Las implicaciones de la desaparición del INAI
Principales, Transparencia

Las implicaciones de la desaparición del INAI

Manuel Tejeda Reyes

No terminó el año 2024 sin que el bloque mayoritario de legisladores cumpliera la amenaza previamente lanzada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de distintos organismos autónomos, mismos que en su mayoría se habían conformado durante las primeras dos décadas de este siglo, como parte de una concepción del Estado que buscaba limitar las atribuciones del Poder Ejecutivo, para poner tareas públicas concretas en manos de nuevas instituciones, que se dijo serían técnicas y estarían integradas por especialistas.

Me quiero referir en este texto al caso concreto de la extinción del INAI, principalmente porque estimo que no se han dimensionado adecuadamente cuáles son las implicaciones que su supresión nos va a acarrear como sociedad, y también porque entiendo que derivado de la contaminación que vicia nuestro debate público, se han privilegiado las anécdotas y los cuestionamientos sobre el comportamiento de algunos de sus integrantes, omitiéndose analizar la importancia de su función como órgano garante que fue del derecho a la información.

En la previa a la caída del INAI, se supo por informaciones de prensa que algunos de sus comisionados sostuvieron una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se entiende que para tratar de convencerla de que no se echara a andar la reforma supresora, pero como era de esperarse, en ese encuentro tuvo lugar una variante de la máxima del salinismo que dice: “Ni los veo ni los oigo”, porque en Gobernación sí vieron a los comisionados, también los oyeron, pero no atendieron ninguno de sus argumentos, y por lo tanto su esfuerzo fue inútil.

El organismo autónomo garante del derecho a la información desapareció, como previamente se había anticipado, lanzando por la borda los avances que se habían alcanzado en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.

Al desaparecer en el INAI, se perdió una conquista de la sociedad mexicana, misma que curiosamente, en su momento apoyaron legisladores y personajes de la izquierda partidista y social, quienes hoy ocupan relevantes posiciones públicas y que durante años dijeron que pelearían para que los mexicanos hiciéramos realidad el derecho a conocer qué hacen nuestros gobiernos, cómo lo hacen y cómo y en qué gastan los recursos públicos.

Si se hace una revisión de quiénes hicieron la defensa y promoción del derecho a la información y de cómo hacerlo efectivo, encontraremos que esa siempre fue una lucha de los grupos de izquierda, más que de aquellos que se identifican como de derecha, ello con independencia de que fue en el sexenio de Vicente Fox cuando se fundó el IFAI y que después, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, ese órgano se convirtió en INAI.

Cabe recordar que cuando surgió el entonces IFAI, se concibió como la autoridad en materia de acceso a la información pública, con competencia única y exclusiva para difundir actos de la Administración Pública Federal. Luego de la conversión del IFAI en INAI, esa institución se transformó en la autoridad en materia de acceso a la información con competencia para conocer de actos del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de los órganos constitucionales autónomos y también de los partidos políticos, además de algunos sindicatos.

Entonces, lo que hacía el INAI era darle sustancia a la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es decir, le garantizaba a la ciudadanía hacer efectivos los derechos constitucionales a tener acceso a todos los documentos gubernamentales posibles, o los de cualquier ente que usara recursos públicos, así como el derecho a la privacidad, que se materializaba en la protección de nuestros datos personales.

En estas circunstancias y por las competencias y las características de órgano especializado que tuvo y ejerció el INAI, creo que las atribuciones que poseyó y que después de la reforma le fueron otorgadas a la anteriormente denominada Secretaría de la Función Pública, hoy Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y a las contralorías internas de los otros poderes y órganos, son en realidad un despropósito y pienso que fueron ideadas para que no puedan asumir a cabalidad la responsabilidad de continuar siendo garantes del derecho a la información, como sí lo fue el INAI.

Y me explico. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y las contralorías tienen asignadas tareas muy específicas, mismas que están constreñidas a hacer auditorías para determinar si hubo o no irregularidades dentro de las actuaciones de los servidores públicos; difundir la obligatoriedad de hacer la declaración patrimonial y de intereses de los trabajadores gubernamentales y asegurarse de que todos, o el máximo posible, la rindan.

