Gerardo Israel Montes
Las mentiras y la confusión impulsadas por la derecha política y mediática en torno a que es factible revertir las modificaciones ya plasmadas en la Constitución en materia de reforma al Poder Judicial, mediante amparos ilegales, controversias y acciones de inconstitucionalidad, exhibe su intención antidemocrática, y su nulo apego al estado de derecho, aunque esté camuflajeada en la bandera de la democracia y la división de poderes.
La bulla generada por los grupos opositores ante los cambios al marco constitucional que establece la elección por voto popular de ministros, jueces y magistrados, refleja su enfado ante los resultados electorales del 2 de junio, en donde un amplio porcentaje de mexicanos votó a favor de la continuidad de Morena en la Presidencia, así como por el cambio de régimen y la transformación que se aplica en el país, que incluye al Poder Judicial, y que en el sexenio pasado, muchos de sus funcionarios obstaculizaron o impidieron reformas constitucionales promovidas por la 4T.
Una de esas actuaciones ilegales ocurrió el 24 de marzo de 2023, cuando el ministro de la Suprema Corte, Javier Laynez Potisek, admitió la demanda de controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de las reformas a diversas leyes electorales impulsadas por el entonces presidente López Obrador (el denominado “plan B”), y concedió la suspensión que solicitó el órgano electoral, a pesar de que la Constitución sólo faculta a la Corte a conocer de las controversias donde se cuestione la regularidad constitucional de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, como explicó días después la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Como respuesta a este acto contrario al marco constitucional, el 27 de marzo de ese mismo año, el entonces mandatario federal mencionó por primera vez el llamado “plan C”, consistente en no dar ni un sólo voto al conservadurismo, lo que caló en el ánimo y la conciencia política de muchas personas. Casi un año después, el 5 de febrero de 2024, en el 107 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, el ahora ex mandatario federal reforzó su estrategia política-electoral con la presentación de su paquete de 18 reformas constitucionales y dos legales, cuyo propósito es devolverle a la Carta Magna el “humanismo y la grandeza” que le arrebató el régimen neoliberal que encabezaron el PRI y el PAN.
En lo referente a la reforma al Poder Judicial, explicó que lo que se pretendía era romper con la inercia de los acuerdos cupulares que permitían a los ministros, magistrados y jueces no ser responsables ante la ciudadanía, “sino ante quienes los propusieron en el cargo”. Un día después de la presentación de dichas reformas, López Obrador dejó claro el motivo de haber presentado dichas reformas: “porque hasta ahora se dieron las condiciones y, además, porque vienen las elecciones y el pueblo va a decidir. Una elección no es nada más para ver qué candidato, partido, alianza o coalición gana; es también para definir un proyecto de nación. Y considero que eso es lo más importante.”
Cuatro meses después, 36 millones de mexicanos sufragaron por la candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum Pardo, y por las demás candidaturas a puestos de elección popular postuladas por Morena y sus aliados, convencidos del proyecto de nación que enarbola la Cuarta Transformación, por más que esto incomode a los políticos, analistas y medios afines a la derecha mexicana. Así ocurrió con la académica Denise Dresser, y su ya famoso comentario clasista y arrogante externado el 3 de junio durante una mesa de análisis en Latinus, en donde sobajó a millones de personas que votaron por Morena, al decir que “se sentía triste al saber que la mayor parte de mis compatriotas volvieron a colocarse las cadenas que les quitamos en los 80 y los 90”, agregando con excesos de soberbia que el 2 de junio “murió la democracia mexicana como la habíamos concebido”.
La falacia de que la democracia murió en México simplemente porque los resultados electorales no favorecieron a la derecha política y mediática mexicana se ha venido reforzando de forma paradójica con toda una campaña de manipulación y desinformación, que ha sido implementada por medios, periodistas y académicos afines al prianismo, con el propósito de generar desconcierto en la ciudadanía y con la clara intención de presionar a las autoridades correspondientes para que violen lo establecido en la Constitución Política.
Sobrerrepresentación: la estrategia desinformativa
Lo hicieron primero con el tema de la sobrerrepresentación y la mentira de que Morena y sus aliados obtendrían una mayoría artificial en la Cámara de Diputados, como se asentó en el número de septiembre de la revista Zócalo: Las democracias mueren por la desinformación y monsergas de la derecha mediática, texto en el cual se refirieron diversos artículos y opiniones de periodistas, intelectuales y ex consejeros del INE, a pesar de lo establecido en el artículo 54 constitucional, en su fracción V: “En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”.
