Gerardo Israel Montes
En su reciente libro ¡Gracias!, Andrés Manuel López Obrador recuerda varios episodios de la guerra sucia aplicada en su contra, durante la contienda electoral presidencial del año 2006. Muchos elementos insidiosos de aquel año se replican ahora con mayor intensidad en el proceso electoral de 2024.
Para la iracunda derecha mexicana, AMLO pasó de representar “un peligro para México” a ser “narcopresidente”, según la narrativa que quisieron imponer comentaristas y periodistas vinculados al PRI y al PAN, luego de los reportajes donde se infiere —sin prueba alguna—, pero con información de la DEA estadunidense, de supuesto financiamiento del narco a la campaña electoral de AMLO en 2006.
Esos reportajes generaron a su vez una intensa campaña negra en las redes sociales, utilizando la falsa acusación del financiamiento del narcotráfico. La dimensión de esta embestida digital se reflejó en el hashtag #NarcoPresidenteAMLO que en tan sólo 3 días originó 140 millones de conversaciones en la red social X. El propósito de esta nueva guerra sucia llevada al ámbito digital, es influir en la percepción del electorado para inducirla a no votar por Morena y a sufragar en favor de la candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, la panista-priista Xóchitl Gálvez.
Antecedentes de la guerra sucia
En los capítulos “La guerra sucia y el desafuero” (pp.89- 124) y “La primera elección presidencial y el fraude de 2006” (pp.125-154), López Obrador recopila la serie de embestidas que desde 2003 tuvo que afrontar y que tenían por objetivo desestabilizar a su gobierno en el Distrito Federal, a la par de descarrilar sus aspiraciones presidenciales.
El ahora mandatario da cuenta de la agresiva guerra sucia que en 2006 orquestó el entonces presidente panista Vicente Fox quien, coordinado con la mayoría de los medios de comunicación electrónicos y cámaras empresariales, fue el responsable de la contratación de los publicistas Dick Morris, de Estados Unidos, y del español Antonio Sola, “mercenarios que crearon la leyenda negra” sobre AMLO e “idearon la propaganda fascista según la cual yo era ‘un peligro para México’”.
López Obrador señala que esa guerra sucia se originó por un acuerdo entre Fox, Calderón y los dueños de Televisa, que coincidió con la aprobación de las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley Federal de Radiodifusión (conocida como Ley Televisa), concretadas el 31 de marzo de 2006 en el Senado, y promulgadas el 11 de abril de ese año en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por orden de Vicente Fox. Con dichas modificaciones, recuerda AMLO, se permitía a Televisa y a TV Azteca “monopolizar todo el espectro de las telecomunicaciones en territorio nacional”.
La aprobación de la Ley Televisa generó un encono político que perjudicó a la campaña de López Obrador, quien en su reciente libro rememora lo siguiente: “A partir de entonces, Televisa prácticamente se hizo cargo de la estrategia publicitaria del PAN y transmitió sin límite todos los mensajes negativos en contra de nosotros, con el emblema de ese partido, del Consejo Coordinador Empresarial y de supuestas organizaciones civiles. A partir de entonces, nos exigió pago por adelantado para transmitir nuestros mensajes y, con el pretexto de que no estábamos al corriente, dejó de transmitir nuestra propaganda durante una semana”.
Aquel año, un elemento que ayudó a la efectividad de la guerra sucia, fue la pasividad con la que actuaron los órganos electorales para frenar el ataque mediático de calumnias y difamaciones en contra del candidato de la izquierda.
“Durante toda la campaña, el IFE, que debía actuar con imparcialidad, se convirtió en un ariete del partido de la derecha”, recuerda AMLO, añadiendo que el entonces Instituto Federal Electoral no hizo nada para detener la guerra sucia y que el Código Federal de Procedimientos Electorales fue violado impunemente, ya que establecía el derecho exclusivo de los partidos políticos para contratar tiempos en radio y televisión para difundir mensajes orientados a la obtención del voto, y prohibía la contratación de propaganda en radio y televisión, en favor o en contra de algún partido político o candidato, por parte de terceros.