Además, recibir quejas y denuncias dirigidas en contra de los servidores públicos; hacer las investigaciones correspondientes; en su caso iniciar los procedimientos administrativos de responsabilidad, tramitarlos y cuando proceda, resolverlos, o bien remitirlos ante los tribunales administrativos para que sean ellos los que resuelvan, y litigar en contra de los servidores públicos a los que hayan sancionado, para sostener ante los tribunales la legalidad de las sanciones que hayan impuesto.

Ahora, con el personal limitado en tiempo y con excesivas cargas de trabajo, derivadas de las muchas responsabilidades que tienen a cuestas, quienes además no cuentan con la experiencia en el desarrollo del derecho a la información, probablemente lo que van a hacer será revisar las resoluciones o las respuestas que en primer término rindan los sujetos obligados a informar, dirigidas a los ciudadanos que pidan información.

Y después, en el mejor escenario y suponiendo que la propia Secretaría o las contralorías no tengan ningún tipo de conflicto de interés, cuando les quede tiempo y sus principales tareas se los permitan, podrán determinar que alguna reserva de información estuvo mal hecha; o que la autoridad tiene la obligación de encontrar alguna otra información que previamente haya declarado inexistente, porque pueden y deben hacerlo; o que la información declarada como confidencial no contiene datos de esa naturaleza y entonces ordenarán a las Secretarías, órganos desconcentrados, Cámaras legislativas, o a quien corresponda, que tienen la obligación de entregar la información que se les haya solicitado.

El problema es que ahora los sujetos obligados son juez y parte. Ni la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ni las contralorías tienen la autonomía necesaria ni la fuerza suficiente para ordenar que se haga pública información que el gobierno o los otros poderes y órganos no quieren que se conozca. Si en ocasiones no tienen la fuerza para llevar a procedimiento o para sancionar a los servidores públicos de alto nivel, lo cual es su tarea sustantiva, en estos casos tampoco veo factible que puedan ordenar que se le entregue al ciudadano solicitante información que desde el poder público se estime sensible y con potencial para generarle conflictos.

Y lo referido sólo aborda el tema del derecho de acceso a la información, pero falta analizar las implicaciones respecto de la protección de los datos personales. Para ello hay que recordar que el INAI protegía tanto los datos personales en posesión de particulares como los datos personales en poder del Estado.

En consecuencia, ahora debemos esperar que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y las contralorías cuiden el buen uso de nuestros datos personales y de nuestra privacidad respecto de los funcionarios públicos. No me lo creo y de hacerlo pecaría de inocente. Pero vamos a suponer que además de las muchas responsabilidades que ya tienen, la Secretaría y las contralorías sí lo van a hacer, aunque eso vaya contra su naturaleza. Correcto, pequemos de inocentes y digamos que sí, pero luego, ¿qué hacemos con los datos personales en poder de particulares?

Si pensamos en nuestros datos personales que tienen, de manera enunciativa y no limitativa, los bancos, los laboratorios, las tiendas departamentales, las tiendas de autoservicio, las empresas de telecomunicación; me pregunto si en efecto la Secretaría y las contralorías van a garantizar su secrecía o los van a dejar al garete. Y sabiendo cómo funcionan las cosas en el aparato público de este país, no veo a nadie en el horizonte que vaya a velar por cuidar nuestros datos personales cuando se trate, por ejemplo, de nuestra información en poder de instituciones bancarias, siendo que el Estado no puede regular ni siquiera lo que nos cobran a sus usuarios por comisiones.

En su afán y en su prisa por desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, desde el oficialismo se dejó de advertir que el INAI se había transformado, durante todos estos años en los que funcionó, en una institución importante y con tareas relevantes y diversas como para acabarla con un sólo decreto de abolición, siendo que ni la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ni las contralorías van a poder asumir todas esas nuevas responsabilidades.

Lo que creo que en realidad ocurrió fue que se desprotegió a los mexicanos al extinguir, sin medir las consecuencias, a la Institución que garantizaba que pudiéramos ejercer plenamente los derechos fundamentales de acceso a la información pública y de protección de datos personales. También creo que se tiró a la basura algo que se podía y se debía arreglar, porque no estaba roto ni era inservible.

También se tiró a la basura lo que se había logrado en los 22 años de tener vigente y de hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública. Y creo que es así porque una parte de la ciudadanía y del periodismo habían asumido como principio político básico que toda la información que está en poder de los gobernantes también es del público, y que por lo tanto las autoridades tenían la obligación de ponerla a la disposición de los ciudadanos cuando les fuera solicitada.

