Mario A. Medina
¿Qué hay detrás de la denuncia de “homicidio por omisión” en contra Hugo López-Gatell que presentaron dos empleados del poderosísimo abogado Javier Coello Trejo, cuyos familiares murieron a consecuencia del COVID-19?
¿En verdad es del interés de Felipe Jiménez Palacios y Nayeli Martínez Aguilar, padre y pareja, respectivamente de los fallecidos, que el subsecretario de la Salud esté tras de las rejas, o será que hay alguien más que no puede ver a López Gatell y que busca cómo cobrársela al médico?
Felipe Jiménez Palacios y Nayeli Martínez Aguilar no son dos simples ciudadanos dolidos por la muerte de sus seres queridos. Da la casualidad de que, el primero y la segunda, son empleados de Coello Trejo.
Sí, son muchas las omisiones que se le pueden achacar a López-Gatell, son muchos los errores que ha cometido, pero en verdad, ¿a él y sólo a él se le pueden atribuir las muertes de miles de personas en México producto de contagios del SARS-CoV-2?
Es claro que cuando en el mundo apareció el maldito bicho nadie, absolutamente nadie, podía saber a qué enemigo la humanidad se estaba enfrentado; nadie sabía cómo, con qué instrumentos había que atacar al COVID-19, cómo cubrirse, cómo defenderse del coronavirus. Si acaso, producto de otras experiencias, algo se tenía de cómo se debería actuar.
En el mundo, los gobiernos procedieron a partir de la información primaria que se tenía, la que la Organización Mundial de la Salud (OMS) empezó a compartir. Algunos, puntuales, siguieron las recomendaciones, otros coincidían más o menos con el organismo, pero sobre todo llamaba la atención que muchos sectores de la población, por falta de información, ignorancia, creencias religiosas, incluso un sinnúmero más se ha opuesto a vacunarse, pues afirman que las inoculaciones son dañinas para la salud del organismo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha salido a la defensa de López-Gatell frente a la acusación de “homicidio” de más de 300 mil personas que se contagiaron del virus. Al funcionario se le acusa de “irresponsabilidad”; su jefe, el Presidente, ha señalado que la imputación del abogado es “injusta” y que se ha actuado de mala fe y odio.
Sí, reitero, son varios los errores que desde la Secretaría de Salud se han cometido de cómo se debió orientar y atender a quienes nos podíamos contagiar del COVID-19, pero también fueron muchos los aciertos que diversos medios se han negado a reconocer, como fue la adquisición prácticamente de manera inmediata de las vacunas, la reconversión hospitalaria y muchas otras decisiones que se tomaron y fueron aplaudidas afuera del país, pero aquí se desconocieron o se escondieron.
Hugo López-Gatell ha enfrentado una ruda campaña, pero no por un interés real de salir a la defensa de quienes se contagiaron y de quienes murieron a causa del virus. El propósito de la guerra es, como señalaba arriba, para cobrarle al subsecretario sus decisiones que afectaron la salud financiera del llamado Cártel de las Medicinas, pues dejaron de ser beneficiados con miles de millones de dólares.
José Narro Robles, secretario de Salud en el gobierno de Enrique Peña Nieto, señalado como cabeza visible de dicho cártel, es uno de los funcionarios que la Unidad de Inteligencia Financiera ha detectado como una persona que podría enfrentar un juicio ante la Fiscalía General de la República por omisión en la compra de medicamentos por cuatro mil millones de dólares.
Este cártel, con la llegada del gobierno de la 4T, dejó de ser beneficiado con múltiples contratos, el mayor surtidor de medicamentos al gobierno federal. Se ha señalado que “las empresas que se les adjudicaron contratos millonarios están relacionadas con Miguel Ángel Osorio Chong (secretario de Gobernación con EPN y actual senador de la República) a través del Grupo Fármacos Especializados S. A. de C. V.; y Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México”.
Pero no sólo el político hidalguense está más que molesto con López-Gatell. También lo está el exgobernador de Sonora, el también poderosísimo Manlio Fabio Beltrones, que encabeza las empresas Distribuidora Internacional de Medicinas y Equipos Médicos S.A., Comercializadora de Productos Internacionales S.A. de C.V. y Savi distribuidora S.A. de C.V.
Forman parte de este grupo el exgobernador de Tabasco y accionista de Latinus, Roberto Madrazo Pintado, quien ha hecho jugosos negocios con la empresa Farmacéuticos May S.A. En la lista se encuentran también Roberto Meade, Emilio Gamboa Patrón y el mismísimo José Narro con la comercializadora Pentamed S.A. de C.V.
Me queda claro que la denuncia contra López Gatell no es gratuita y no tiene nada que ver con el dolor de los familiares de las personas muertas; tiene que ver con un cobro de cuentas contra el Presidente de la República y contra su operador en la Secretaría de Salud, cuyas decisiones pasaron a perjudicar a este grupo de exfuncionarios quienes, desde ahí, en administraciones pasadas hicieron negocios multimillonarios en dólares.
Javier Coello Trejo es sabido y reconocido, está ligado a Carlos Salinas de Gortari, y tiene una fuerte alianza con políticos cercanos al expresidente y otros más. Durante aquel tiempo y años después se le llamaba el “Fiscal de Hierro”; se promocionaba por haber llevado a la cárcel a exfuncionarios por corruptos. Fue sólo buena propaganda. Los peces gordos nunca estuvieron tras las rejas.
Lamentablemente son pocos quienes de manera profesional y ética han calificado el trabajo de López-Gatell. La valoración de la mayoría se ha hecho a partir de lo expuesto arriba y por las animadversiones políticas que hay hacia el gobierno. El debate debe tener varias aristas, desde las científico-académicas, que permitan, a partir de las evidencias, analizar las respuestas públicas a la crisis sanitaria.
La jurídica nos permitiría deslindar responsabilidades y que la ciudadanía misma impulse cambios en las decisiones del gobierno, pero también desde luego y, sobre todo, la responsabilidad que tenemos como personas, como sociedad. Si López-Gatell cometió el error de decirnos al principio de la pandemia que no era necesario el uso de cubrebocas, el nuestro fue no usarlo cuando en otras partes del mundo la recomendación era que lo portáramos, que cubriéramos nuestra nariz y boca porque si no nos infectábamos.
Coello ha pedido que no haya justicia selectiva, que se investigue a fondo. De acuerdo. Ha señalado: “No estoy diciendo si Gatell es responsable o no”, pero sus empleados y los afectados, dice él como buen abogado colmilludo que es, “están convencidos que existen suficientes elementos de prueba para que fiscalía investigue”. Pero, parafraseando a Andrés Manuel, en verdad, los auténticos interesados son los de la “mafia del poder”.
Insisto, lo que buscan los del Cártel de las Medicinas es cómo cobrárselas a López-Gatell y, claro, de paso al otro López, a López Obrador.
Que no le cuenten…
Una regla principalísima del periodismo es conocer, dejar escuchar la posición de todas las partes, no únicamente la que acomode a una de ellas. Bravo por quien en su espacio deja oír a todos, lamentable por quien se carga más hacia un lado, pero más triste quien supone que la prensa debe ser su aliada, su porrista, porque si no se le acusa de conservadora, de que siempre nos engañó.