Entre los ataques fabricados por la derecha mexicana durante aquel proceso electoral de 2006, estuvo la operación de alta intensidad que se desplegó a través de internet para “destruir” la imagen del entonces candidato de la Coalición “Por el Bien de Todos”, la cual se basó en información y argumentos falsos.
“No se trató de una acción espontánea de ciudadanos, sino de una campaña orquestada por profesionales, los cuales realizaron una operación similar con llamadas telefónicas, mediante el uso de call centers para calumniarme e infundir miedo en la gente. Se llegó al extremo de llamar a mi casa. Contestó mi hijo, y cuando le preguntaron por quién iba a votar y respondió que por mí, le replicaron que si no sabía que yo había endeudado a la Ciudad de México y que, si llegaba a la Presidencia, les quitaría sus casas a quien tuviera más de una, entre otra serie de mentiras”, recuerda López Obrador en su libro.
En su libro ¡Gracias!, AMLO también rememora el episodio de “los millones de correos electrónicos” que, con el propósito de difamarlo, se enviaron desde Los Pinos, “todo lo cual fue denunciado y probado. No obstante, aun cuando la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la PGR aceptó que se habían enviado siete millones de correos desde Los Pinos, resolvió que no había delito que perseguir”.
La entonces fiscal, María de los Ángeles Fromow, “usó como argumento algo verdaderamente absurdo: “La fiscalía hizo toda la investigación pero al tener los peritajes y la información derivada de todas las diligencias que realizamos , lo que tuvimos es que estos correos, estas campañas en las que se estaban utilizando los correos electrónicos eran contra un candidato o un partido político y nuestro Código Penal Federal establece [la prohibición sobre] el destino para apoyar a un partido o a un candidato, no en contra”. Es decir que la prohibición era para apoyar a un candidato, pero en este caso no se interpretó que los correos sirvieran para apoyar a Calderón, sino que era para atacarme, lo cual no configuraba, según su razonamiento, ningún delito”.
2024: sigue la actitud omisa del INE
Ese actuar omiso, parcial y oficioso con la derecha que las autoridades electorales asumieron durante 2006, lo mantienen los actuales integrantes del INE en el proceso electoral.
Ejemplo de ello es la indiferencia y el desinterés que han mostrado la totalidad del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) –incluidos consejeros y consejeras que llegaron a su cargo apoyados por Morena– para detener la brutal campaña de mentiras y calumnias en la red social X, utilizando la falsa acusación de un supuesto pacto Morena-narco, y que se ha amplificado con diversos hashtag, entre ellos: #NarcoCandidataSheimbaum; #NarcopresidenteAMLO2; #NarcoPresidenteAMLO3; #NarcoCandidataClaudia, a través de las cuales se distorsiona la conversación digital en aras de afectar electoralmente a la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PVEM-PT) y a su candidata Claudia Sheinbaum, y ensalzando artificialmente a la candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México” (PAN-PRI-PRD), Xóchitl Gálvez, a través de etiquetas como #XochitlGalvezPresidenta2024.
Prestos los consejeros y consejeras electorales para censurar a AMLO cuando detectan alguna declaración hecha por el mandatario que pudiera afectar la equidad de la contienda electoral, su postura cambia radicalmente cuando, a través del anonimato de los granjas de bots, se impulsan y difunden calumnias y mentiras para desprestigiar al propio mandatario y a la candidata morenista, a través de acusaciones sin fundamento que buscan crear en el imaginario de la gente que hay una alianza Morena-narco. En este caso, la defensa de la democracia y la equidad en la contienda electoral pierden interés para los integrantes del órgano administrativo en materia electoral.
Así quedó evidenciado, el 14 de marzo durante la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, cuando por unanimidad, consejeras y consejeros rechazaron la propuesta del acuerdo presentado por la representación de Morena para crear el “Protocolo para establecer acciones de coordinación con las autoridades federales y las empresas de redes sociales para identificar, prevenir y exponer campañas calumniosas automatizadas que difundan noticias o información falsas” dentro del actual proceso electoral.
