Recientes resoluciones judiciales enderezadas en contra de periodistas y medios de comunicación en Campeche, Veracruz y Guerrero reaniman el debate por la libertad de prensa, la impartición de justicia y la deontología periodística. Comunicadores y sus medios en esas entidades fueron acusados por funcionarios públicos y políticos por presunta violencia política de género, daño moral y difamación. Casos donde jueces resolvieron con sentencias severas, preocupantes, sin antecedentes.
A mediados de julio, la jueza de Control interina de Campeche, Ana Maribel de Atocha Huitz May, dictó como “medida cautelar” que un “censor o interventor judicial” ¡revisara y aprobara cada publicación! del periodista Jorge González Valdez, cuando publicara información relacionada con la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.
No se tienen antecedentes, en resoluciones judiciales contra periodistas, que a un comunicador se aplicara como “medida cautelar” a un “censor o interventor judicial”.
Previamente, la jueza Guadalupe Beatriz Martínez Taboada ordenó a Jorge González y al portal electrónico Tribuna Campeche ¡suspender sus actividades informativas durante dos años! Otra resolución inconcebible. Acerca de ese caso, el 9 de julio el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación ordenó “la suspensión provisional” de las medidas cautelares.
Un caso más. El Tribunal Electoral de Guerrero sentenció al periodista Jesús Gabriel Castañeda Arellano del informativo AcapulcoTrends a pagar una multa por 22 mil pesos y publicar un extracto de la sentencia en su contra; además de una disculpa pública y a tomar un curso para prevenir “violencia política de género”, que en opinión de esa instancia jurisdiccional ocasionó en contra de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez.
En junio se conocieron demandas por “violencia política de género” en contra de funcionarios públicos cometidas presuntamente por periodistas en Veracruz, una de ellas en contra de la emisora comunitaria Radio Teocelo.
Estos casos exhiben la rudeza con la que jueces resolvieron las demandas, lo que lleva a considerar que las “medidas cautelares” y las sentencias fueron complacientes con las autoridades políticas de Campeche y Guerrero.
La deontología periodística obliga a los comunicadores y medios a ceñirse a la veracidad y comprobar datos y pruebas para poder publicar información. ¿Los colegas sancionados y amedrentados dieron pretextos a los funcionarios para que éstos los demandaran y los jueces resolvieran a favor de la gobernadora Sansores y la alcaldesa López? Se percibe en las juezas mencionadas, una intención de censurar y amedrentar a los comunicadores y al gremio periodístico en lo general.
Los funcionarios públicos no pueden utilizar sus cargos para presionar a los periodistas, ni los jueces excederse en sus resoluciones inventando “censores” o prohibiendo ejercer la libertad de expresión. Los comunicadores estamos obligados a cumplir con la deontología periodística y comprobar la información y los datos que publicamos.