Aquella camada de opositores pretendieron confundir a la ciudadanía con su interpretación errónea y sesgada de que la denominación de partido político es sinónimo de coalición, en su afán antidemocrático de violentar el mandato popular del pasado 2 de junio y evitar a toda costa la aprobación de las reformas constitucionales, que buscan un cambio de régimen impulsado por Morena y sus aliados.
La embestida de mentiras de la oposición mediática continuó sin freno, aún después de la sesión en donde el INE aprobó por mayoría de votos la asignación de legisladores de representación proporcional, donde el bloque de partidos gobernante obtuvo la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, mientras que en la Cámara Alta, con 83 senadores, se quedara a tres posiciones para obtener dicha mayoría.
En esa sesión, la presidenta del instituto, Guadalupe Taddei, fue clara en asentar que el organismo no podía apartarse de la Constitución ni cambiar las reglas del juego en la asignación de las diputaciones y senadurías plurinominales; a la par de negar que el INE se convirtiera en el “sepulturero” de la democracia y recordó a la oposición que el órgano administrativo electoral “no quita ni regala diputaciones ni senadurías. La única que puede hacerlo es la ciudadanía con su voto”.
Parte del grupo de opinólogos opositores, es Juan Pablo Becerra-Acosta, quien el 24 de agosto escribió en el El Universal: “Coletazos del obradorismo: se consumó el abuso electoral”, en el cual plasmó su rechazó al orden constitucional, mintió al afirmar que se dio “el peor golpe electoral que haya vivido México en este siglo”. El fraude electoral de Calderón en el 2006, para él fue cosa menor. “Las fuerzas oficialistas no ganaron en las urnas lo han arrebatado en una herradura que se ha convertido en la mesa de la ignominia, el salón del Consejo General del INE”.
Becerra-Acosta abrió el camino para otra campaña de agresión y odio, ahora en contra de la presidenta Sheinbaum, al recurrir a la mentira de que vivimos en una dictadura: “¿Padeceremos una presidenta abusiva que pretenda contar con el 74% de los espacios en el Congreso habiendo conseguido nada más el 54.74% de los votos para la Cámara de Diputados y el 55.17 % para el Senado?”.
La campaña de distorsión mediática y falsedades no se modificó a pesar de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reafirmó la integración de la Cámara de Diputados, al avalar el proyecto del magistrado Felipe de la Mata, quien, sin matices, cuestionó a los ex consejeros y magistrados electorales que pedían que las actuales autoridades electorales dieran una interpretación diferente a la Constitución en lo referente a la distribución de las plurinominales. “Ahora dicen que nunca debió votarse de esa manera. Hay que recordar que la forma en que nosotros hicimos la aplicación literal de la Constitución, la ley y los acuerdos del Instituto Nacional Electoral fue la misma que se utilizó en 2009, 2012, 2015, 2018 y 2021”.
La narrativa con el falso argumento de la artificial mayoría obtenida por Morena y sus aliados, se empezó a extender con la intención de desacreditar el proceso legislativo de reformas constitucionales que emprendería la coalición gobernante una vez constituida la LXVI Legislatura, específicamente la reforma al Poder Judicial. El principal elemento del guion opositor ha sido la cantaleta de que el rotundo triunfo de Morena no lo faculta a reformar la Constitución.
No obstante, haciendo valer la soberanía popular expresada en las urnas, la alianza gobernante aprobó la reforma al Poder Judicial, apegándose –como lo han expresado tanto el ex presidente López Obrador como la presidenta Sheinbaum– a lo establecido en el artículo 135 de la Carta Magna para poder efectuar reformas constitucionales: con la mayoría calificada en ambas Cámaras del Congreso de la Unión y después por 17 congresos locales.
Aristegui, al frente de la confusión mediática
Durante el último mes, la derecha judicial, política y mediática llegó al extremo de la ilegalidad y la violación de la norma constitucional, mediante la resolución de la jueza Nancy Salas, quien vía amparo concedió una irregular suspensión al ordenar al Ejecutivo federal retirar la publicación del decreto de reforma del Poder Judicial, a pesar de que abogados, especialistas y académicos han recordado lo estipulado en el artículo 61, fracción I de la Ley de Amparo, donde se establece la improcedencia del juicio de amparo en contra de reformas constitucionales.