El protocolo consideraba que tan pronto se tuviera conocimiento de alguna denuncia por propaganda calumniosa a través de bots en las redes sociales, la consejera presidenta lo haría del conocimiento del Consejo General para que, de manera inmediata, se convocara a la instalación de una mesa de análisis y solución, la cual estaría conformada por tres consejeras electorales, las representaciones de los partidos políticos, la persona titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, y se invitaría además a las representaciones de las empresas de redes sociales, a las que se solicitaría un informe detallado en relación con el comportamiento, ubicaciones, patrones y cualquier otra información conducente “de las cuentas involucradas que impulsan la presunta campaña calumniosa automatizada”.
Con ese protocolo, Morena respondió a la intensa guerra sucia desatada a finales de enero en las redes sociales, mediante el uso de bots (Morena señala al PAN-PRI y PRD orquestar esa campaña negra), luego de la publicación sincronizada en Propública, InSigthCrim y Deutsche Welle, de los reportajes promovidos por la Administración de Control de Drogas (DEA) y cuyo hilo narrativo fue una investigación realizada en Estados Unidos en torno a un supuesto financiamiento del narco a la primera campaña presidencial de AMLO en 2006, indagatoria que al final no encontró ninguna evidencia de tal acusación, pero que sirvió para echar a andar aquella guerra sucia digital.
En el documento Morena y sus aliados argumentaron ante la autoridad electoral, que el Prian utilizó las mismas cuentas matriz desde las cuales se enviaron los mensajes originales, y que a partir de 10 mil o 50 mil tweets se generan tendencias artificiales o falsas. También señalaron la identificación de cuentas identificadas con una ideología de derecha, que en su mayoría corresponden a dominios de Colombia, Argentina, España y México.
Con la utilización de esos bots por parte de la derecha mexicana, se pone en riego el Sistema de Fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos, —argumentó Morena—, ya que se reserva u oculta información relativa a la asignación y ejercicios de los gastos de campaña a partir de las aportaciones prohibidas “que realizan los particulares (ya sean personas físicas y morales, inclusive, extranjeras y desde el extranjero)”, que han sido aceptadas por el PAN, PRI y PRD, así como por su candidata Xóchitl Gálvez.
A pesar de advertir que la aplicación de estrategias de propaganda negativa mediante el uso masivo de bots en redes sociales, “no puede constituir un obstáculo para el debido ejercicio de las facultades de las autoridades electorales”, ya que, estimar lo contrario, “colocaría en un escenario de riesgo no solo al proceso electoral en curso, sino al propio sistema electoral y, consecuentemente, a la estabilidad democrática y social en México”, durante la sesión extraordinaria del 14 de marzo por unanimidad las y los consejeros votaron en contra de avalar el protocolo para prevenir y exponer campañas calumniosas automatizadas que se están desarrollando actualmente en las redes sociales.
La consejera Dania Ravel argumentó que Morena ya había presentado, ante la unidad electoral competente, dos quejas exponiendo la afectación al voto libre e informando y denunciando calumnia por los distintos hashtags de #narcopresidente. “Así es que desde mi punto de vista ya tenemos los mecanismos para poder atender este tipo de cuestiones y no tenemos ni una estructura, ni la facultad para constituir una mesa como la que se nos está proponiendo de análisis y hacer requerimientos a diferentes plataformas o redes sociodigitales”
En respuesta a la postura de la consejera Ravel, el diputado Gerardo Fernández Noroña, consejero propietario del Poder Legislativo, reviró diciéndole que dichos recursos ya habían sido desechados, “ni siquiera se dignaron investigar lo que nosotros habíamos reclamado […] Se le ha dicho narcocandidata a nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo” y “eso no es un asunto menor […] A mí me parece que este órgano electoral, si no les gusta la propuesta presentada por Morena, pues están en su derecho de desecharla. Pero lo que no pueden hacer es cerrar los ojos a su responsabilidad”.
