Con la aprobación de las nuevas leyes generales de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Art. 37), se busca armonizar su contenido con lo establecido en la Constitución.
Esas normas son un rediseño integral para que los sujetos obligados garanticen los derechos constitucionales de acceso a la información pública, transparencia, rendición de cuentas de los servidores públicos (y quienes reciban recursos del erario), se protejan los datos personales, y por ende se fortalezca la democracia.
Las atribuciones que tenía el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ahora las atenderá un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, denominado Transparencia para el Pueblo. Esas normas aplicarán a nivel federal, por lo que los estados tendrán su propio marco jurídico.
El decreto establece que el Poder Judicial de la Federación no deberá de exceder 120 días para habilitar juzgados de Distrito, al igual que Tribunales Colegiados de Circuito, especializados en transparencia y acceso a la información, mientras que los juicios de amparo en el rubro se suspenderán en un plazo de 180 días.
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública conserva muchas de las garantías ya conocidas de su norma antecesora: máxima publicidad, recursos de revisión, gratuidad, confidencialidad, plazos de respuesta, mayor número de sujetos obligados y sanciones para los reincidentes que no entreguen información. Permanencia y actualización de la Plataforma Nacional de Trasparencia, también.
Expertos advierten, sin embargo, que en la nueva norma se reserve información cuando el sujeto obligado considere que se afecte “la paz social” o en casos de proyectos prioritarios de infraestructura. Además cuestionan limitaciones para el ejercicio periodístico.
Los ciudadanos de este país ya cuentan con nuevas normas que garantizan sus derechos a saber y se protejan sus datos personales. Las limitaciones que impidan esas prerrogativas deberán ser eliminadas por el Poder Legislativo para el pleno goce de esas garantías.
