucho que ambas medidas presenten tanto semejanzas como diferencias.
La pregunta sobre la que nos tenemos que interrogar es cómo pagar renta básica y helicopter money en esta fase. Mientras tanto, durante estos meses de manifiesta pandemia global, políticos y gobiernos de otros países se han aventurado por el terreno del helicopter money y de la renta básica.
Después de Hong Kong —que ha financiado la intervención emitiendo títulos de débito y no a través de una financiación directa del banco central—, en los Estados Unidos Trump ha destinado 500 mil millones de dólares para el bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas de EE.UU. en números rojos. Mientras Alexandria Ocasio-Cortez pide explícitamente al gobierno estadounidense una renta básica universal, Bernie Sanders ha propuesto pagar 2000 dólares a cada familia unido a la paralización de los desahucios, a un seguro contra el desempleo más generoso y a la cancelación de la deuda estudiantil.
En el Reino Unido, mientras tanto, una de las dos candidatas a la dirección laborista, la corbynista Rebecca Long Balley, relanza la propuesta de la renta básica, en coherencia con el apoyo de Corbyn al QE for the people5 [Expansión cuantitiva para la gente] mientras que más de 170 parlamentarios ingleses proponen una renta básica universal de emergencia. La cuestión es si la renta estará garantizada solo durante la fase de la pandemia o si se mantendrá, cambiando de este modo los sistemas de bienestar social.
Los medios anglosajones, siempre atentos al tema, han relanzado la idea. El New York Times ha instado al gobierno de los EEUU a dar 2000 dólares a todos y todas y ha invitado a regular las empresas que el gobierno salve y a hacer ingentes inversiones en sanidad y en infraestructuras. Las intervenciones sobre otros sectores de la economía sirven, de hecho, para evitar que la renta básica realice el sueño neoliberal de pocket money para muchos y muchas en un régimen de economía desregulada, sin estado del bienestar ni derechos.
Después de haber albergado durante largo tiempo reflexiones al respecto, el Financial Times ha publicado un artículo a favor de la renta de cuarentena con la firma del economista de Oxford Daniel Susskind. Otras herramientas de imposición fiscal y de regulación de monopolios productivos y financieros permitirían obtener mayores recursos para financiar una renta básica. Si no fuese porque el proyecto neoliberal y nacionalista del Brexit hace que esta hipótesis sea muy improbable.
A causa del colapso de la demanda, de la baja inflación, y de la exigencia de apoyar los ingresos de millones de personas, en los últimos días muchos economistas, entre los que están Jordi Gali, Nouriel Roubini, Beatrice Weder di Mauro, y Anatole Kaletsky, han recuperado la idea del helicopter money para apoyar la demanda y los ingresos, en respuesta a un shock exógeno.
Para el jefe económico de la empresa consultora Acreditus de Dubai, Moritz Kraemer, “el BCE podría comprometerse a efectuar una transferencia mensual a todos los ciudadanos de la zona euro con una cuenta bancaria, hasta que la inflación no alcance el 2% (…) ingresando 200 euros en cada cuenta, en caso de que la inflación anual sea igual o inferior al 1 %. Este pago vendría reducido a 20 € por cada 10 puntos base superado el 1,1 %, llegando a cero cuando la inflación alcance el 2%. La medida podría funcionar durante 38 meses y su coste sería de 908 billones, el 1,8% del PIB europeo –pero entre el 2015 y el 2018 para el QE se movilizaron cerca de 2,5 mil trillones de euros, que pronto podrían subir a 3,5—, con un efecto anual sobre la demanda del 0,6 % del PIB de la Eurozona. El Europarlamento debería establecer a quiénes irá el dinero para evitar que un órgano no elegido directamente decida quién debe recibir dinero y de qué forma.
Expansión cuantitativa para la gente o renta básica
Al principio fue el premio Nobel monetarista Milton Friedman, en el 1948 y en 1969, el que habló de helicopter money, describiendo, a través de una metáfora, el efecto inflacionista que provocaría tirar dinero desde los helicópteros a los ciudadanos. Después, el futuro presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke retomó la idea del helicopter money, en 2002, en relación a las políticas de apoyo económico y financiero activadas durante la gran depresión japonesa.
En Europa, la propuesta de helicopter money como alternativa al Quantitave Easing (QE) fue llevada adelante por algunos europarlamentarios progresistas y, en el Reino Unido, por movimientos como Quantitative Easing for the people.
Dado que, a través el QE, la liquidez no llegará a la economía real, la campaña proponía que el dinero se diera directamente a los ciudadanos y ciudadanos, con la ayuda de los gobiernos, bajo la forma de renta básica.
