“Las agresiones verbales como físicas y los casos de discriminación no paran en contra de la población Trans, a este tipo de ataques se suman los dueños de diferentes propiedades inmobiliarias quienes muestran su rechazo a este sector vulnerable al negarse rentarles un espacio ya sea para negocio o como vivienda”.
Y de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022 del INEGI, en la cual queda claro que el 33.4% de la población no le rentaría una habitación a una persona trans, mientras que el 29.8% no lo haría a alguien con orientación sexual distinta a la heterosexual.
Lo anterior fue señalado por la diputada y Coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, Diana Sánchez Barrios quien agregó que la Ciudad de México se ha posicionado a nivel nacional “como un referente en la promoción y defensa de los derechos humanos, destacando su liderazgo en el reconocimiento y protección de la comunidad LGBTTTIQ+ , la Ciudad de México fue la primera en autorizar el matrimonio igualitario en 2009 y, en 2013 se declaró Ciudad Amigable con la Población LGBTTTIQ+”.
Por lo anterior, la primera representante popular trans presentó en tribuna una Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por el que se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaria de Vivienda del gobierno de la Ciudad de México, para que, se considere la inclusión de la población de la diversidad en razón de su condición de vulnerabilidad, como parte de la población objetivo en el programa de vivienda en conjunto.
Para apuntalar lo anterior, Sánchez Barrios agregó “los desafíos para garantizar plenamente los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+ persisten, así como la discriminación, los discursos de odio y la falta de acceso a servicios básicos, en este caso en particular, existen barreras concretas que impiden a las personas de dicha comunidad puedan acceder a una vivienda digna.
Desde tribuna insistió sobre la discriminación “según la “Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México, 2021” del COPRED, el 81.8% de los encuestados percibe discriminación hacia personas gays o lesbianas, mientras que el 29.6% de las personas LGBTTTIQ+ indicó haberla vivido en los últimos 12 meses.
Por lo anterior concluyo, la representante popular que las cifras anteriores evidencian que las personas de dicha población enfrentan discriminación generalizada, y que, a pesar de la amplia conciencia social sobre esta problemática, “los datos demuestran que la discriminación se manifiesta de diversas formas, desde la negación de acceso a una vivienda en renta, hasta la expulsión del hogar, ampliando la vulnerabilidad de este sector de la población.
Si bien, el acceso a un hogar o a una renta es un tema cada día más costoso para el común de los habitantes de esta Ciudad, la exclusión social se exacerba cuando a las personas de la comunidad se les niega una vivienda en renta debido a prejuicios relacionados con su identidad”.
Asimismo, señaló la diputada que el Gobierno de la Ciudad, “ha dado pasos firmes hacia la inclusión en el tema de vivienda, como el caso de la Secretaria de Vivienda de la Ciudad de México, con el “Programa de Vivienda en Conjunto”, en el cual, se otorga financiamiento a proyectos de vivienda, con cero intereses para grupos de poblaciones en condición de vulnerabilidad, como son los indígenas, adultos mayores, madres solteras, mujeres jefas de familia y personas con discapacidad.
Entonces, dijo, “en respuesta a esta problemática, resulta imperativo robustecer la política pública que garantiza el acceso a un hogar para la población de la diversidad sexual. Lo anterior, con el propósito de dar a conocer que a pesar de la violencia que viven, cuentan con un hogar, para sentirse seguros, y en el cual, puedan crecer, soñar y vivir en paz.
