Primavera Téllez Girón García*
En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa se presentó de forma oficial en México, la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF) 2026, en la Cámara de Diputados, con el apoyo de la legisladora por Estado de México, Gabriela Valdepeñas González, el 7 de mayo.
La puntuación del conjunto de 180 países del mundo que integran el informe nunca ha sido tan baja. Más de la mitad de los países se encuentran en una situación “difícil” o “muy grave” por primera vez en los 25 años de historia de la Clasificación. De los cinco indicadores que miden el estado de la libertad de prensa en el mundo (político, legal, económico, social, seguridad de los periodistas), el que puntúa el marco legal es el que más ha bajado este año.
Grave situación de la libertad de prensa en el mundo
La Clasificación Mundial fue presentada en la Cámara de Diputados, en donde en videoconferencia participó desde Río de Janeiro, Artur Romeu, director para América Latina de RSF, en donde consideró que la situación de la libertad de prensa en el mundo se ha agravado, así lo demuestra el informe: “tenemos el peor índice en la historia, del promedio global de todos los países sumados, desde el 2002, cuando se publicó la primera edición. Las condiciones para ejercer el periodismo, nunca han sido tan complejas, peligrosas, difíciles y es resultado de un conjunto de factores que tienen que ver con el crecimiento del autoritarismo en el mundo”.
En su oportunidad Primavera Téllez Girón, coordinadora de la Red por la Libertad de Expresión Contra la Violencia a Comunicadores dijo que cuando hay una situación de guerra, como la que se padece en varios lugares del planeta, quienes están en la primera línea arriesgándose para poder informarnos de lo que sucede son las personas periodistas. Y es que en la Clasificación Mundial presentada por RSF, se recuerda que en Gaza 220 comunicadores han sido asesinados.
En el caso de América Latina, Romeu informó que hay ejemplos de autoritarismo: Nicaragua y El Salvador. Además, en algunas democracias del mundo prevalecen los discursos de odio contra periodistas al señalarlos como enemigos públicos. “En Argentina el presidente Javier Milei, cada que va a sus redes sociales afirma que el problema es que no odiamos suficientemente a los periodistas”, advirtió.
De acuerdo con el director de RSF, promover discursos hostiles en contra de la prensa, no solo es una violencia simbólica, sino que tiene repercusiones en el conjunto de la sociedad, en la medida en que alimenta la desconfianza de la ciudadanía y la sociedad hacia los medios.
Es necesario mejorar los mecanismos e instancias de protección a periodistas
La situación de México según los datos de la Clasificación, de acuerdo con el director para América Latina de RSF “sigue siendo sumamente trágica en materia de garantías de seguridad para la prensa”. Reconoció que el Estado mexicano ha desarrollado en los últimos 10 o más años, estructuras para responder a ese reto, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y otras estructuras locales de mecanismos de protección en estados del país. Sin embargo, dijo: “desafortunadamente la estructura que se ha montado hasta ahora para responder a esta situación dramática no ha sido suficiente”. Insistió en señalar que este no es un problema de hoy, sino que es un problema estructural que al menos existe desde el 2010”, por lo que es importante revertir la situación, ya que México sigue siendo el país con el mayor número de periodistas asesinados en todo el continente americano.
Para la diputada Gabriela Valdepeñas (Morena), promotora y ponente durante la Clasificación Mundial, recordó que en México tuvieron que pasar “décadas de luchas sociales que han contribuido a ampliar las libertades y a consolidar espacios de participación y expresión en la vida democrática del país. Entre estas, la defensa de los derechos a comunicar y el acceso a la información pública que derivaron en la creación y continuidad de mecanismos de protección a personas periodistas y defensores de derechos humanos, instituciones a nivel federal y estatal, pese a enfrentar retos para el mejoramiento de sus funciones”.
Mencionó que coexisten desafíos estructurales, particularmente en materia de seguridad. “Estamos clarísimos de este reto que enfrentamos, además de que la evolución de la libertad de expresión en México no es lineal”, agregó. También reconoció la responsabilidad acumulada de los distintos órdenes de gobierno que se torna indispensable para mejorar las condiciones del ejercicio periodístico y mencionó que las puertas de la Casa del Pueblo, que es la Cámara de Diputados permanecerán abiertas de manera constante para el diálogo permanente, el análisis crítico y la búsqueda de soluciones en materia de libertad de expresión, tal como lo establece la Constitución.
