- En una ciudad como la nuestra, la identidad no se construye desde escritorios; si desde la calle, en la plaza y en el barrio.
- La vida cultural de los barrios no puede depender del humor, la ideología o la voluntad política de quien gobierna en turno.
- La cultura popular no se tolera, se protege; no se controla, se acompaña; no se criminaliza, se reconoce en la ley.
“Hoy subo a esta tribuna para hablar de una práctica cultural que nació en los barrios, que se transmite de generación en generación y que ya fue reconocida oficialmente como patrimonio cultural inmaterial de esta ciudad, durante la gestión como Jefe de Gobierno de Martí Batres a propuesta de la Segunda Legislatura: Los Sonideros”.
“Cuando el Estado reconoce una expresión cultural como patrimonio vivo, no está haciendo un gesto simbólico, está asumiendo una responsabilidad concreta: crear condiciones para que esa práctica pueda seguir existiendo. Proteger no es solo declarar; proteger es garantizar. Garantizar reglas claras, trato digno y certeza jurídica para quienes sostienen esa cultura todos los días”.
Lo anterior fue declarado por la diputada y Coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, Diana Sánchez Barrios al presentar en tribuna el Proyecto de Decreto por el que se Reforma la Ley Orgánica de las alcaldías de la Ciudad de México en materia de Protección de las Expresiones Culturales Populares Urbanas Sonideros y otras.
Durante su lectura reconoció lo siguiente “Hoy tenemos una contradicción que no podemos seguir permitiendo. Por un lado, reconocemos el valor cultural de estas expresiones; por el otro, las seguimos tratando como si fueran un problema administrativo, sujetas a criterios discrecionales, a suspensiones arbitrarias o a decomisos que no distinguen entre una actividad comercial privada y una práctica cultural comunitaria”.
”Los sonideros no son solo música ni eventos aislados. Son memoria colectiva, redes de cuidado barrial, economía popular, espacios donde se encuentran familias completas, juventudes, personas mayores y comunidades enteras. En una ciudad como la nuestra, la identidad no se construye desde los escritorios; se construye en la calle, en la plaza y en el barrio”, agregó la diputada.
Además dijo que cuando se cancela sin reglas claras, se criminaliza sin distinguir, “no solo se apaga un sonido: se rompe tejido social, se vulneran derechos culturales y se profundiza la desconfianza entre autoridades y comunidad”.
De acuerdo a lo anterior recomendó que la ley no pueda seguir tratando estas expresiones como si fueran iguales a cualquier otro evento. No lo son. “No tienen la misma finalidad, no tienen la misma lógica y no producen los mismos efectos sociales. Aplicarles las mismas reglas pensadas para espectáculos comerciales es jurídicamente incorrecto y socialmente injusto. Lo que hoy proponemos no es quitar facultades a las alcaldías ni generar excepciones arbitrarias”.
Por lo tanto entonces propuso ordenar el ejercicio de la autoridad, así como establecer criterios objetivos y evitar que la vida cultural de los barrios dependa del humor, la ideología o la voluntad política de quien gobierna en turno. “Reglas claras significan menos conflicto, menos operativos punitivos y más certeza para todas y todos”.
Además, señaló que dicha iniciativa parte de una idea muy simple pero muy poderosa: “la cultura popular no se tolera, se protege; no se controla, se acompaña; no se criminaliza, se reconoce en la ley”.
Desde tribuna dejó en claro que la citada iniciativa consiste en reformar la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México para que las alcaldías tengan la obligación expresa de emitir y publicar lineamientos claros, públicos y no discrecionales para el otorgamiento de permisos relacionados con expresiones culturales reconocidas como patrimonio cultural inmaterial, como los sonideros, en coordinación con la Secretaría de Cultura.
Con ello se busca armonizar reconocimiento cultural con la actuación administrativa, evitar criterios arbitrarios, garantizar seguridad jurídica a las comunidades y asegurar que el ejercicio de estas prácticas culturales en el espacio público se realice con enfoque de derechos culturales, respeto a la identidad comunitaria y participación de quienes las sostienen, sin criminalización ni trato desigual frente a otros tipos de eventos.