El movimiento QE for the people fue apoyado, además de por diversos economistas, por Adair Turner, ya entonces presidente de la patronal británica. Michael Dean Woodford, de la Columbia, subrayó que el efecto fiscal del QE y del helicopter money sería el mismo. Dado que los intereses de los bonos del Estado comprados irían a los Ministerios del Tesoro de referencia, es “como si las obligaciones no hubieran sido adquiridas, como sucede de manera explícita en el caso del helicopter money”. La diferencia notable es que en el primer caso (políticas monetarias y fiscales expansivas), la deuda pública de un país aumenta, mientras que con el helicopter money, no.
En 2016, Mario Draghi criticó parcialmente la hipótesis enmarcándola en el ámbito de las políticas fiscales —fuera del perímetro de intervención del BCE—, si bien reconoció que era una idea interesante y, al final de su mandato, la citó entre las medidas no convencionales sobre las que reflexionar. Cemal Karakas, del servicio de estudios del Europarlamento, había escrito acerca de ello evaluando su legitimidad jurídica. Según algunos, el helicopter money sería posible gracias al artículo 20 del Protocolo del estatuto del Banco Central Europeo.
Pero el BCE —así como muchos economistas progresistas— tiene una posición reticente, por el hecho de que va contra el artículo 123 (1) del Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea que impide la financiación directa del gasto público. Además, existe el problema de la independencia de la banca central del poder político. Pero, según Marcello Minenna, sería posible que el gobierno mantuviera “la posibilidad de controlar el destino del gasto” sin decidir “ni los importes ni los tiempos de acceso que estarían determinados en función del objetivo de la inflación”, respetando el principio de estabilidad monetaria del BCE.
Con la pandemia: entre helicopter money y renta de emergencia
Para hacer frente a la enorme contracción de la ocupación y de la economía mundial, Draghi invitó en el Financial Times a apoyar también a los ciudadanos y a empresas aumentando la deuda, rompiendo uno de los tabúes monetaristas. En Alemania, siete conocidos economistas de diversas orientaciones piden la emisión de los eurobonos para evitar que la UE fracase definitivamente. No todas las élites parecen así de previsoras, como indica la disputa con Confindustria (patronal italiana) sobre la actividades esenciales. No es tiempo para ser conservadores, dado que formas de vida y de gobierno están experimentando transformaciones radicales mientras la economía entra en una crisis más grave que la del 2008.
La Organización Internacional del Trabajo, de hecho, estima en 25 millones el número de parados, Guterres, de las Naciones Unidas, habla de 1 billón de crecimiento menos —pero pronto los números subirán— y, en términos porcentuales, para McKinsey, el crecimiento del PIB global descendería en un 1,6 %, pasando del 2.6 % al 1%. En respuesta, el G20 habla de movilizar 5 billones, mientras el FMI piensa doblar el fondo de emergencia de 50 mil millones para ayudar a los países en vía de desarrollo, que han asistido a una masiva fuga de capitales (83 mil millones).
Trump ha destinado dos billones para hacer frente a la crisis (10% del PIB), pero se habla de movilizar aún más. Alemania ha utilizado cerca de 550 mil millones y Francia preveé hasta 300 mil millones de garantía sobre los préstamos y gasta 45, mientras que España ha destinado 17 mil millones a los que añade 100 mil millones en garantías. El Banco Central Europeo ha lanzado un programa de compra para la emergencia pandémica de 870 mil millones de euros (el 7,3 del PIB de la zona euro), mientras no se entiende qué quiere hacer la UE.
Mientras tanto. El gobierno italiano ha destinado 29 mil millones y promete alcanzar los 50 mil en total, a los que añade 300 mil en garantías. En Italia, algunos estiman que habrá una caída del PIB del 8% y un crecimiento de la deuda, que subiría al 150%. Pero la situación está en continuo movimiento y, por lo tanto, hay que considerar los números a la baja. Y, obviamente, lo que haga Europa es decisivo.
Lo que estos números indican es que hay que renovar radicalmente la protección social y la política fiscal en Italia. El coste social de los 37 mil millones de recortes en sanidad en los últimos diez años lo indica claramente. Así, al día siguiente de la adopción del Decreto Ley del 17 de marzo de 2020, nº 18 (Medidas de refuerzo del sistema de salud nacional y de apoyo económico a familias, trabajadores y empresas relacionadas con la emergencia epidemiológica del covid-19) el presidente del INPS, Pasquale Tridico, observó en una entrevista que el Decreto Cura Italia “es un bazoka necesario. Pero, si se me permite añadir una reflexión como economista, hubiese preferido una renta de ciudadanía extendida a todos, sin la condicionalidad de la que ya existe. Una especie de basic income, una renta básica”.
En Italia, la cultura es uno de los sectores más afectados por esta crisis y por ello, una parte del sector piensa ya en la renta de cuarentena. Pero los excluidos son demasiados y la retórica neonacionalista tiende a silenciarlos.
