Darwin Franco*
En conferencias o encuentros con periodistas, una de las preguntas más recurrentes es si han sido víctimas de algún atentado, amenaza o agresión, pues en el imaginario colectivo se ha normalizado que quienes nos dedicamos a informar forzosamente debemos padecer este tipo de experiencias; sin embargo, la realidad que tendría que imperar es que ningún periodista debería de ser perseguido, hostigado, amenazado, desaparecido y/o asesinado por informar.
Sin embargo, nos hemos acostumbrado a que la violencia hacia comunicadores y periodistas forma parte de su quehacer cotidiano, por lo que ese tipo de preguntas -hechas, a veces, más desde el morbo que de una preocupación real terminan por hacer confesar a las y los periodistas sobre algún tipo de violencia en su contra.
Violencia que, dicho sea de paso, ha sido sistemáticamente persistente para quienes dedican su vida a informar en México. Tan sólo en 2024, en el informe anual que elabora la organización Artículo 19, se documentaron 639 agresiones vinculadas con el ejercicio periodístico en México.
Lo que significa que, en promedio, “cada 14 horas una persona periodista o medio de comunicación fue víctima de agresiones por su labor de investigar, recopilar o difundir información de relevancia pública”, así se precisa en el informe Barreras informativas: desafíos para la libertad de expresión y el acceso a la información en México, en el cual además se apunta que, en 2024, fueron asesinados Roberto Carlos Figueroa (Morelos), Víctor Alfonso Culebro Morales (Chiapas), Alejandro Alfredo Martínez Noguez (Guanajuato), y Mauricio Cruz Solís (Michoacán), con lo que lamentablemente el número de periodistas asesinados en el país, desde el año 2000, ascendió a 174.
Mientras que el número de periodistas desaparecidos pasó de 32 a 31, pues el año pasado, lamentablemente, se localizó el cuerpo de Víctor Manuel Jiménez Campos (Guanajuato), quien estaba desaparecido desde 2020.
¿Qué perdemos como sociedad cuando se mata y/o desaparece a un periodista? ¿Qué dejamos de saber cuando se les violenta, a tal punto, que dejar el periodismo se vuelve la única opción para preservar la seguridad y la vida?
Esas son respuestas que no podremos saber del todo, pues la mayor parte de los crímenes contra periodistas no sólo permanecen impunes, sino que, además, las autoridades no los relacionan con su actividad periodística, lo que se traduce en no conocer con certeza qué era lo que investigaban o conocían antes de que poderes institucionales o fácticos atentaran en su contra.
Tampoco lo sabremos ahora que a estas violencias físicas y psicológicas se le suman las de carácter judicial, pues recientemente Artículo 19 documentó que, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025, se registraron 51 procesos legales en contra de periodistas, a quienes mediante procesos electorales, civiles, penales o administrativos se les ha buscado hostigar para que se abstengan de investigar o cuestionar sobre el actuar de servidores públicos.
En el reporte Las Leyes como Mecanismo de Censura. Aumento del acoso judicial contra periodistas en México se señaló que, en total, 39 periodistas (28 hombres y 11 mujeres) y 12 medios de comunicación fueron notificados de procesos legales en su contra. Es decir, un proceso judicial y/o administrativo cada cuatro días.
Así que si no es través de la violencia directa, a las y los periodistas también se les busca condicionar a través del uso faccioso de diversos marcos legales como la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG), creada para combatir la discriminación y violencia política estructural que padecen las mujeres en el país, pero que ahora es empleada por mujeres políticas y/o funcionarias para “inhibir el debate público, llegando incluso a eliminar publicaciones críticas o incómodas para personas en el poder”, tal y como lo denunció Artículo 19.
Esta tendencia, denunciada desde 2016, se ha establecido como un modus operandi con el que se busca que periodistas comparezcan en tribunales mediante demandas que buscan coartar su libertad de expresión.
Pero, incluso, esto ha ido más allá del ámbito periodístico, pues también se ha limitado la opinión de la ciudadanía, tal es el caso de Karla Estrella, originaria de Sonora, quien en X (antes Twitter) cuestionó el posible nepotismo de la diputada del Partido del Trabajo Diana Karina Barreras (ahora conocida como “Dato Protegido”).
Esta crítica hizo que la funcionaria la denunciara por cometer contra ella Violencia Política en Razón de Género, agresión que después ratificaron tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), lo que se tradujo en una multa económica, la obligación de ofrecer disculpas -en sus redes sociales- durante 30 días y la inclusión de Karla en el registro de violentadoras e infractoras del sistema electoral.
Así que, por un lado, tenemos la violencia sistémica y, por otro, el acoso judicial como una nueva forma de censura en México. Todo con el objetivo de callar a periodistas y ciudadanos críticos que cuestionan actos públicos del poder.
Posicionarnos frente a esta realidad y acompañar/acuerpar a las y los colegas que están o han pasado por esto son de los objetivos primordiales de la Red por la Libertad de Expresión contra la Violencia a Comunicadores, organización en la que universidades, académicos, organismos defensores de periodistas, de la libertad de expresión y el derecho a la información, así como periodistas, convergen no sólo para apoyar a periodistas y/o comunicadores violentados, sino también para:
Investigar la situación de la violencia y múltiples amenazas a la libertad de expresión, así como sus alcances políticos en nuestra sociedad. Visibilizar a nivel nacional e internacional la problemática de dichos ataques; denunciar, generar presión al gobierno, movilizar a través de campañas, foros, reuniones y producir iniciativas para combatir los distintos ataques a la libertad de expresión y de pensamiento.
Con estos objetivos y con un trabajo multidisciplinario es que la Red por la Libertad de Expresión contra la Violencia a Comunicadores quiere ser un espacio seguro y de denuncia; desea ser una red en la que puedan interconectarse todas las personas que, desde sus trincheras, están creando espacios de cuidado y de protección para que ningún otro periodista deba dedicar tiempo a contar las violencias que ha vivido, y no porque esto no haya sido relevante, sino porque nunca le tuvo que haber pasado, pues la violencia contra comunicadores y periodistas no es una conditio sine qua non (“condición sin la cual no”), pues no somos periodistas por el riesgo o por la violencia padecida, lo somos porque creemos en la relevancia y valor social de informar a las personas, y eso nunca debiera ser algo que nos robe la calma o nos arrebate la vida.
*Vicecoordinador de la Red por la Libertad de Expresión contra la Violencia a Comunicadores. @DarwinFranco