Los opositores han intentado crear caos y confusión entre la ciudadanía, al asegurar que la presidenta Sheinbaum desacató la resolución de la jueza Salas, pero omitieron decir que dicha resolución es ilegal y que quienes se oponen dentro del Poder Judicial a la reforma actúan de manera ilegal y en contra del poder reformador, afectando la división de poderes y el estado de derecho. Sorprende que una de las principales generadoras de esta confusión y manipulación ha sido Carmen Aristegui, quien ya sin recato alguno forma parte de las campañas de desinformación impulsadas por la derecha mexicana, entre ellas, la de #narco-presidente.
El 9 de octubre, al entrevistar al senador Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, la periodista se asumió claramente a favor de los recursos “legales” promovidos por funcionarios del Poder Judicial para echar atrás la reforma en la materia, que el legislador de Morena le tuvo que decir un par de veces que ella no quería oír.
Ante la explicación del legislador respecto a que ya no hay una reforma, sino una Constitución cambiada y vigente, y de lo que establece el artículo 61 sobre la Ley de Amparo, la periodista mencionó que hay acciones y controversias constitucionales, por lo que sería “simplón” decir que la Corte no puede aplicar o invalidar la Constitución. -“No Carmen, lo primero que tú me tendrías que preguntar es dónde fundamentas semejante barbaridad de resolución. Lo tendrán que fundamentar los ministros”. “Por eso yo te pregunto inclusive, ya que estás en esa posición, dime en qué parte de la Constitución dice que el Poder Judicial puede hacer lo que tú dices que van a hacer”.
A pesar de los argumentos de Noroña, Aristegui, aludiendo a los comentarios de sus radioescuchas, alegó que no hay una ley vigente, porque había varias suspensiones: “se le ordenó incluso (a la presidenta) que lo retirara (el decreto) del Diario Oficial de la Federación” y “en qué parte de la Constitución dice que tiene que desacatar lo que diga un juez, así no te guste ese juez”.
Ante ese empecinamiento de la periodista, Noroña reviró: “A ver, otra vez: si el juez decide que te condena a pena de muerte, yo te digo que en dónde dice que te puede condenar a pena de muerte. Por eso, cómo va a ver una suspensión frente a un acto constitucional”. – Estoy de acuerdo que puede ser o no, pero digo: quién tiene que resolver eso: ustedes como políticos o los otros jueces que revisan a los jueces – Otra vez, no se me quiere oir –Sí, si te oigo –No. Es que no me oyes. Te estoy diciendo que el artículo 135 constitucional dice que para hacer una reforma a la Constitución tiene que ser un tercio del Senado, un tercio de la Cámara de Diputados y la mitad más uno de los congresos locales. Eso dice y somos los únicos que tienen esa facultad y nadie puede detener eso (…) Una vez aprobada no se puede echar para atrás. El único que puede volver a cambiar la Constitución es el Constituyente Permanente.
A pesar de la clara explicación legal y constitucional que sustenta el que una reforma constitucional no se pueda revertir mediante un recurso legal, en otra emisión de su noticiero, Aristegui siguió manteniendo su postura intransigente; al entrevistar a la especialista Vanesa Romero, ésta explicó que las suspensiones a la Constitución otorgadas por jueces de distrito violaban la Ley de Amparo. “Las autoridades responsables, dígase el INE, dígase el Senado, ante la ilegalidad de estos amparos, de estas suspensiones, pues lo que han hecho es básicamente ignorar cada una de ellas. A mí me parece que es lo correcto, no sólo porque son ilegales sino porque la propia Constitución, en su último artículo se protege asimismo (…) Señala que el texto de la Constitución permanecerá en vigor aún en caso de una rebelión armada”.
Ante la insistencia de Aristegui por dejar a un lado el actuar ilegal de los jueces y dar prevalencia al supuesto desacato de Sheinbaum, y su reiteración en preguntar sobre quién debe decir si las suspensiones están equivocadas o son erróneas , “sin opinar si están bien o mal”, la respuesta de Vanesa Romero fue la misma que Noroña le había dado anteriormente: “Ojalá fuera un tema de opinión. Por eso decía (…) que la fracción primera del artículo 61 de la Ley de amparo es de una claridad prístina, dice: “no procede (…) el amparo, es improcedente contra reformas constitucionales. Entonces parece que el asunto sí está zanjado de inicio. Pero, además, entender que el Estado de derecho no sola parte del cumplimiento de la disposición cualquiera que emita un juez, sino también de la legitimidad judicial que los jueces tengan”.
Pero, por más que se siga explicando que legal y constitucionalmente no se puede revertir una reforma constitucional, la oposición mediática, entre las que se encuentra Carmen Aristegui, seguirá empecinada en continuar creando caos y confundir a la ciudadanía y más que no oír, en no aceptar el mandato popular que se dio el pasado 2 de junio.