Algunos ministros, mientras tanto, por fin vuelven a hablar de impuesto sobre el patrimonio de las y los ciudadanas y ciudadanos. Por lo demás, el propio Decreto Cura Italia, en su artículo 40, ha suspendido durante dos meses las condiciones ligadas al trabajo previstas para los sujetos beneficiarios de la renta de ciudadanía, suspendiendo obligaciones y términos de las políticas activas de empleo. Y el gobierno, después de haber destinado 4,7 mil millones para hacer frente alas condiciones de exclusión más radicales surgidas en los últimos días, piensa en las propuestas del Forum Desigualdades de Fabrizio Barca y Cristiano Gori.
Por ahora, la hipótesis es la de una “renta de emergencia” temporal para 10 millones de trabajadores precarios e irregulares con un coste de seis mil millones. El mundo de la cultura es uno de los sectores más afectados por esta crisis y, por ello, una parte de este ha comenzado a pensar en la renta de cuarentena. Pero los excluidos son demasiados y la retórica neonacionalista tiende a silenciarlos.
Además de dar respuestas a las revueltas en las cárceles, potenciar la red de apoyo a las mujeres, a las personas con problemas psíquicos y a las subjetividades LGTBQ+, obligadas al cautiverio en casa —incluso por medio de una renta de autodeterminación, como desde hace tiempo pide Non Una di Meno (campaña contra la violencia machista) sería necesario que las medidas de apoyo a la renta incluyeran también a las personas extranjeras presentes en el territorio, dado que el Movimiento 5 Stelle junto con la Liga, los han excluido de percibir la renta de ciudadanía. La regularización de las personas ilegalizadas que viven y trabajan en Italia permitiría ampliar el público de beneficiarios.
Por una renta básica europea y una Europa social
En resumidas cuentas, parece que nos encontramos ante una difícil e inevitable ocasión: repensar el sistema del bienestar en su totalidad, a partir de una herramienta de inclusión social universal que permita a las personas no sentirse abandonadas en la lucha común contra la propagación del covid-19. El necesario aislamiento del conjunto del cuerpo social no debe ser percibido por la ciudadanía como lejanía de las instituciones públicas. Las políticas públicas, de hecho, deberían garantizar siempre una mayor inclusión, protección, seguridad social, precisamente a partir de este trágico período.
Como ya hemos mencionado, debajo de la fórmula helicopter money pueden incluirse diversas políticas y objetivos —ayuda a la demanda, lucha contra la pobreza, medidas contra la deflación—, corresponde a los movimientros influenciar su contenido hacia una renta básica, universal e incondicional, para todas y todos, como ha propuesto de mencionada campaña de BIN Italia.
Abierta la grieta, se trata de contribuir a realizar un sistema de bienestar multinivel continental, cuyo primer fundamento es una renta básica común a todos los países de la Eurozona. Un Eurodividendo, un dividendo social europeo financiado al principio, si es necesario, con el helicopter money y, después, a través de la deuda y con una tasación más progresiva sobre las rentas y patrimonios, que habría que llevar a cabo de manera coordinada a nivel continental.
El replanteamiento en sentido universal del estado de bienestar debe ir unido a un relanzamiento del modelo social europeo, precisamente en el momento en el que la pandemia atraviesa Europa y algunas asociaciones y movimientos promueven una petición para pedir la introducción de una renta básica de emergencia — Emergency Basic Income for the EU – now!— Y es este el reto más relevante, necesario e inevitable: cómo llevar a cabo una política social continental, desde el punto de vista de una Unión Social Europea, al menos a partir de la Eurozona, ahora que el Pacto de Estabilidad ha sido suspendido, el QE ha aumentado a 750 mil millones, los eurobonos vuelven a estar de moda y se habla de cheque europeo de desempleo.
Es este el campo de la lucha común contra la pandemia, en un cuadro de imaginación e invención institucional que precisamente en el agotador momento de peligro vital para 18 millones de ciudadanos, impone decisiones de políticas públicas capaces de repensar la solidaridad social, el fomento de la autonomía del individuo y la seguridad colectiva en el siglo XXI de la lucha contra las pandemias, el cambio climático y el capitalismo extractivista.
Giuseppe Allegri, (Roma, 1969). es doctorando en Teoría del Estado e Instituciones Políticas Comparadas y centrando su trabajo en Historia del Pensamiento y de las Instituciones Políticas, Derecho Público y Constitucional, Derecho Comparado Europeo y sistema de Welfare. Actualmente colabora con la Fundación Lelio y Lisli Basso y con la Fundación por la Crítica Social . Además, es socio fundador y responsable científico del Basic Income Network Italia y redactor en la revista de arte y filosofía Operaviva. Entre sus publicaciones destacan Il reddito di base nell’ era digitale [La renta básica en la era digital] (Ed Fefé. 2018)
Bruno Montesono, (Roma, 1995), es economista. Actualmente estudia en el School of Oriental and African Studies de Londres. Activista antiracista y miembro del Sindicato de Estudiantes Link. Colabora con la revista Gli Alsini. Además, publica sus artículos en Il Manifesto, Euronomade, Transform Europe y Operavivai.
Publicado en la edición #251 de revista Zócalo (enero 2021).