También participante en esta presentación, Balbina Flores Martínez, representante en México de RSF, insistió en que las personas periodistas “siguen careciendo de acciones inmediatas para garantizar su seguridad, sobre todo de quienes se encuentran en las localidades más alejadas del país, donde el crimen organizado sigue teniendo el control casi absoluto de esas zonas. Además de que los periodistas enfrentan condiciones graves de precariedad laboral y están bajo la amenaza constante (de que) sus comunidades se conviertan en ‘zonas de silencio’ en municipios de: Guerrero, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Veracruz, Oaxaca, Morelos y Chiapas”.
Acerca de este tema, y también en videoconferencia, Luis Miguel Carriedo, comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM) recomendó que los mecanismos de protección deben ser reactivos y preventivos. Ya que la prevención es una medida fundamental de protección.
Téllez Girón mencionó que es necesario que los mecanismos de protección cuenten con mayores presupuestos y que puedan tener una mejor relación de trabajo directo con fiscalías y distintas instancias del Estado. Anunció que han estado colaborando en un estudio inédito, de forma conjunta, universidades, personas académicas y periodistas, con funcionarios públicos, que integran la Red Nacional de Mecanismos de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (REDPRO) fundada en 2024 por iniciativa de las instituciones de protección del Estado de México (Luis Miguel Carriedo), Sinaloa (Jhenny Bernal) y Veracruz (Israel Hernández), que ya agrupa a 15 instancias de protección del país.
Acerca del mismo tema, Carriedo Téllez dijo que en México se realiza un trabajo muy importante para garantizar instrumentos ágiles y efectivos que permitan, reaccionar y prevenir situaciones de riesgo de personas periodistas y defensoras de derechos humanos, tanto en el nivel estatal como a federal.
Necesario cumplir compromisos firmados por la Presidenta Sheinbaum
Para poder avanzar y lograr garantizar la libertad de prensa en México, Artur Romeu recordó también que es fundamental que se cumplan los compromisos firmados, desde la campaña electoral en 2024 por la Presidenta Claudia Sheinbaum, en carta redactada y presentada por su organización. La carta establece un plan gubernamental de cinco puntos estratégicos y 22 acciones, para que México deje de ser el país más peligroso del mundo, sin conflicto bélico, para las personas periodistas.
Los cinco puntos son: priorizar la defensa del derecho a la información y del periodismo; garantizar protección integral para periodistas; combatir la impunidad en coordinación con fiscalías y el Poder Judicial; desarrollar políticas para atender las zonas de alto riesgo para la prensa y promover legislaciones que garanticen el ejercicio periodístico.
Entre las 22 acciones destacan: rechazar públicamente la violencia contra periodistas y comunicadores; promover la cultura de paz; el acceso a la información pública; la ley de transparencia y el acceso de periodistas a fuentes de información; atención integral urgente para periodistas desplazados y sus familias por parte de autoridades estatales; revisar el funcionamiento del Mecanismo Federal de Protección; crear un sistema permanente para la evaluación de su política pública; promover el fortalecimiento de la labor de fiscalías federal y locales; impulsar ante el Poder Legislativo reformas a la Ley Federal de Protección a Periodistas y Defensores y; coordinar iniciativas con los estados para promover cambios en los delitos contra el honor.
Además, Romeu insistió en que en el informe de la Clasificación Mundial “la situación de la libertad de prensa, no se trata de una evaluación de qué tan bien o mal se comporta un gobierno específicamente, (sino que) se trata de mirar las condiciones estructurales, económicas, sociales que dan la posibilidad a los y las periodistas y los medios para ejercer libremente esa actividad. El ejercicio libre del periodismo significa una mejor calidad de salud democrática”.
Balbina Flores señaló que “aunque las acciones tengan buena voluntad de seguir fortaleciendo la libertad de prensa y de expresión, las realidades a veces nos superan. “En lo que va de la actual administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, 12 periodistas en México han sido asesinados. Solo uno de ellos se encontraba bajo protección”, recordó. Destacó que “periodistas locales que cubren temas de seguridad, corrupción, crimen organizado, violaciones a derechos humanos son los que se encuentran más expuestos a la violencia, tanto del crimen organizado como de autoridades locales o en colusión con estas”.
