El 18 de abril de 2023 esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 98VG/2023 sobre casos de violaciones graves a derechos humanos a la libertad, a la seguridad jurídica, a la integridad personal, al trato digno, por actos de detención ilegal, retención ilegal y actos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, así como al derecho a la verdad y al interés superior de la niñez, durante el periodo de violencia política del Estado entre 1965 y 1990. En ella se acreditó a 814 víctimas y contiene un total de 92 puntos recomendatorios dirigidos a 14 autoridades federales, relacionados con los derechos a la justicia, la verdad, la memoria, la reparación y la no repetición.
A la fecha, la recomendación ha sido aceptada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); la Fiscalía General de la República (FGR); la Subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación; la Comisión Presidencial para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (COVEDH); la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); el Centro Nacional de Inteligencia (CNI); el Archivo General de la Nación (AGN); el Gobierno Constitucional del estado de Guerrero; así como las Cámaras de Diputados y Senadores, quienes se encuentran dando respuesta parcial a los puntos recomendatorios.
La Universidad Nacional Autónoma de México está pendiente de aceptar la recomendación; y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aun cuando no se ha negado a aceptarla, ha manifestado imposibilidad jurídica y material para efectuar un pronunciamiento, toda vez que el reto que presupuestariamente implica el cumplimiento de las reparaciones económicas es enorme y es preciso organizarlas. Sin embargo, en un esfuerzo concertado entre la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la COVEDH, la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, y la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado Durante el Pasado Reciente de esta Comisión Nacional, se mantienen mesas de trabajo para construir la ruta del cumplimiento por parte de todas las autoridades del gobierno federal.
Gracias a eso, se está trabajando con la COVEDH y con la CEAV, quienes están formulando un plan de plazos de cumplimiento, con grandes avances, entre los que destacan la aprobación por el pleno de la Comisión Presidencial, el pasado día 15 de agosto, del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la implementación temporal del Programa Especial de Reparación Integral y Compensación, un instrumento jurídico orientado a simplificar las solicitudes de reparación integral y compensación a las víctimas del periodo que abarca el mandato de la COVEDH. Cabe señalar que esta propuesta busca satisfacer una de las principales necesidades planteadas por sobrevivientes y colectivos. De tal suerte que, quienes así lo decidan y cumplan con los requisitos, podrán optar por este procedimiento simplificado sin afectar su derecho a elegir también el procedimiento ordinario de reparación integral, de acuerdo con la Ley General de Víctimas.
Es de destacar, también, que la CEAV prevé asignar, y esto lo ha incluido en su proyecto de presupuesto para 2024, el 68% de sus erogaciones para el cumplimiento de los compromisos de la COVEDH y de aquellos derivados de la Recomendación 98VG/2023.
Por lo que respecta a la deuda quizá más sensible, la de la justicia, se ha venido insistiendo tanto con las autoridades del AGN como del CNI, a efecto de identificar y rescatar la totalidad de sus archivos para aperturarlos, una de las recomendaciones ya reiteradas por la CNDH, toda vez que formaron parte de la Recomendación General 46/2022. Y se trabaja con la FGR para la reapertura de carpetas de investigación, algunas que datan de más de 30 años y otras archivadas después del fallido intento de la FEMOSPP. Y también para la apertura de nuevas investigaciones que permitan avanzar en ellas y agotarlas en la medida de poder esclarecer los hechos.
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) son los únicos, hasta ahora, que han manifestado su negativa de aceptación, y llama la atención, toda vez que los puntos recomendatorios que los obligarían plantean viejas demandas de la comunidad estudiantil: como medida de no repetición, que se garantice la protección de datos personales, a efecto de evitar su utilización con fines de espionaje o represión por parte del Estado, y sus agentes. Abstenerse de realizar la desaparición de historiales académicos o registros administrativos escolares como sanción a sus estudiantes por su participación o militancia política. Y como medida de memoria, en el caso del IPN, se restituyan a sus familiares los expedientes escolares de las personas señaladas en la recomendación como víctimas de desaparición forzada y se den a conocer a través de un acto público como personas desaparecidas pertenecientes a la comunidad politécnica.
Es preciso mencionar que, en lo referente a la atención a las víctimas y a sus familiares, desde la CNDH se han instrumentado diversas acciones para realizar las notificaciones correspondientes con el objeto de hacer de su conocimiento el seguimiento de la recomendación, así como para ofrecerles orientación y asistencia para los trámites relacionados con su inscripción en el Registro Nacional de Victimas ante la CEAV, tomando en cuenta que existen víctimas que ya han sido reparadas, otras que cuentan con su Registro y no han sido reparadas, y otras más sin el registro, que requieren asistencia.
Al respecto, la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos y la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado Durante el Pasado Reciente de la CNDH, seguirá con el encargo de trabajar de manera conjunta en el seguimiento con las autoridades recomendadas.
Siendo, como lo es, una deuda histórica de muchos años, con víctimas que han visto aplazados sus esfuerzos de justicia y reparación; pero también un ejercicio que reclama esfuerzos extraordinarios, este organismo autónomo reconoce la voluntad política de las diversas autoridades federales, y del Gobierno del estado de Guerrero, para llevar a cabo las acciones necesarias para el resarcimiento del daño causado a las víctimas y a la sociedad en general; y manifiesta su voluntad de privilegiar el diálogo, la coordinación y los acuerdos necesarios hasta el total cumplimiento de la Recomendación 98VG/2023.
¡Defendemos el Pueblo!
