Ana Buendía
Por décadas, México ha enfrentado una crisis de desapariciones que ha dejado una profunda herida social. Esta tragedia ha motivado la creación de múltiples mecanismos institucionales de búsqueda y atención, pero aún queda camino por recorrer para garantizar una participación de las víctimas y sus representantes en las decisiones que les afectan.
En este contexto, en el Congreso de la Ciudad de México presentaremos una iniciativa en mi calidad de presidenta de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, que representa un paso necesario hacia una justicia más sensible, participativa y eficaz. Para el propósito se reforma el artículo 17 de la Ley de Búsqueda de Personas de la CDMX y así permitir la incidencia de esta Comisión en el Sistema de Búsqueda, ya que sólo puede participar con voz, pero sin voto.
Esto no es un tecnicismo menor. Se trata de una cuestión de representación y de voluntad política. La reforma cobra aún más sentido si se toma en cuenta que la Comisión de Atención Especial a Víctimas ya ha sido reconocida formalmente como parte del Gabinete de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México, instalado en enero de 2025 por la Jefa de Gobierno.
El problema de las desapariciones requiere acciones concretas que construyan confianza entre la ciudadanía y las instituciones. Darle voto a la Comisión en el Sistema de Búsqueda es una medida estratégica para mejorar la eficacia del sistema. La experiencia comparada muestra que la inclusión efectiva de las víctimas y sus representantes en procesos de toma de decisiones incrementa la legitimidad de las políticas públicas y permite respuestas más humanas y centradas en las personas.
El Congreso de la Ciudad de México tiene ahora una oportunidad para enviar un mensaje claro: en la lucha contra la desaparición, la voz de las víctimas no sólo debe ser escuchada, debe tener peso. Si de verdad queremos un sistema democrático y plural, esta reforma debe ser una realidad.