En referencia a las críticas hechas por Fernández Noroña al proceso de investigación de las denuncias promovidas por la coalición “Seguimos Haciendo Historia”, la consejera Claudia Zavala espetó que el área respectiva hizo las diligencias preliminares “y la conclusión es que no se habían presentado elementos probatorios y de las diligencias preliminares no se pudo obtener ningún dato que permitiera el inicio del proceso electoral porque lo que teníamos era una cuenta de usuario, unos comentarios y solamente en la denuncia”.
Ante la declaración de la consejera Zavala, el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, exhibió lo endeble de la investigación hecha por las autoridades del INE. “Pregunta el Instituto Nacional Electoral en su investigación a Twitter, ahora X, ‘informe si los hashtags #narcopresidenteAMLO, #narcocandidataClaudia fueron difundidos como publicidad pagada en la red social X’.
Ese no es el fondo de lo que estamos preguntando ni es el fondo de lo que se tiene que investigar. Estamos hablando de granjas de bots que están alimentando a la red, ya sea automatizada o con personas […] Otra perla de la investigación —continuó Gutiérrez Luna— le preguntan a Bertha Xóchitl Gálvez ‘si las cuentas fulana y mengana de la red social X, le pertenecen o son administradas por usted’. Ésa no es una investigación seria. ¿Qué respondió? Pues evidentemente que no”.
Instalados en su papel de dejar pasar la guerra sucia automatizada que se ha hecho en contra de AMLO y de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, la decisión del Consejo General del INE mereció una respuesta pronta por parte del Presidente de la República, quien criticó a las consejeras y consejeros electorales por negarse a investigar el uso de bots, mientras que a él lo censuraron y le ordenaron bajar de sus cuentas en redes sociales y de su canal oficial en YouTube, la entrevista que concedió a la periodista de origen ruso Inna Afinogenova, en la cual, según la autoridad electoral, el Presidente hizo declaraciones en favor de Shienbaum
INE y su inclinación por la derecha española
Dieciocho años después de la intensa guerra sucia que se desplegó en contra de AMLO en 2006, en el actual proceso electoral, la postura de la autoridad electoral sigue siendo la misma: indiferencia total ante la campaña automatizada de calumnias y difamaciones echada a andar por la derecha local e internacional para perjudicar a la izquierda mexicana, pero son severos al momento de sancionar al Presidente de la República, cuando consideran que está afectando la equidad de la contienda electoral.
Esta parcialidad del INE quedó evidenciada con la injerencia en asuntos políticos y electorales de México, de la portavoz adjunta del Partido Popular (PP) en el Congreso español, la diputada Cayetana Álvarez Toledo. Invitada por el empresario evasor de impuestos, Ricardo Salinas Pliego, para participar en el “Festival de las Ideas”. La legisladora española y defensora de la dictadura de Francisco Franco, además de externar su apoyo a la candidata prianista Xóchitl Gálvez, en sintonía con la guerra sucia del Prian, señaló que: “México está siendo tomado por el crimen organizado, con la complacencia de quienes debieran defenderlo”.
López Obrador cuestionó que el INE le pidiera bajar la entrevista que le realizó la periodista Afinogenova, del Canal Red, plataforma del político español Pablo Iglesias, pero no haya sancionado a los opositores que trajeron al país a Álvarez Toledo.
Este favoritismo que muestra el INE ante las conductas ilegales del Prian cuando involucra a políticos extranjeros en cuestiones internas, también se vivió durante 2006. En su libro ¡Gracias! AMLO recuerda: La parcialidad del IFE fue puesta en evidencia por el tratamiento diferente que dio a las intervenciones del expresidente de España, José María Aznar, y del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Cuando intervino Aznar en favor del Calderón, el IFE se abstuvo de actuar; en cambio, cuando Chávez respondió al spot del PAN en el que lo involucraban, de inmediato el Instituto condenó la actitud del mandatario venezolano. Es más, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó el retiro de algunos spots, pero el IFE no hizo caso”. Durante el proceso electoral de 2024, el INE se mantiene igual: a favor del Prian y de quienes creen que México aún es una colonia española.