Aumenta el acoso judicial contra periodistas
Otra situación preocupante, de acuerdo con Flores, es que desde 2025 se han incrementado las demandas y el acoso judicial de personas funcionarias públicas y actores políticos en contra de periodistas. El daño moral y los llamados delitos del honor que lamentablemente siguen vigentes en México, se usan para censurar a periodistas y frenar investigaciones incómodas.
Subrayó que dicha estrategia busca el desgaste económico y emocional de periodistas provocando autocensura, aunado al aumento de las denuncias por parte de funcionarias públicas con el pretexto de “violencia política en razón de género” en contra de periodistas críticos. “Entre 2025 y 2026, al menos 84 periodistas han sido sancionados” tal es el caso de Radio Teocelo, una radio comunitaria en Veracruz que, hasta la fecha, sigue luchando en contra de una serie de juicios ante los tribunales por la demanda de una excandidata a presidenta municipal de Teocelo. Además, recordó la corresponsal en México de RSF, esa candidata también demandó a 51 medios de comunicación incluida la Revista Zócalo, lo cual es preocupante.
Lo anterior se suma a la impunidad que permanece respecto a la investigación de personas periodistas asesinadas y desaparecidas, que en más del 90% de los casos permanecen sin resolverse.
Precarización laboral y legislación que inhibe la libertad de prensa
El tema de la legislación en México y en el mundo para proteger libertades informativas, ya que la Clasificación de RSF se presentó en la Cámara de Diputados, Téllez Girón destacó que, en el indicador legal, que evalúa el entorno jurídico en donde trabajan personas periodistas coloca a México por debajo de lo reportado el año pasado al ubicarse en el lugar 95 de los 180 a nivel mundial, muy lejos de primer puesto, con una evaluación de 57.26 sobre 100 puntos. En 2025 México se encontraba en el lugar 91 de 180, con una evaluación de 60.88 sobre 100 puntos, por lo que la situación ha empeorado.
También destacó la importancia de garantizar la libertad de prensa a través del diseño de marcos legales a nivel federal y en los estados de la República que garanticen derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la información, consensuados con el gremio periodístico, la academia y quienes se interesan por estos temas. Señaló que es muy importante que “podamos aprender de forma conjunta, personas legisladoras, periodistas y académicas, cuáles son las leyes de vanguardia a nivel mundial y los estándares internacionales, para evitar que se aprueben desde los congresos o se mantengan, algunos instrumentos legales que inhiben derechos fundamentales, tanto a nivel federal como a nivel local”.
De acuerdo con el comisionado Carriedo, uno de los elementos importantes que destaca el informe de RSF es identificar que en América Latina y en diversas partes del mundo hay ciertos tipos penales que inhiben la libertad de expresión, ya que persiguen como delitos y con penas desproporcionadas, la crítica o alguna publicación incómoda en contra de instancias gubernamentales o personas funcionarias públicas. Por eso es fundamental el trabajo de prevención de los mecanismos de protección y que se nutran de estos informes.
Como ejemplo, compartió como un avance, que apenas el año pasado (2025) el gobierno del Estado de México, que encabeza Delfina Gómez logró publicar un decreto para derogar el delito de ultraje (ofensas a una institución o persona funcionaria pública), que se encontraba vigente y que propiciaba detenciones, así como la inhibición a la libertad de expresión, pese a que desde 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declaró como inconstitucional, además de que se había reconocido como una amenaza, por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos desde 1995.
Finalmente, el comisionado de la CEAVEM subrayó que toman “con mucho respeto y seriedad cualquier diagnóstico y postura con perspectiva comparada, para poder identificar situaciones, actuar de manera oportuna y empática, pero sobre todo eficaz, porque los tiempos de hoy son tiempos que no permiten dar paso atrás o renunciar a derechos humanos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho a la información. El periodismo libre debe normalizarse y tener condiciones para ello. Por eso, quienes estamos en instituciones públicas destinadas a proteger a periodistas, a personas defensoras, a víctimas, tenemos el compromiso de mirar íntegramente, nutrirnos de diagnósticos, críticas, denuncias y actuar de manera coordinada fortaleciendo estos modelos de articulación integral: con las fiscalías y con las instancias de seguridad”.
*Coordinadora de la Red por la Libertad de Expresión Contra la Violencia a Comunicadores