Me parece que ese principio, que había permeado en la sociedad interesada en los asuntos públicos, en el periodismo de investigación y en los grupos de académicos y especialistas que buscaban darle sustento a su trabajo, irá sucumbiendo. Ello obedece a que a todos los políticos que están en el poder, y en eso los gobernantes de Morena no son la excepción, les incomoda que les impongan la rendición de cuentas. De modo que ahora, con la extinción del INAI y con la centralización de la facultad de dar o no acceso a la información en las autoridades obligadas a brindarla, me atrevo a pronosticar que cada día se hará más complejo y con más trabas ejercer ese derecho, lo que desalentará su ejercicio.

Durante la época de los gobiernos emanados del PRI, fue imposible tener acceso a las contrataciones públicas, a los procesos de licitación, cuando éstos empezaron a tener lugar, a saber qué había comprado el gobierno y cuánto había costado; o a enterarse a quién se lo habían comprado y si lo comprado se había entregado en tiempo y con las especificaciones contratadas. Pero después del surgimiento del IFAI y a partir de que se empezó a hacer efectivo el derecho de acceso a la información, una parte de la sociedad mexicana nos habíamos acostumbrado a tenerlo y a poder ejercerlo. Después de las reformas que en este tema generó la mayoría en los Congresos del país, acceder a la información pública se volverá mucho más difícil por lo costoso, lento y, por tanto, complicado para la ciudadanía.

Y la sociedad mexicana también va a perder. Gracias al periodismo de investigación y a periodistas profesionales, valerosos y capaces, fue que pudimos saber de casos hoy emblemáticos como la Casa Blanca de Peña Nieto, las corruptelas y complicidades de la empresa Odebrecht, o la Estafa Maestra. Saber de todo ello habría sido imposible sin el derecho de acceso a la Información, que se pudo democratizar y propició incluso un cambio cultural que impulsó a documentar y denunciar los abusos de poder, los actos de corrupción y las arbitrariedades y excesos en el uso del presupuesto público.

Desde la óptica del gobierno se supone que la sociedad mexicana va a ganar con la desaparición del INAI, porque nos ahorraremos alrededor de mil millones de pesos, que se supone que es lo que costaba anualmente su funcionamiento, pero creo que la austeridad fue un pretexto muy mal planteado y una cobertura absurda, porque desaparecer al INAI significó ir en contra de dos derechos fundamentales: el derecho de acceso a la información pública (contenido en el artículo sexto constitucional)así como el derecho a la privacidad (plasmado en el artículo 16) y vulnerar el contenido del artículo primero constitucional, que a partir de la reforma del año 2011 establece que las autoridades mexicanas deben implementar los derechos fundamentales en un orden de progresividad, lo que quiere decir que nos pueden dar más derechos y ampliar los existentes, pero no pueden darnos menos, y lo que implicó la reforma que suprimió el INAI fue que coartó el derechos de acceso a la información pública y el derecho a la privacidad, que implica la protección de datos personales.

La supresión del INAI fue grave porque genera una situación crítica que atenta contra los derechos constitucionales de los gobernados y me parece que constituye una traición a una lucha de que fue de la izquierda.

Otra de las “razones” que se esgrimieron para extinguir al INAI fue la difusión de la conducta impropia y abusiva de algunos de los integrantes del pleno del Instituto, que si bien contribuyeron al deterioro de la imagen pública del organismo y que permitió recordar la tristemente célebre historia relacionada con el uso de una tarjeta de crédito corporativa del INAI en un “table dance”, al cual supuestamente acudió el último comisionado presidente del organismo, aunado a los clásicos cargos de que el INAI era parte del programa neoliberal, a mí me parece que lo cierto es que esas imputaciones no necesariamente significan que las reformas que crearon una institución que dotaba de cuerpo a un derecho establecido en la Constitución, mismo que pudo ejercerse con amplitud con posterioridad al largo periodo del autoritarismo presidencial priista, justifiquen ahora su desaparición.

Desde mi perspectiva, la reforma que propuso el expresidente López Obrador, misma que hizo suya durante la campaña la actual presidenta Sheinbaum y que aprobó el constituyente permanente de mayoría oficialista, es una de las reformas más regresivas para los derechos a la información y protección de datos personales en la historia de la democracia en México.

* Abogado y analista político

4 de febrero de 2025