El gobierno federal anunció una inversión histórica de 5.6 billones de pesos en infraestructura para el periodo 2026-2030. Este es el mayor programa de este tipo planteado en el sexenio.
El plan se integra al Plan México y combina recursos públicos con esquemas de inversión mixta. Su objetivo es detonar obra, empleo y crecimiento a gran escala.
La estrategia responde al estancamiento económico de 2025, cuando el PIB creció apenas entre 0.5 y 0.7%. Por ello, el Ejecutivo busca revertir la desaceleración y sentar bases para una recuperación sostenida a partir de 2026.
Según estimaciones oficiales, el programa podría aumentar entre uno y dos puntos porcentuales el PIB anual. Por lo tanto, se espera que el crecimiento promedio del sexenio alcance niveles de 3 a 4%. Además, se proyecta la creación de dos a tres millones de empleos directos e indirectos, principalmente en construcción, transporte y cadenas de proveeduría asociadas.
La inversión se distribuirá en ocho sectores estratégicos de la siguiente manera:
- Energía: 54%
- Trenes: 16%
- Carreteras: 14%
- Puertos: 6%
- Salud: 6%
- Agua: 3%
- Educación: 0.5%
- Otros: 0.5%
El programa comenzará de inmediato en 2026, con una inversión adicional de 722 mil millones de pesos. Esto equivale a 1.9% del PIB. Con esto, el gasto total en infraestructura de ese año alcanzaría cerca del 2.5% del PIB, lo que representa una señal clara de aceleración económica a corto plazo.
La ejecución se realizará mediante esquemas público-privados. Sin embargo, el Estado tendrá participación mayoritaria. Además, las licitaciones exigirán al menos 65% de contenido nacional. De hecho, este modelo busca fortalecer la industria local y mantener control estratégico sobre los proyectos.
La cartera final se definió tras analizar más de 1,500 proyectos federales. Por ejemplo, se seleccionaron aquellos con mayor impacto regional, generación de empleo y contribución a la integración territorial. Asimismo, se priorizaron corredores estratégicos y zonas históricamente rezagadas.
Aunque con menor proporción del presupuesto, el plan también incluye infraestructura social. Esto significa que habrá hospitales, sistemas de agua potable y saneamiento, y proyectos educativos en regiones marginadas. En línea con ello, se busca cumplir con el objetivo de justicia social del gobierno.
Para coordinar y dar seguimiento al programa, la Secretaría de Hacienda implementará un nuevo esquema de planeación estratégica. Así, se garantizará transparencia, ejecución ordenada y cumplimiento de metas hasta 2030. Finalmente, la intención es consolidar la infraestructura como eje central de la política económica del sexenio.
Gilberto Solorza
